El propio Solbes estima que será posible alanzar el consenso y se comprometió a mantener como base la premisa de que las comunidades obtengan recursos suficientes para prestar unos servicios públicos fundamentales similares a los actuales. La pelea estará en definir cuáles deben ser considerados como innegociables, ya que la visión de Cataluña, Comunidad Valencia y Baleares dista de las intenciones generalistas de otras comunidades.
El Estado pretende aumentar la cesión de impuestos, potenciará la corresponsabilidad fiscal y asegurará la suficiencia financiera del Estado para que mantenga al menos el 50 por ciento del gasto público, tal y como era previsible que plantease en la primera reunión, aunque el punto más importante de esta negociación será la posibilidad de introducir correcciones al modelo actual respecto a la evolución de la población para lograr el dinero suficiente para sufragar todas las competencias transferidas.
Una advertencia importante, realizada ayer por Solbes, es que el Estado se reservará en exclusiva los recursos provenientes del Impuesto de Sociedades para asegurar la unidad de mercado. Un asunto que parece fuera de toda discusión, así como que junto a los servicios de carácter social defendidos por Cataluña, la Justicia pasará a considerarse un servicio esencial.
El consejero catalán, Antoni Castells, ha comenzado, desde ayer, a jugar un papel de animador del proceso, pero sin ceder en sus pretensiones de calendario de las partidas de equilibrio. Castell animaba la negociación con todas las comunidades autónomas, pero al tiempo, exigía presteza para cumplir el exiguo calendario que tienen que cumplir como resultado de la entrada en vigor de las clausulas de financiación del Estatuto Catalán. Castell reiteraba ayer que la propuesta presentada por Solbes no entra en contradicción con los principios establecidos en el Estatuto.
Pero junto a todas estas muestras de que todos saben mantener el tipo hasta que empiece la partida y se repartan las cartas, Solbes mostró su firmeza no sólo en el mantenimiento de los ingresos en el seno del Estado y límite actual del gasto, sino que ha fijado unas cifras muy prudentes a la hora de establecer los niveles de endeudamiento de las autonomías para los próximos años.
Según lo establecido en la Ley de Estabilidad, los presupuestos de las comunidades autónomas deberán aprobarse en equilibrio cuando el crecimiento previsto para la economía española se sitúe entre el 2% y el 3% y en superávit cuando sea superior al 3%. Según el último cuadro macroeconómico, la economía crecerá, según las previsiones gubernamentales, un 2,3% en 2009, un 2,8% en 2010 y un 3,1% en 2011.
Los márgenes aprobados no recogen el margen de deuda del 0,25% con el que cuentan las comunidades autónomas para inversiones productivas, un dato que será tenido en cuenta a la hora de negociar las aportaciones en infraestructuras por parte de las comunidades más débiles económicamente hablando. Además, en la evaluación de la ejecución presupuestaria se tendrá en cuenta el crecimiento económico y el impacto de los estabilizadores automáticos.
No ha sido más que el primer paso, pero lo importante es que ya se han iniciado los contactos. La necesidad de aprobar un sistema de equilibrio financiero entre todas las comunidades autónomas, llega con un enorme retraso, pero, al menos, la claridad con la que han anunciado los mínimos que no piensan negociar cada una de las regiones facilitará los contactos y, en algunos casos, servirá para obtener principios de acuerdos. Sin embargo los acuerdos no se alcanzarán hasta el final del proceso, porque nadie querrá firmar hasta conocer lo que van a sacar en claro los demás.