Bermejo da por acabada la huelga de Justicia mientras los sindicatos la quieren reactivar

La huelga de los fun­cio­na­rios de Justicia le está cos­tando al mi­nistro Fernández Bermejo buena parte de su ima­gen, amén de la pa­ciencia de mu­chos ciu­da­danos y ex­tran­jeros que ven blo­queados sus trá­mites con la Administración. Una buena muestra de la pre­sión que sufre el ti­tular de Justicia es que antes de que se ra­ti­fique por las asam­bleas de fun­cio­na­rios, ha dado pú­bli­ca­mente por ce­rrado el con­flicto y se ha apre­su­rado a señalar que la si­tua­ción vol­verá a la nor­ma­lidad en pocos meses y que es "el primer frus­trado" por no haber en­con­trado antes una so­lu­ción.

Sin embargo, los sindicatos manifiestan que no están de acuerdo con la última oferta del ministro, porque les parece muy poco dinero el que se les ha ofrecido y los representantes sindicales manifiestan que recomendarán que se continúe con la huelga, que se inició hace ahora más de 50 días.

En total, según los sindicatos, la huelga la han realizado más de 9.000 funcionarios en Asturias, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Murcia, Ceuta y Melilla y de los órganos centrales con sede en Madrid (Registro Civil, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional).

La huelga ha paralizado la realización de actividades básicas como registros de nacimiento, bodas o defunciones, así como numerosos trámites administrativos, como la concesión de ayudas de maternidad o paternidad.

Por cierto, que la solicitud de papeles alternativos por parte de la Seguridad ha dado sus frutos a la hora de impedir que la huelga afectase a las pensiones. Ayer, el secretario de Estado de la Seguridad Social en funciones, Octavio Granado, ha asegurado que ninguna de las prestaciones de la Seguridad Social se ha visto afectadas por el paro sindical.

Para los sindicatos, la oferta presentada por el ministro llega tarde, porque los costes económicos que van a soportar los trabajadores por mantenerse en huelga van a ser muy elevados y quieren ofrecerles, al menos, los 200 euros que movilizaron en un principio al colectivo. Además, saben que a los funcionarios no les han gustado las declaraciones de Fernández Bermejo, que ha reiterado a lo largo de la huelga, que trabajan mal.

Fruto de esta concepción de que los funcionarios no cumplen con los estándares exigidos por su Departamento es que las contraprestaciones puestas sobre la mesa llevan aparejadas medidas para que se mejore la productividad del colectivo, que deberán entrar en vigor tras la firma del acuerdo.

Los funcionarios reclamaban esa subida de 200 euros mensuales para equiparar sus salarios a los que perciben los funcionarios en las comunidades a las que han sido transferidas las competencias sobre Justicia.

Sin embargo, la capacidad de resistencia de los funcionarios parece que está llegando a su fin, pues sus economías personales se resienten después de tantos días y la oferta del Ministro contempla una subida de 140 euros con efecto de este año, desglosados en: 60 euros pagaderos desde enero y 80 euros más que serán abonados retroactivamente en enero o febrero de 2009. Además, otros 40 euros se empezarán a pagar en abril del año que viene, lo que supondrá un aumento total de 180 euros mensuales.

Las asambleas de trabajadores van a ser un auténtico hervidero, porque los ánimos están muy excitados después de tantos días y porque mantener la huelga puede ser la entrada en un callejón sin salida para la mayoría de los funcionarios afectados.

No menos terrible será para los ciudadanos españoles y los extranjeros que precisan de algún certificado para continuar con sus vidas. Para algunos la huelga se ha convertido en días durmiendo en la calle guardando cola para llegar hasta las ventanillas de servicios mínimos.

No se puede olvidar, no obstante, que detrás de la defensa numantina del Ministerio se encuentra un problema bastante más grande y económicamente más elevado, puesto que a la vista de los resultados de este conflicto, el Gobierno podría tener que enfrentarse a las quejas de los funcionarios pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, que también se quejan de las diferencias salariales con sus colegas de las Comunidades Autónomas.

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