Los municipios españoles quieren que el dinero que perciben de las comunidades autónomas por los servicios que prestan y que no son de sus competencias puras, reciben un tratamiento presupuestario anual y no se sigan considerando prestaciones prácticamente graciables por parte de los gobiernos autonómicos. La FEMP cifra en 7.000 millones de euros anuales lo que deben las autonomías a los municipios por sufragar «servicios impropios»
También demandan ingresos que les permitan atender los nuevos servicios adoptados como consecuencia de las numerosas leyes de carácter social que han entrado en vigor en los últimos años, tales como las derivadas de la Ley de Dependencia, ayuda a la juventud o violencia machista, por poner algunos ejemplos. Los ayuntamientos estiman que gastan en servicios de competencia estatal un 30% más' de lo que reciben del Estado.
El problema se agrava, además, en el caso de los municipios pequeños con estacionalidad a causa del empleo de segundas viviendas, ya que los recursos se otorgan en un 75 por ciento en función del padrón municipal, mientras que prestan multiplican el número de habitantes exponencialmente en las fechas de temporada alta.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha querido escenificar la desesperación de los municipios para afrontar estos nuevos servicios, que han llegado con unas arcas vacías por la situación económica y la crisis inmobiliaria. La edil ha pedido públicamente a los ayuntamientos españoles que dejen de pagar al Gobierno central lo que no les ingresa por la prestación de competencias estatales si el ejecutivo no acomete la reforma de la Ley de financiación local, que consideró que es 'necesaria y urgente' y que sostuvo que se debería abordar al mismo tiempo que la autonómica.
La demanda no ha caído en saco roto y Solbes ya se ha adelantado a asegurar que el Gobierno está dispuesto a estudiar la demanda formulada por la FEMP para que los municipios cuenten con mayor competencia fiscal y poder así mejorar sus recursos.
De las comunidades autónomas, únicamente se han mostrado contrarios a que se abran mesas paralelas Andalucía y Asturias. Ambos gobiernos prefieren cerrar antes la negociación autonómica para, una vez conocidos los ingresos que recibirán, entrar en el reparto de los municipios.
La consejera de Gobernación, Clara Aguilera, ha acusado al PP de utilizar los ayuntamientos como parte de una estrategia puesta en marcha para influir sobre la mesa de negociación autonómica. El Gobierno andaluz considera que no se puede tratar la financiación de los ayuntamientos sin hablar de competencias.
El consejero de Economía asturiano, Jaime Rabanal, ha dicho lo que muchos otros piensan, pero por diplomacia callan por ahora, y es que no ve claro el asunto de interconectar las dos mesas, ya que plantearía más problemas de los que se podrían resolver en una negociación que ha nacido a contrarreloj por la pronta llegada de la fecha en vigor de los acuerdos de financiación del Estatuto catalán.
El propio Zapatero se ha mostrado proclive a la negociación al mismo tiempo, mientras que los portavoces de PP, a pesar de las acusaciones andaluzas, e IU defiende el trabajo conjunto, pero matizando que debe realizarse con dos líneas distintas de actuación, evitando que un debate interfiera en el otro. Situación que se antoja bastante difícil, teniendo en cuenta que se está hablando de repartir fondos económicos. Los Ayuntamientos, ya han solicitado unos "vasos comunicantes" entre ambas mesas, según palabras del alcalde de Leganés, Pedro Castro.