EL MONITOR

Cristina Fernández de Kirchner amenaza con renacionalizar YPF o confiscar sus dividendos

Latinoamérica: a falta de plata, bueno es el petróleo

Argentina trata de forzar más inversiones de la petrolera en el depauperado sector energético doméstico

Carlos Álvaro.– Repsol YPF no gana últimamente para sustos. Tras el reciente affaire Sacyr-Pemex y justo cuando la agencia Fitch anunciaba que mantiene el rating de la compañía y la propia petrolera comunicaba que ha comenzado la perforación del primer pozo en aguas profundas en Cuba, los contratiempos han vuelto a la firma que preside Antonio Brufau. Esta vez, el quebradero de cabeza procede de Argentina, cuyo Gobierno ha decidido presionar al límite a las petroleras en general y muy especialmente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en la que Repsol posee el 57,43%, para llenar sus vacias arcas fiscales. Buenos Aires ha desencadenado una insólita ofensiva que abarca las amenazas de renacionalización de YPF o bien de confiscar parte de sus dividendos.

La meta es forzar como sea a las empresas a producir e invertir más para rescatar un sector energético vital que languidece en los últimos años y cuya merma reduce las posibilidades de crecimiento económico y obliga a una costosa importación de carburantes. Todo ello en un entorno de desaceleración, escaso dinero en las arcas públicas y caída en la captación de inversiones. Cabe preguntarse, sin embargo, si acciones como la emprendida contra YPF harán más atractiva a Argentina para el inversor extranjero que tanto necesita el país. El sector privado lleva tiempo denunciando que la falta de reglas claras y el cambio de las reglas de juego desmovilizan las inversiones de largo plazo.

El grado de tensión ha llegado a tal punto que Brufau se vio el viernes obligado a desplazarse a Argentina, donde ni siquiera ha logrado de momento ser recibido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien la semana pasada reclamó a las petroleras la reinversión de sus ganancias en el país para aumentar la producción de combustibles, recurso que Argentina se vio obligada a importar fuertemente en 2011. Contra la pared, Brufau habría ofrecido a las autoridades del país austral un fuerte aumento de las inversiones en exploración y, en especial, en producción de hidrocarburos para aumentar la oferta de crudo y gas local, así como a reducir los dividendos que Repsol retira de YPF. Pero está por ver que esto sea suficiente para detener el golpe, ya que el desenlace aún no se ha producido.

Para analistas argentinos como Pablo Wende, "el mensaje para Brufau es que se olvide este año de girar dividendos al exterior y, por el contrario, que reinvierta la totalidad en el país", obligarle a que destine beneficios a nuevas inversiones. Para otros, se trata de una película repetida cuyo guión es que el Gobierno expresa su enojo hasta que logra que la empresa anuncie nuevas inversiones. Otro observadores, como Claudio Oña, señalan que la Casa Rosada podría estar planteándose tres opciones: la nacionalización de YPF (poco probable, pues costaría demasiado); forzar a Repsol YPF a no transferir "utilidades" o dividendos a España (este año rondarían los 1.400 millones de dólares) o quitarle ciertas áreas de explotación a YPF y cederlas a la venezolana PDVSA, a la que Argentina debe 5.700 millones de dólares por la compra de combustible.

Acusación general

La acusación general del Gobierno argentino es que las petroleras no invierten lo suficiente en aumento de producción en el país y que, además, un grupo de ellas es sospechoso de pactar sobreprecios en algunos derivados, algo que investiga actualmente el regulador antimonopolio. En el caso de YPF, desde el propio Gobierno se han alentado rumores de posible nacionalización, algo que si bien los analistas ven descabellado, ha obligado al presidente de Repsol a viajar al país para negociar con un Gobierno que últimamente parece empeñado en chocar con frecuencia con el sector privado, justo cuando el país ve caer la inversión exterior y cómo ésta crece en naciones vecinas.

El Gobierno de Cristina Fernández acusa a YPF, como otras cuatro grandes del sector presentes en el país de aplicar sobreprecios en la venta de diesel a clientes domésticos y de no llevar a cabo las inversiones que había prometido realizar. "El subsuelo pertenece al Estado argentino. Y al que no le guste, que se vaya", dijo hace dos semanas Fernández de Kirchner en un discurso que puede ser considerado el inicio de una ofensiva con la que el Ejecutivo parece decidido a dictar sus condiciones e influir en el negocio petrolero, haciendo valer que no es igual operar con un Gobierno a favor que con uno en contra, incluso si el Estado no posee acciones.

Aunque para la generalidad de los analistas la sangre no llegará al río, ya que el conflicto parece seguir el patrón de las viejas tácticas del Gobierno argentino  para lograr sus propósitos, de momento, a Repsol la embestida le ha costado varias jornadas de desplome en Bolsa y una situación de enfrentamiento que podría haber influido en la decisión del fondo norteamericano Eton Park de no ejecutar su opción de compra sobre el 1,63% del capital de YPF, operación valorada en 275 millones de dólares.

Para los analistas de GPS Investment, "la llegada de Brufau y su reunión con las autoridades seguramente termine con anuncios de mayores inversiones en la exploración y producción de petróleo y gas. Es una conocida táctica del Gobierno generar temores en el sector privado para conseguir sus metas. El Gobierno necesita equilibrar lo antes posible la balanza energética, hoy fuertemente deficitaria, y solo YPF estaría en condiciones de hacerlo".

