Las principales son las que se refieren a la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, que es una de las promesas electorales estrellas del PSOE y eje fundamental de las compensaciones exigidas por las comunidades autónomas en la mesa de negociación del nuevo sistema de financiación, que pueden ascender a, algo más de mil doscientos millones de euros. Esta medida, según las estimaciones de Hacienda beneficiará a alrededor de un millón de contribuyentes y tendrá efectos retroactivos al 1 de enero de este año. El Consejo de Ministros tiene prevista su aprobación para hoy mismo.
Además, en la mesa de Moncloa se va a proponer también la aprobación de algunas novedades en el Impuesto sobre Sociedades y el IVA. Estos cambios afectarán fundamentalmente a los ajustes necesarios para adaptar la tributación sobre los beneficios empresariales a las nuevas contables Entre otras medidas se mejorará la adaptación terminológica, que ha modificado sustancialmente el Plan General de Contabilidad, aclarando las diferencias que plantean el nuevo concepto de precio razonable frente al de precio de mercado. Por citar uno de los ejemplos más sencillos de explicar.
De esta forma, se tratan de salvar los principales escollos que hacían difícil llevar a cabo el régimen transitorio para la aplicación del nuevo plan contable.
Estas medidas son complementarias de las que ya se aprobaron durante el pasado mes de abril, pero que habían dejado bastante insatisfechos a los expertos en contabilidad y a los empresarios que tienen que aplicar las nuevas normas. Entonces, el Gobierno aprobó un decreto para alargar el plazo de presentación del primer pago a cuenta del Impuesto de Sociedades y permitir que todas las compañías pudieran realizar estos pagos en función de los resultados de la empresa del año 2006, último presentado en este momento, o si se tenían en cuenta los beneficios del año en curso, se podían calcular con el nuevo plan contable o con el antiguo. De este modo, asegura Hacienda, se pretende garantizar la prometida neutralidad fiscal en este año, y además se ganaba tiempo para ultimar las reformas que hoy se van a estudiar en Consejo de Ministros.
Para más adelante queda, sin embargo, otra normativa que tiene que venir a aclarar las lagunas existentes en la tributación de las empresas para justificar que han aplicado un precio de mercado a las operaciones vinculadas o, lo que es lo mismo, a los intercambios de bienes y servicios entre una empresa matriz y sus filiales,
La norma obligará a tener esa información a disposición de Hacienda por si la reclama durante un periodo máximo de cuatro años. Algunas pymes que realizan este tipo de operaciones intragrupo temen la carga administrativa que ello supondrá, aunque se sabe que existirá una versión menos estricta para las empresas pequeñas.
Las novedades fiscales del Gobierno no serán solo de carácter fiscal. Las laborales ocuparán también un importante espacio estelar en la actividad del Gobierno, aunque las propuestas tendrán que ser consensuadas con los interlocutores lo que les dará un sesgo de mayor lentitud que las tributarias.
El Gobierno piensa plantear el fomento los contratos indefinidos y de larga duración, pero con una indemnización por despido improcedente de 30 días por año trabajado, frente a los 45 días de la legislación vigente, en el caso de despidos individuales sin causas objetivas.
Además, se quiere plantear que las pequeñas y medianas empresas que tengan comprometida una parte de su plantilla al cumplimiento de un contrato con un tercero, bien mediante subcontratas o por contratación por outsourcing, puedan desprenderse de los contratados con indemnización y garantías generosas de cobertura por desempleo y ayudas al reciclaje profesional o a la formación.
El Gobierno, por fin, ha decidido pasar a la acción y comenzar a mover el Parlamento con grandes proyectos legales. Lo que hace falta es que estas medidas sirvan como motor para superar "las dificultades coyunturales" que actualmente atravesamos (en el argot gubernamental), conocidas popularmente como crisis económica.