Las exigencias de Cataluña se basan en las balanzas fiscales, cuyo Estatuto establece que deben hacer referencia a la diferencia de entre lo que la Comunidad recibe del Estado y lo que aporta. Por el contrario, el Estatuto de Andalucía mantiene que estas balanzas fiscales, que servirán de argumento para pedir más dinero al conjunto de Comunidades Autónomas, es para Andalucía el número de habitantes por los ingresos recibidos del Estado.
Y estas no son las únicas posiciones, porque en ambas Castillas además de defenderse el concepto de población se incluye un matiz, que es el de la dispersión de la población y la necesidad de llevarle los servicios allí donde se encuentren.
El fantasma de la negociación para el nuevo sistema de financiación mantiene en tensión en todos los Gobiernos autonómicos. Y se trata de un asunto fundamental para que puedan establecer sus cálculos presupuestarios con años de antelación y, por tanto, sea posible gestionar con la mayor coherencia y eficacia todos los fondos disponibles.
El retraso de las negociaciones en la pasada legislatura incrementó las tensiones, porque el modelo que servirá para afrontar los próximos años se sustituye por las necesidades de Zapatero para sortear la presión parlamentaria en cada momento y la debilidad del equipo económico del PP ayudó a mantener esta situación.
La situación económica, con los nubarrones de una crisis profunda y larga de fondo, hacen que este no parezca el momento más indicados para hacer valer las balanzas fiscales, ya porque es un debate cerrado con la entrada en vigor de la Constitución Española y puesta en funcionamiento de los programas de solidaridad interterritorial.
El problema no es que se publiquen las balanzas, que pueden tener un valor informativo relativo, sino que se trate de ligarlo al futuro modelo de financiación, ya que es el ciudadano quien paga impuestos y no el territorio, por lo que la balanza fiscal debería hacerse por cada ciudadano. Son muchos quienes han estado trabajando y cotizando en unas comunidades y en el momento de su jubilación vuelven a sus comunidades autónomas imputando en ellas gastos, como por ejemplo el del pago de las pensiones o incrementando la demanda, y por tanto los costes, en la prestación de servicios.
Las balanzas no tienen una metodología reconocida y, por ello, el vicepresidente del Gobierno para asuntos económicos, Pedro Solbes, ha anunciado que no darán un único resultado para cada comunidad, sino varios, por lo que las interpretaciones serán positivas o negativas, según el punto de vista desde el que se analice. Por estas razones, el acuerdo que se alcance debe obtenerse por unanimidad y debe ser beneficioso para el conjunto de las comunidades autónomas.
En Hacienda se ha comenzado a lanzar mensajes anunciando que no influirán en la negociación de sus fondos, pero las necesidades de estabilización del Ejecutivo estatal crean excesivos recelos en las comunidades autónomas más necesitadas de apoyos. Si algo está claro, es que ninguna comunidad autónoma aceptará un nuevo modelo de financiación que le implique menos ingresos.
Esta misma desconfianza es la que se está creando entre las Corporaciones Locales, que quieren una negociación paralela en tiempo y forma a la de las Comunidades Autónomas. Si en la legislatura pasada la tensión era muy elevada, ahora es desesperada, porque muchos de los beneficios que obtenían gracias al boom inmobiliario se han esfumado y necesitan unos ingresos estables que provengan de las comunidades autónomas, que les permitan planificar y no estar a expensas de una política presupuestario de capricho como ha ocurrido en los últimos años con los Ejecutivos regionales.
Además, es necesario recordar que la presión fiscal que sufre una familia media en España bajó en 2007 por vez primera en cuatro años, según un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que achaca ese moderado descenso al recorte registrado en las cotizaciones sociales que han de abonar las empresas por sus trabajadores.