Las autonomías ponen su objetivo de financiación en el reparto de impuestos estatales

Comunidades au­tó­nomas go­ber­nadas por los so­cia­listas y po­pu­lares como Andalucía, Asturias Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja han ad­ver­tido que no con­sen­tirán que las ba­lanzas fis­cales sean la puerta abierta para que Cataluña ob­tenga una fi­nan­cia­ción a su me­dida. En estas co­mu­ni­dades existe el con­ven­ci­miento de que el uso que se le puede dar a estas ba­lanzas fis­cales como ba­remo previo de ne­go­cia­ción en la fi­nan­cia­ción au­to­nó­mica re­sulta tre­men­da­mente in­justo e in­so­li­da­rio, in­cluso po­dría lo­grarse por sus de­trac­tores una sen­tencia de in­cons­ti­tu­cio­na­li­dad.

En España, los impuestos se pagan en proporción a la renta personal no en base a su renta o residencia, o en proporción a la renta media de su comunidad, tributan las personas no los territorios, querer vincular inversiones estatales a comunidades con los impuestos de ciudadanos que residen en una comunidad es una gran incorrección.

Las balanzas fiscales y la financiación autonómica tienen muy poco que ver entre sí, ya que si bien se refleja en las primeras el dinero que recibe cada comunidad del Estado en relación a lo que aporta, no se tienen en cuenta los desplazamientos de la población en aquellos casos en los que se perciben pensiones y subsidios públicos, como es el caso de las dos Castillas o Galicia, donde retornan muchos de sus naturales después de años de actividad laboral en otras comunidades, lo que supone unos gastos extraordinarios en servicios, que no han repercutido en sus cotizaciones. De ahí, que en las comunidades que menos aportan al Estado hayan levantado sus voces aunando las quejas en contra de que las balanzas puedan afectar a los ingresos aprobados en el futuro sistema de financiación.

Todas las comunidades encuentran argumentos suficientes para que les sean favorables las balanzas fiscales. Andalucía, por ejemplo, reivindica que el reparto se haga en función de la población y no de la renta, como han defendido los gobiernos catalanes, mientras que ambas Castillas son partidarias de que sea la extensión territorial y la dispersión de las poblaciones a las que hay que dotar de servicios las que se contabilicen.

Las balanzas fiscales son conceptualmente polémicas y desde un punto de visto una incorrección, porque si Alemania, Francia o Suecia, trasladasen el sistema a Bruselas, para lo que no sería necesario jalear excesivamente a Merkel o a Sarkozy, nuestra financiación comunitaria iba a brillar por su ausencia después de tantos años de dependencia presupuestaria.

Bajo el cruce de acusaciones y denuncias entre los gobiernos regionales, lo que late es la alarma de que Zapatero se pueda dejar convencer y las comunidades más ricas logren una negociación bipartita con el Gobierno, en lugar de la multilateral, que se ha venido realizando hasta ahora y en la que cada comunidad autónoma tiene la sensación de poder defenderse, por lo que la consideran mucho más solidaria.

Sin embargo, también se da la concepción de muchas de las comunidades que más dinero han percibido del resto de España y de Europa no han servido para el desarrollo industrial y de servicios sino para el subsidio, lo que políticamente ha sido una inversión rentable durante décadas.

El nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se ha mostrado conciliador al respecto y ha reivindicado su publicación  partidario de que se publiquen las balanzas fiscales, aunque añadió, a reglón seguido que espera que de esa publicación se haga un uso riguroso y serio, puesto que es un  elemento de transparencia para que los ciudadanos puedan conocer cómo se reparten los dineros públicos y de qué manera.

El ministro de Trabajo ha querido situarse en línea de la iniciativa anunciada en el debate de investidura por José Luis Rodríguez Zapatero, pero con las debidas reservas a que pueda condicionar la negociación del futuro sistema de financiación autonómica y el reparto de recursos.

Con la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, los gobiernos regionales se juegan su prestigio político, ya que unos menores ingresos que en la actualidad supondrían una gran derrota ante sus electorados. Nadie va a querer dar ni un paso para atrás, lo que presupone unas negociaciones que van a tener a todo el país con el corazón en un puño.

La solución va a estar en la recaudación de los impuestos estatales, como son el IRPF y el IVA, que se van a convertir en el objetivo de todos y cada uno de las comunidades autónomas. Una forma de debilitar al Estado que puede acabar con los resortes de solidaridad interterritorial a muy corto plazo. Aquí, es el Gobierno quien tendrá que mantener la cabeza muy fría.

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