La inmigración recuerda que hay asuntos legales no resueltos por Zapatero

El Consejo General de la Abogacía Española ha re­cha­zado las ins­truc­ciones del Ministerio del Interior y Trabajo sobre el tra­ta­miento a los po­li­zones ex­tran­jeros y exige me­ca­nismos efi­caces que hagan po­sible la sal­va­guarda de los de­re­chos hu­ma­nos, el es­tudio de la so­li­citud de asilo del po­lizón y ga­ran­tías para el cum­pli­miento del "principio de no de­vo­lu­ción". La Abogacía ad­vierte de que for­mu­lará una queja ante los mi­nis­te­rios im­pli­ca­dos, así como a la ofi­cina del Defensor del Pueblo para re­clamar la adap­ta­ción de las ins­truc­ciones a los man­datos le­gales y cons­ti­tu­cio­na­les.

Mientras tanto, Celestino Corbacho, quien asumirá la cartera de Trabajo ha defendido este fin de semana  la presencia de todos los inmigrantes que sean necesarios siempre que sea con un contrato de trabajo apostó por facilitar el retorno a aquellos extranjeros que se queden sin empleo en España, medida anunciada por el presidente del Gobierno en su debate de investidura,

Zapatero ha debido descubrir que nos sobran los emigrantes y está dispuesto a enviarlos a sus países de origen cuando se queden sin trabajo. De esta forma podrán emplear el dinero del subsidio del paro o recibirán microcréditos para que puedan prosperar  en sus países. Pero, para las asociaciones de inmigrantes se trata de una actuación que no va a ser secundada por unos trabajadores que no tienen mucha fe de poder prosperar fuera de la Unión Europea y preferirían más formación para obtener cualificaciones profesionales que les permitan abandonar la construcción como "modus vivendi".

Los inmigrantes en paro en el sector de la construcción aumentaron un 107,75% durante el pasado mes de marzo, en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que supone la subida más elevada registrada en un sector de actividad durante el tercer mes del año,

Las asociaciones de inmigrantes no están convencidas sobre la eficacia de los incentivos anunciados, pues aunque pierdan el trabajo muchos se quedarán en España, porque tampoco tendrán trabajo allí. Las asociaciones de inmigrantes quieren que se realice un estudio previo sobre el número de personas que puedan estar interesadas en retornar para prever las medidas oportunas y las alternativas que sean precisas.

En España la inmigración ha sido intensa", pues muy pocos países donde en tan poco tiempo hayan recibido y colocado en el mercado de trabajo tantos inmigrantes respecto a su población nativa.  Las cifras cada vez son más altas. Se estima que actualmente un 9,93% de la población es inmigrante y que, entre ellos, hay 1,2 millones que son irregulares.

El número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social aumentó en 37.491 ocupados en febrero de 2008, un 1,87% respecto al mes anterior, lo que situó el total de inmigrantes inscritos en el sistema por encima de la barrera de los dos millones (2.041.330), según datos difundidos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Un Estudio elaborado por el Grupo de Reflexión y Propuestas de la Fundación Empresa y Sociedad considera que a pesar de la "crisis económica severa" que vive España, se necesitaría "una media de 157.000 nuevos activos laborales inmigrantes cada año hasta 2020", puesto que entre 2005 y 2020, se producirá una "transformación radical" en la población de 16 a 39 años de 15,8 a 11 millones y de la de 40 a 64 años, de 13,4 a más de 17 millones e 2020. "Esto hará necesario más de dos millones de inmigrantes", concluye.

A este respecto, y a modo de ejemplo, UGT, en un reciente comunicado, advierte de que la cartera de pedidos de los astilleros españoles "es alta, bate records históricos y se mantendrá así durante los próximos años, pero las reestructuraciones del sector y los ajustes laborales han dejado vacías las plantillas de personal especializado y de hace necesario contratar a trabajadores inmigrantes sin cualificación ni experiencia, lo que está retrasando y encareciendo los trabajos.

La Embajada de Rumanía en Madrid, a través de su Agregado Laboral, ha comenzado una campaña para que los ciudadanos rumanos que trabajan en España vuelvan a su país de origen ante la escasez de mano de obra en estos momentos aqueja al país balcánico. Como cifra aproximada, el Ministerio de Trabajo de Rumanía estima en 500.000 los trabajadores que necesita el país en sectores como la construcción, hostelería, industria o agricultura. Se nota que Rumanía ha comenzado a recibir los fondos y las ayudas comunitarias.

Antes de recurrir a trabajadores inmigrantes, la intención lógica es de hacer volver a los ciudadanos rumanos que están en el extranjero, porque es normal que ellos tengan la primera opción para acceder a estos puestos de trabajo.

Pero, la llegada de inmigrantes irregulares no termina de dar síntomas de asfixia, como es de esperar, porque el reclamo de estabilidad económica es excesivamente grande. La tragedia se ceba con ellos, sin embargo, cuando existe manipulación, como estos días está ocurriendo en Cádiz.

 La Cruz Roja Española, ante la llegada de inmigrantes a la ciudad de Cádiz víctimas de rumor infundado de un proceso de regularización, ha establecido un plan especial de intervención, con el objetivo de dar soporte y ayuda a estas personas.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha advertido de la llegada de inmigrantes desde Francia y Holanda a la Oficina de Extranjería de Cádiz para registrar su solicitud de regularización y auguró que durante los próximos días se incrementará la afluencia de extranjeros atraídos por el falso rumor de un supuesto «proceso de normalización extraordinario».

En opinión de esta asociación, la Oficina de Cádiz está causado por que la oficina de Cádiz es la única que acepta solicitudes de normalización aunque éstas no reúnan todos los requisitos pertinentes, ya que, en virtud del proceso vigente, dichos incumplimientos implican la anulación de la petición una vez ingresada y no a priori, aunque esta normativa rige para toda España.

Mientras, un sindicato de Trabajadores Inmigrantes y Autóctonos Precarios está promoviendo un paro General en toda la Unión Europea para los días 1, 2 y 3 de mayo de 2008 para acabar con los centros de internamiento de extranjeros (CIES).

Al flamante ministro de Trabajo le espera una difícil carrera legislativa para lograr que la mano de obra cualificada no se vaya, que la no cualificada se cualifique y que los irregulares encuentren alicientes en sus países de origen. La Ley de Extranjería, mientras tanto sigue siendo superada por la realidad.

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