La fiscalidad vasca, más cerca de las prerrogativas de un Estado comunitario

· Las co­mu­ni­dades au­tó­nomas li­mí­trofes de­berán cam­biar sus es­tra­te­gias para hacer frente a la com­pe­tencia fiscal de los te­rri­to­rios fo­rales

Las cosas han cam­biado para el sis­tema fiscal es­pañol. El in­forme pre­li­minar de la abo­gada ge­neral del Tribunal de la Unión Europea de Luxemburgo, Juliane Kokott, con­si­dera que las ha­ciendas fo­rales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa tienen su­fi­ciente au­to­nomía para dictar normas fis­cales pro­pias. Las con­clu­siones de la abo­gada ge­neral ra­ti­fican que la co­no­cida como sen­tencia de las Azores puede ser apli­cable al Concierto Vasco, tal y como de­fen­dieron los re­pre­sen­tantes vascos y la Abogacía del Estado hace cuatro meses en las vistas pre­li­mi­nares del Tribunal de Luxemburgo. Es ne­ce­sario re­cordar que la Comisión Europea está en contra de las co­no­cidas como ‘vacaciones vas­cas’ al con­si­derar que se trata de ayudas es­ta­tales para que las em­presas se si­túen en su te­rri­torio en lugar de ha­cerlo en el resto del Estado es­pañol. Se trata para Bruselas de una com­pe­tencia tri­bu­ta­ria, que lleva com­ba­tiendo años entre los pro­pios Estados so­cios de la Unión Europea y con mayor fuerza cuando se trata de te­rri­to­rios per­te­ne­cientes a al­guno de estos Estados.

Las ‘vacaciones vascas' consisten en una serie de medidas tributarias adoptadas por el Gobierno vasco y las Diputaciones Forales para hacer más atractiva la instalación de las empresas en sus territorios. El Tribunal Supremo español ya ha fallado con anterioridad en contra de unas medidas similares y las empresas beneficiadas han tenido que devolver el dinero.

No obstante, la decisión no es firme por dos razones: de una parte, porque quien ha dado la razón a la fiscalidad vasca es la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Kokott, por lo que aún hay que estar a la espera de lo hagan los jueces del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sin embargo, la estadística nos revela que más del 95 por ciento de las decisiones de los abogados generales son ratificadas por los jueces.

Y, además, estamos ante una decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que será quien tenga que decidir sobre el asunto. En buena ley,  todo apunta a que cumplirá los criterios comunitarios. Claro que también sería posible que las instituciones que han planteado este asunto judicial desde La Rioja pudieran retirar sus demandas para impedir una sentencia firma el respecto y dejar libertad de actuación a los jueces españoles. Aunque se plantean serias dudas sobre si, a pesar de esta posible actuación, los magistrados ignorarían el informe de la abogada general.

El litigio se centra en definir si las ayudas concedidas a las empresas eran de carácter selectivo o generales, si eran ayudas al actividad de las sociedades o sólo un fomento a la inversión, y si estamos ante ayudas estatales a las empresas, cuestión, esta última que la abogada general ha dejado sin respuesta para que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia sean quienes respondan al respecto.

Kokot considera fundamental que el País Vasco asuma las consecuencias económicas de la merma de recaudación que pueda derivarse de las regulaciones más favorables que difieran de la normativa del Estado, ya que mantiene que para negar la autonomía económica de un ente infraestatal, no basta con comprobar que existe una transferencia de fondos desde el Estado a las entidades infraestatales, sino que, además, debe existir una relación entre tales flujos económicos y la normativa tributaria infraestatal. Esta es la misma doctrina de la sentencia de Las Azores.

Ahora, la Justicia europea y la española deberán considerar si han existido compensaciones estatales por las mermas de tributación. En el caso de las Azores se llegó a la conclusión de que sí habían existido y, por tanto, los empresarios tuvieron que devolver las deducciones que se aplicaron.

La importancia real de la opinión aportada por la abogada general es que marca los límites por los que la fiscalidad vasca debe de moverse a partir de ahora para no tener más problemas frente a Bruselas. Las comunidades autónomas limítrofes deberán cambiar sus estrategias para hacer frente a la competencia fiscal de los territorios forales.

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