Las posturas de partida se sitúan en las antípodas entre el grupo liderado por Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña, al que se suman con matices Madrid y Murcia, y el encabezado por Galicia y Asturias. Sus argumentos se dispersan en la complejidad del marco legal y en lo estipulado por los diferentes estatutos autonómicos.
Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña, comunidades de mayor peso económico, quieren que la población corregida por la inmigración y el más elevado coste de la vida sea el criterio esencial, frente a otras, como Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón, que ponen sobre la mesa otros factores como el envejecimiento y la dispersión territorial. Andalucía, que ha formulado su propia alternativa, incide en que se tenga en cuenta la población en edad escolar al repartir el dinero destinado a educación, la competencia más costosa.
El ministro de Economía, Pedro Solbes, ya ha conversado con los consejeros de Cataluña y Andalucía. El tema fundamental de estas conversaciones es el llamado fondo de suficiencia, sobre el que las comunidades con más recursos consideran que está provocando que los recursos por habitante logrados por las comunidades con menos ingresos tributarios superen los que logran las comunidades que generan más riqueza, además de recibir más fondos europeos y acceder al Fondo de Compensación Interterritorial.
Para las Comunidades con menos recursos entienden que esa diferencia refleja el mayor coste de prestar servicios en sus territorios. Y lo que les ha motivado una reacción airada este fin de semana, es que los representantes de los Gobiernos regionales de Comunidad Valenciana y Baleares que el fondo de solidaridad solo se aplique en inversión de sanidad, educación y servicios sociales. Asturias, Galicia, Extremadura y Aragón se niegan en redondo a que el fondo de solidaridad no se aplique en otras variables, como sería la obra pública o las políticas de empleo.
Todas las Comunidades Autónomas se ponen de acuerdo a la hora de criticar que el Estado tenga la intención reservarse el 50% del gasto público (el 30% se lo lleva la Seguridad Social) y la recaudación en exclusiva del Impuesto de Sociedades. Solbes ya les ha contestado, adelantándose a las críticas que "si el problema es que sólo existan transferencias verticales, va a ser muy complicado".
No es de extrañar que Zapatero quiera poner en orden a las Comunidades gobernadas por socialistas, tengan mayor o menor número de recursos. Ahora, tendrá que tener en cuenta que los municipios ya están tardando mucho en pedir la apertura de una mesa paralela en la que afrontar también su futuro. Y esta presión también complicará la mesa autonómica, porque los alcaldes quieren que éstas les paguen por las actividades y servicios que han tenido que ir asumiendo y por las que los presupuestos regionales no tienen partidas definidas.