Análisis

Antonio Sánchez-Gijón El con­flicto entre el es­tado es­pañol y la Generalidad de Cataluña se ha in­ten­si­fi­cado tanto en el úl­timo mes, que está jus­ti­fi­cado pre­gun­tarse cuáles son y qué al­cance tienen los po­deres cons­ti­tu­cio­nales que asisten al go­bierno para im­pedir lo que esa ins­ti­tu­ción au­to­nó­mica y los par­tidos que la apoyan han pro­me­tido hacer de aquí al 1 de oc­tubre pró­ximo, fecha de un pre­ten­dido re­fe­réndum de au­to­de­ter­mi­na­ción para Cataluña. Durante años se ha ci­tado el art. 155 de la Constitución Española como un ins­tru­mento de úl­timo re­curso a dis­po­si­ción del go­bierno para el caso de que las au­to­ri­dades de una co­mu­nidad au­tó­noma no cum­plan con sus obli­ga­ciones cons­ti­tu­cio­na­les. Sin em­bargo, las fa­cul­tades que ese ar­tículo otorga al go­bierno no están es­pe­ci­fi­ca­das; el 155 sólo le da un poder in­de­ter­mi­nado para obligar a la Comunidad a cum­plir­las, bajo los tér­minos de una au­to­ri­za­ción que el go­bierno debe re­cabar del Senado.  >>