Paradojas de la ac­tua­lidad

FG, recrecido, presenta los resultados, mientras Emilio Botín se sienta en el banquillo

El con­sejo del BBVA no se in­teresó por lo ocu­rrido la se­mana pa­sada en la CNMV

Hoy co­mienza el juicio contra Emilio Botín, José Mª Amusátegui y Ángel Corcóstegui por las ju­bi­la­ciones del SCH, un caso bas­tante en­deble a decir de ju­ristas in­de­pen­dientes y con la par­ti­cu­la­ridad de que el fiscal no está en la acu­sa­ción. Es el caso del ven­gador jus­ti­ciero, el que­ru­lante Rafael Pérez Escolar, el 'Empecinado', co­no­cido ban­do­lero fi­nan­ciero, contra Emilio Botín, hacia el que guarda una re­co­no­cida ani­mad­ver­sión desde que el Santander se que­dara con Banesto, banco en el que coad­yuvó a su hun­di­miento des­pués de meter la mano en la caja.

Mientras Botín es­cucha las cues­tiones pre­vias de la vista oral, Francisco González se pre­senta ante los me­dios para de­clarar so­lemne que BBVA ha con­se­guido be­ne­fi­cios ré­cord y ex­plicar por qué el con­sejo del banco no se in­teresó ayer sobre los acon­te­ci­mientos -sin im­por­tancia al­guna, al pa­re­cer- acae­cidos la se­mana pa­sada en la CNMV, or­ga­nismo que hizo una in­ves­ti­ga­ción abre­viada sobre la venta de FG Valores en 1996 y la con­cluyó ale­gando que, si hubo de­lito, este ha­bría pres­crito; prima fa­cie, claro. Son las dos caras de la ac­tua­li­dad.

Los analistas esperan que BBVA arroje unos beneficios de 2.700 millones de euros, aunque inicialmente habían apostado por una cifra más cercana a los 3.000 que debieron corregir tras la directiva del Banco de España impidiendo imputar el coste de las prejubilaciones a reservas.

El consejo de administración del banco se reunió ayer para establecer el orden del día de la próxima junta general que se celebrará el 26 de febrero, en el que figura la renovación por cinco años del cargo de consejero de Francisco González. Según ha declarado el protavoz del banco a distintos medios, el consejo no trató el tema Sacyr-Vallehermoso, ni analizó la investigación de la CNMV.

La operación de Sacyr aparece en estos momentos un tanto desvirtuada, aunque viva mientras la constructora no diga lo contrario. Hasta el momento, Luis del Rivero y acompañantes no han conseguido recabar apoyos para su operación, fracaso que comparten con Francisco González, para conseguir superar el 5% del banco y obligar al Banco de España a definirse.

Tras la presentación de resultados a la prensa y a los analistas, la
cúpula del banco iniciará, como cada año, el 'road show' internacional para explicar las cuentas a analistas e inversores extranjeros. La ronda tocará tres grandes áreas: Estados Unidos, Reino Unido y Europa continental, y habitualmente ocupa a los máximos ejecutivos durante un plazo de
diez días.

BOTÍN EN EL BANQUILLO

Cuando FG regrese del periplo, en el que previsiblemente intentará conseguir delegaciones de voto para la junta de forma que pueda votarse a si mismo cuantas más veces mejor, el juicio por el 'caso de la jubilaciones' contra Emilio Botín estará en su recta final, si es que el tribunal no decide pararlo antes, posibilidad poco probable porque los jueces no suelen actuar prima facie en este estado del procedimiento.

Las sesiones del juicio se celebrarán los lunes, martes y miércoles, mañana y tarde, para que concluya en torno al 9 de febrero. La Sección Tercera de la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional estará presidida por Antonio Díaz Delgado tras el incidente de recusación que presentó Pérez Escolar por haber participado el presidente de la Sala en otros juicios contra él y que dio lugar al cambio de presidente. Se da la circunstancia de que este nuevo magistrado también formó parte del tribunal que condenó a Pérez Escolar a nueve años de prisión por el caso Banesto.

El actual presidente de Santander se enfrenta a una pena máxima de 12 ó 6 años, en función de si los hechos son considerados apropiación indebida o administración desleal, ya que las acusaciones particulares plantean ambas peticiones en sus escritos de calificación provisional. Para los otros dos acusados, el ex copresidente de la entidad José María Amusátegui y el ex consejero delegado Ángel Corcóstegui se piden 8 o 4 años de cárcel por el mismo motivo. El Fiscal de la Audiencia Nacional ha pedido en cuatro ocasiones el archivo de la causa por no encontrar indicios de delito.

Los argumentos de las acusaciones se centran en que estos pagos se aprobaron sin el conocimiento de los accionistas y fueron además la fórmula con la que Emilio Botín zanjó la lucha de poder que se había desatado en el banco como consecuencia de la integración de Santander y BCH. Añaden además que fueron retribuciones "indebidas", puesto que no se hicieron públicas con motivo del anuncio de los acuerdos de fusión, y supusieron "un perjuicio económico a los accionistas".

Por el contrario, Santander defiende la absoluta legitimidad de los pagos, que fueron aprobados por unanimidad en los sucesivos consejos de administración del banco. Argumenta que el bonus de Amusátegui se pactó inmediatamente después de la firma del proyecto de fusión Santander-BCH, el 15 de enero de 1999. El banco insiste en que el 17 de abril de ese año, en la primera reunión del consejo de BSCH, ya se aprobaron las condiciones de jubilación de José María Amusátegui y las condiciones que debían regir la relación de Corcóstegui con el banco.

Respecto a la información facilitada a los accionistas, Santander defiende que las cuentas de los ejercicios 2001 y 2002, que recogen los pagos entregados a Amusátegui y Corcóstegui, quedaron aprobados en las respectivas juntas de accionistas. Además, en la junta celebrada en junio de 2004, Emilio Botín consiguió el respaldo expreso de los accionistas a la gestión del consejo de administración del banco sobre este asunto, tras reiterar la creación de valor conseguida con la fusión de Santander y BCH.

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