Los juzgados mercantiles, colapsados con el aumento de los procesos concursales

El cre­ciente alu­vión de pro­cesos con­cur­sales (antiguas sus­pen­siones de pa­gos) que llega a los juz­gados mer­can­ti­les, a causa del agra­va­miento de la si­tua­ción eco­nó­mica en España, está co­lap­sando el tra­bajo de los jue­ces. Una de las pri­meras ma­te­rias que tendrá que abordar el Departamento mi­nis­te­rial en­ca­be­zado por Fernández Bermejo. Después de tres años en que la nor­ma­tiva a pa­sado sin pena ni glo­ria, se vis­lumbra ahora un auge en los sec­tores in­mo­bi­lia­rio, de la cons­truc­ción y del trans­porte, que van a poner a prueba el sis­tema. Los miem­bros de los con­sejos de ad­mi­nis­tra­ción de las em­presas con di­fi­cultas de estos sec­to­res, pro­mueven con­cursos vo­lun­ta­rios de acree­dores para evitar el riesgo de in­cu­rrir en la res­pon­sa­bi­lidad civil per­sonal y so­li­da­ria, que de­ter­mina la Ley Concursal, para quienes in­cum­plan sus res­pon­sa­bi­li­dades en si­tua­ciones de de­te­rioro pa­tri­mo­nial de las so­cie­da­des.

Durante los tres primeros meses de 2008, es destacable el aumento del número de concursos publicados en el Boletín Oficial del Estado de compañías del sector inmobiliario, el aumento en los  sectores de la construcción y el transporte y la acogida tan buena que ha tenido este procedimiento entre  las personas físicas, que ha registrado ya, a estas alturas del año, 57 ciudadanos en el primer trimestre, más que en todo 2006, casi la mitad que en todo el año pasado y el 14% del total de concursos en el primer trimestre del año, el mismo porcentaje que el sector industrial.

Esta situación  confirma la tendencia mostrada por las estadísticas de PricewaterhouseCoopers, Crédito y Caución y Euler Hermes al señalar que los sectores inmobiliario, de la construcción y el transporte han provocado un aumento del 87% de los concursos de acreedores.

Lo que más preocupa a estos analistas y a las centrales sindicales es que el aumento se produce a pesar de que los importantes concursos del sector inmobiliario no han sido publicados todavía, dado que la estadística recoge de momento la publicación de los concursos de las primeras empresas inmobiliarias afectadas por la crisis.

Muchos de los concursos se declaran excesivamente tarde y no hay más posibilidad que liquidar la empresa, fundamentalmente porque los empresarios quieren negociar su deuda con las entidades bancarias y las negociaciones se alargan hasta que la situación de la empresa es desesperada. Una situación que ni favorece a las sociedades, ni a los trabajadores y, mucho menos a los acreedores. No obstante, llama la atención que el 88% de los concursos declarados desde la entrada en vigor de la Ley Concursal han sido voluntarios, mientras que sólo el 12% restante ha sido instado por los acreedores.

Un caso que acaba de terminar satisfactoriamente para los acreedores es el del Grupo Levantino Llanera, que ha logrado salvarse de la quiebra al establecer la administración concursal que tiene un patrimonio neto de 35 millones de euros, gracias a la inyección de activo generado por la venta de varias fincas a primeros de año, con autorización del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia.

Otro dato a tener en cuenta es que entre enero y marzo se produjo un aumento sensible en las insolvencias dentro de las empresas de tamaño mediano y grande, que hasta ahora habían sorteado este procedimiento.

Desde un punto de vista jurídico, parece que también se van despejando algunas de las grandes incógnitas que planteaba la Ley Concursal, como es que la simple presentación de la solicitud de declaración de concurso ante el juez de lo mercantil determina que los expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y de suspensión o extinción colectiva de relaciones laborales se tramiten ante estos juzgados, que deben asumir funciones, que, en otro caso, competen a la jurisdicción de lo Social.

La Ley permite al juez a suspender durante la tramitación del concurso, con el límite temporal de un año,  el derecho de los trabajadores a rescindir su contrato con derecho a indemnización, cuando se decida un traslado colectivo que conlleve supuesto de movilidad geográfica o se decida reducir la indemnización que corresponda a los directivos.

La propia Ley Concursal exige al juez que, a la hora de proceder en materias sociales, tenga en cuenta la ordenación legal de ámbito laboral y los recursos contra las resoluciones del concurso realizadas por sindicatos y trabajadores se desarrollan en el ámbito de lo social.

Se trata de esta forma, de equilibrar la falta de representación de los sindicatos en este tipo de procesos, que en ocasiones enmascaran el deseo de la empresa de realizar una regulación de empleo por debajo de los costes labores. 

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