El Gobierno desconoce el uso que las autonomías hacen del dinero para la dependencia

La mi­nistra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, anun­ciaba en el Congreso de los Diputados que va a ade­lantar la pri­mera eva­lua­ción del desa­rrollo de la Ley de Dependencia con un diag­nós­tico de la si­tua­ción ac­tual, ante su “compleja apli­ca­ción”, a pesar de que la norma prevé que este aná­lisis se realice trans­cu­rridos los tres años de vi­gen­cia. El Ejecutivo ha dado un plazo de seis meses a las co­mu­ni­dades para que aclaren qué tipo de ayuda están re­ci­biendo los ciu­da­danos re­gis­trados en el or­de­nador cen­tral del sis­tema de de­pen­den­cia. Algunas co­mu­ni­da­des, como Madrid o Castilla y León, Murcia o Galicia, o no tienen una sola ayuda es­pe­ci­fi­cada o apenas unas po­cas.

La ministra señalaba en una reciente intervención en el Congreso de los Diputados, que la Ley de Dependencia se sitúa en el "principio de un proceso largo" y "resulta prematuro avanzar valoraciones",

Por eso, la ministra se ha comprometido a adelantar a 2008 la evaluación del sistema de dependencia prevista por la ley para el año que viene, pero no se sabe si lo aprobado es una ayuda económica para el cuidador familiar o una plaza en un hospital o residencia geriátrica.

En las comunidades, sin embargo, le echan la culpa al sistema informático, que dicen que no funciona y a pesar de las reuniones mantenidas al respecto, esto no ha sido posible todavía. El resultado es una catástrofe desoladora para quienes aspiran a una de estas ayudas.

La sensación general, recogida por diversos estudios realizados por las centrales sindicales es que la aplicación y el desarrollo de la Ley de Dependencia son tan desastrosos que existe una sensación de frustración entre quienes esperaban recibir las ayudas.

Los datos aportados por el sindicato Comisiones Obreras, muestran que aunque la ley prevé que los beneficiarios deberían recibir prioritariamente acceso a servicios de atención y cuidados concretos (como residencias o centros de día), Cataluña y Valencia tienen prioridades diferentes.

En Cataluña, la cuantía que el Estado central destina a financiar pagas a los beneficiarios o sus familias (14,4 millones de euros) es superior a la que se dedica a cubrir las ayudas en forma de plazas residenciales u otras prestación en especie (10,6 millones de euros). Si a estas partidas se suma la aportación que realiza esta comunidad a sufragar prestaciones en vez de servicios, el resultado es que por cada euro que se destina a la inversión de servicios de atención a los enfermos, 1,7 euros se consumen como 'cheques' extendidos a los enfermos. Una situación similar ha comenzado a darse en Valencia, donde se dedica casi la misma cantidad a financiar servicios y pagas directas a los beneficiarios de la Ley (27,7 millones  y 20,8 millones, respectivamente).

El retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia, aprobada hace casi año y medio, está teniendo consecuencias en los niveles de ocupación de las residencias de tercera edad. El apagón informativo afecta a la creación de plazas nuevas en los servicios de atención. Andalucía, Castilla-La Mancha y Valencia son las comunidades que se comprometieron a crear un mayor número de plazas nuevas para grandes dependientes en residencias y centros de día mediante los convenios firmados con el Estado en 2007 para financiar el Sistema de Dependencia.

Las autonomías convinieron crear a través de estos convenios 16.300 nuevas plazas, además de las que añadan Navarra y País Vasco, cuyos convenios no disgregan la partida destinada a infraestructuras sino que sólo mencionan el montante global de la financiación del Sistema de Dependencia, detalla el estudio del sindicato.

El convenio, andaluz, que es la región con mayor número de dependientes (más de 34.019) se dispondrá 3.206 plazas públicas nuevas -tanto titularidad de la autonomía como de las administraciones locales- o concertadas. Castilla-La Mancha prevé crear 2.336, la Comunidad Valenciana, 2.028, Cataluña 1.811 plazas y Galicia 1.398.

La claridad  en los datos sobre inversiones y aportaciones de la Ley de Dependencia son fundamentales, no sólo para mejorar el sistema y la atención a los afectados y sus familias, sino también con vistas a la elaboración de las grandes cifras y de los correctores presupuestarios del futuro sistema de financiación económica, que actualmente se encuentra en proceso de negociación.

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