Bruselas teme que las autonomías legislen sobre el IVA

El dis­curso de Investidura de Zapatero ha anun­ciado un ade­lanto de las de­vo­lu­ciones de IVA a las em­pre­sas, lo que su­pondrá un au­mento de la li­qui­dez. Esta me­dida está re­la­cio­nada con la re­ciente apro­ba­ción de la Directiva 9/2008, que es­ta­blece que el plazo má­ximo que tendrá la Administración para re­co­nocer el de­recho a de­vo­lu­ción para las em­presas no re­si­dentes es de cuatro meses y que el plazo má­ximo para el pago, una vez re­co­no­cido el de­recho a de­vo­lu­ción, será de diez días. Esta Directiva de­berá estar ope­ra­tiva a nivel na­cional antes del 1 de enero de 2010.

La norma comunitaria se aplicará a los sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución que durante el período de devolución, no hayan tenido en el Estado miembro de devolución, la sede de su actividad económica, o un establecimiento permanente desde el que se hayan realizado operaciones económicas, o, en caso de no existir dicha sede o establecimiento permanente, su domicilio o residencia habitual o durante el período de devolución, no hayan entregado bienes o prestado servicios que se consideren entregados o prestados en el Estado miembro de devolución, excepto cuando se trate de la prestación de servicios de transporte y servicios accesorios y de la entrega de bienes y la prestación de servicios a la persona que sea deudora del Impuesto.

Fuera de este retoque, Zapatero ha anunciado que no existirán modificaciones en la normativa del IVA. Sin embargo, los principales cambios en los últimos años no han venido de la iniciativa del Gobierno español, sino de las denuncias de la Comisión Europea y de las sentencias del Tribunal de Luxemburgo. Y España continúa teniendo problemas parra adaptarse a las exigencias comunitarias en la gestión de este tributo, fundamentalmente en aspectos decisivos como la construcción o los transportes.

La fiscalidad indirecta se ha convertido en factor de competencia entre Estados, en base a la aplicación de diferentes tipos fiscales y tratamiento contable, lo que preocupa enormemente a las autoridades comunitarias. Es por ello, que ven con cierta preocupación el proceso de negociación del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, porque algunos Gobiernos regionales ya han ultimado informes en los que se solicita el diseño de mecanismos que permitan la iniciativa legislativa de las comunidades en los impuestos indirectos sujetos a la armonización de la Unión Europea, aunque tengan que ejercerse de manera conjunta para poder hacer efectiva una auténtica corresponsabilidad fiscal compartida entre el Estado y las comunidades autónomas.

Los impuestos sobre el consumo presentan el inconveniente de aportar poca autonomía financiera real, al exigir la armonización europea la existencia de tipos únicos para cada Estado, lo que determina que su cesión suponga una mera participación territorializada de la recaudación total, distribuida de acuerdo con índices de consumo, que deberían ser sencillos y transparentes. Cualquier intento de diferenciar los tipos supondría un choque frontal con las autoridades comunitarias y la aplicación de sanciones.

El IVA españoles uno de los más bajos de la Unión Europea de los 27, según un reciente estudio de Landwell- PricewaterhouseCoopers. Luxemburgo y Chipre son los que tienen un tipo general más pequeño, un 15%. En segunda posición se encuentra España, con un 16% de IVA, y Reino Unido le sigue con un 17,5%.Por contra, los ciudadanos de Suecia (25%), Dinamarca (25%), Finlandia (22%) y Polonia (22%) son los que soportan un tipo general de gravamen mayor. No obstante, la mayoría de los países se sitúan entre el 18% y el 20%.

El miedo de la Comisión Europea es que los tipos del IVA se traten de ampliar, puesto que en la actualidad tan sólo se admiten tres tipos reducidos y los productos elegidos para estas políticas preferenciales deben ser aprobados por Bruselas. A nadie se le olvida la anécdota de aquella ministra de Cultura, de cuyo nombre no quiero acordarme, que se ofreció a reducir el IVA de los libros.

En Bruselas no pierden de vista que las Comunidades Autónomas tenían una deuda de 59.177 millones de euros, según los datos publicados por el Banco de España. Y eso, como es tradicional, sin contar la deuda maquillada a través de las empresas públicas, un asunto que el Gobierno debería afrontar en el próximo periodo de negociaciones sobre financiación.

Y, por si queda alguna duda, la Comisión Europea ha enviado esta semana su solicitud a España para que adapte al Derecho comunitario las normas que regulan la determinación de la base imponible del IVA en las operaciones de permuta sobre la compra de un futuro inmueble.

La Comisión argumenta que cuando un futuro inmueble -o parte del mismo- se vende y paga antes de finalizar su construcción la base imponible a efectos de IVA es diferente en función del medio de pago, situación que supone una de las principales obsesiones del Tribunal Comunitario, que a través de sus sentencias sobre la Sexta Directiva, viene defendiendo que adquirir un producto no puede generar obligaciones diferentes a efectos de IVA.

En España, siendo la base imponible el importe efectivamente abonado, se aplica el IVA en el momento del pago del futuro inmueble y no se recauda IVA alguno cuando se finaliza la construcción. No obstante, si el pago anticipado del edificio proyectado se efectúa en especie (con la entrega de un solar del comprador, por ejemplo) el IVA se recauda sobre la base del valor de mercado previsto una vez concluida la construcción, pero si el valor final del inmueble es superior al previsto, debe procederse a una corrección de la base imponible calculada inicialmente y pagar la diferencia. El producto entregado es idéntico en ambos supuestos y que sólo el medio de pago difiere.

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