El Gobierno podría haber elegido alguna otra fórmula utilizando las deducciones de los rendimientos del trabajo, pero la existencia de dos tarifas distintas, una estatal y otra autonómica, podría haber generado problemas de competencias y hubiese dificultado su entrada en vigor, máxime teniendo en cuenta que una de las prioridades de esta legislatura es la negociación del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
La rebaja fiscal de 400 euros prometida por el PSOE se aprobará, con toda seguridad, en el primer Consejo de Ministros que celebre el nuevo Gobierno socialista y tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero, de forma que la deducción se aplica para todo el año. El descuento de los 200 primeros euros se realizará en la nómina de junio, y el resto de la rebaja se repartirá en deducciones proporcionales hasta diciembre.
Esta rebaja se articulará como una deducción en la cuota del impuesto de la renta (IRPF), a fin de que quede consolidada y tenga carácter permanente de cara a ejercicios venideros.se aplicará con carácter indefinido hasta que se produzca una nueva reforma del IRPF, en la que se analice su continuidad. En el caso de los jubilados, la Seguridad Social será la encargada de practicar el descuento sobre las retenciones que practica para Hacienda.
Las mayores críticas que se han lanzado sobre esta promesa electoral, se refieren a la falta de progresividad de la medida, ya que se reduce una cantidad fija que no tiene relación alguna sobre los ingresos. Sin embargo, en Hacienda han encontrado una explicación de difícil encaje, que explica que esa rebaja en las retenciones supondrá cerca de un 60% para los contribuyentes con menores ingresos y de un 1% para los de rentas más altas.
En el caso de los autónomos, el Ministerio todavía no tiene una fórmula equitativa para hacerles llegar ese dinero a través de las retenciones, puesto que su tributación es distinta a la de los asalariados, fundamentalmente en el caso de los afectados por los módulos, en los que se imputan los rendimientos del trabajo. La decisión, a pesar de sus complicaciones, es una prioridad para el Gobierno, puesto que se trata de un colectivo cercano a las 3.390.000 personas, según señalan los últimos datos del Ministerio de Trabajo.
Otra medida importante, que se espera que se plantee en la jornada de investidura, trata de ajustar la deducción por rehabilitación de vivienda habitual a la elevación de los precios de mercado producida durante los últimos años. En este caso, se pretende la subida del límite de de 9.015 euros incluido en la Ley del IRPF, que permite deducir un 15% de la inversión en la rehabilitación de la vivienda habitual, pero para ello el coste debe superar el 25% del valor de mercado de la propia vivienda.
Otra medida que se pretende incluir de forma inmediata son las ventajas fiscales para viviendas y edificios completos, en barrios en que se considere necesaria una actuación rehabilitadora general. Y, con toda seguridad, volverá a insistirse en la desaparición del Impuesto del Patrimonio, aunque está se realizará fuera del paquete de medidas de la investidura, puesto que el Gobierno se ha comprometido a no tomar decisión alguna al respecto, hasta que no exista un acuerdo con las Comunidades Autónomas, que tienen esta figura tributaria transferida.
En la misma tesitura se encuentran las medidas urgentes, que el PSOE anunció durante su campaña, puesto que el Gobierno ha pactado con los sindicatos y la patronal, que no las aprobará sin que exista un amplio consenso sobre las mismas.
Estas medidas difieren de las adoptadas en muchos municipios españoles en los que los Ayuntamientos han subido los tipos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que han supuesto una auténtica ola de protestas en municipios como Salamanca o Jerez.