Ataque directo

En los últimos días Buenos Aires ha tomado varias medidas que suponen un ataque directo a la industria petrolera o, al menos, al modus vivendi con el que las petroleras operaban en el país. El pasado viernes, el Gobierno anunciaba el final, sin fecha precisa, de dos programas lanzados en 2008 para incentivar a las petroleras, los programas Petróleo Plus y Refino Plus, lo que para el Estado supondrá un ahorro de 460 millones de dólares que no viene nada mal en época de austeridad y problemas presupuestarios.

Y, durante el fin de semana, el Gobierno subía el tono un poco más, asegurando que endurecerá la ley de hidrocarburos para exigir a las empresas que alcancen la plena producción y acusando en concreto a YPF de no realizar la inversión necesaria, ni siquiera la prometida. Los incentivos cancelados afectan, además de a YPF, a la argentino-china Panamerican Energy, a la brasileña Petrobras, a la estadounidense Esso y a la china Sinopec. Según Buenos Aires, YPF no ha realizado inversiones suficientes en exploración, extracción y refino y el Estado se encargará de hacer cumplir las leyes para que las petroleras tengan producción plena en los yacimientos.

Ya a mediados de enero, el Gobierno denunció por supuesto "abuso de posición dominante" en el mercado de gasóleo diésel a las petroleras YPF, Shell, Esso, Petrobras y Oil Combustibles (ésta última argentina), una acusación que suma a la lanzada en noviembre, cuando Buenos Aires abrió una investigación por un presunto abuso de posición dominante en el mercado de la gasolina contra YPF y otras. Según el Gobierno las empresas del transporte de cargas y de pasajeros denuncian que pagan el gasóleo a granel hasta un 30% por encima del valor de mercado.

Cambio de modelo

Con todo, la retirada de las ayudas que el Ejecutivo concedía a Repsol-YPF y a otras petroleras, parece ser lo de menos y sobre las acciones de la firma española parece pesar más el cambio de modelo que se barrunta tras la ofensiva del Ejecutivo. De hecho, YPF ya no percibía algunas ayudas debido a la caída en suministro, derivado de un fuerte descenso en su producción del 8,6% motivado por el declive de los yacimientos y las huelgas de 2011. La amenaza de renacionalizar YPF también parece más un golpe de efecto que otra cosa, ya que tendría un alto coste para el propio Tesoro argentino. La auténtica razón parece, pues, obligar a YPF y a otras petroleras a reinvertir en el sector energético argentino.

Detrás del pulso del Gobierno argentino, no sólo a Repsol, sino al resto de petroleras se ocultan varios factores. La ofensiva tendría mucho que ver con un calculado aumento de la presión sobre la compañía presidida por Brufau para que recorte dividendos, incremente inversiones y contenga los precios, en un contexto económico de fuerte alza de las importaciones de crudo por parte del país y de salidas de capital. No en vano, el vicepresidente argentino, Amado Boudou, ha insistido en que es "necesario" que YPF, que tiene más del 60% del mercado de hidrocarburos en Argentina haga uso de toda su capacidad instalada y de su potencialidad de inversión", que explore y produzca al máximo.

En sus últimas declaraciones, Boudou señaló que "el problema no es si YPF es privada o no privada" y resaltó la necesidad de que tenga "sentido nacional" y de que su funcionamiento obedezca a una lógica de producción petrolera. El vicepresidente ya había culpado anteriormente a YPF de tener una visión cortoplacista, financiera y no productiva, lo que en su opinión "se da de narices" con las necesidades de Argentina. Boudou censuró el hecho de que ya en 1999 (año en el que Repsol se hizo con YPF) empezó a declinar la producción de petróleo de YPF y de que, desde 2003 se venga reduciendo la de gas, lo que dificulta la satisfacción de las necesidad del mercado interno. En particular, en Buenos Aires encrespa el hecho de que Argentina, teniendo crudo y gas, tenga que importar cada vez más hidrocarburos y a un precio más caro.

Y por ahí podrían venir los tiros de una ofensiva que ha traído de cabeza a Antonio Brufau en los últimos días y que el viernes le forzaron a entrevistarse con ejecutivos del grupo argentino Petersen, perteneciente a la familia argentina Eskenazi, propietario del 25,46% de la petrolera y que gestiona las áreas ejecutivas de la firma.

No hay plata

Analistas del sector financiero argentino juzgan, en cualquier caso, que el Estado no tendría plata ni recursos para comprar la participación en YPF, habida cuenta de las necesidades fiscales y financieras del Ejecutivo, las proyecciones de déficit fiscal, la merma de divisas y el estado de las reservas del banco emisor. Piensan que la agresividad y el acoso a YPF tiene como meta presionar a la compañía a reducir los pagos de dividendos en el exterior. Además, la opción nacionalizadora tendría también un coste político, al generar el primer conflicto con el nuevo Gobierno español de Mariano Rajoy.

Lo que sí es cierto es que en los últimos tiempos, la aparentemente buena relación entre el Gobierno e YPF parece haberse deteriorado, notablemente cuando, en el Consejo de Administración de noviembre el representante del Estado, con derecho a veto, votó en contra del reparto de unos dividendos que Petersen precisa para abonar la deuda que contrajo con Repsol y varios bancos al comprar su parte en YPF. Además, también se ha producido un enrarecimiento del clima político y la entende cordiale entre Gobierno y petroleras. De hecho, el Ejecutivo atribuyó a sus acertadas políticas el éxito que supuso el último descubrimiento de hidrocarburos de Repsol en la provincia de Neuquén.

Preocupación energética

Para los expertos, el enojo de Buenos Aires y su repentino interés por la situación del sector energético nace de la adversa situación que vive el país en un segmento clave de la actividad. Acusado de no poseer durante años una política clara en energía y de haber congelado tarifas sin analizar a fondo el estado de las cosas, el Gobierno se encuentra ahora con un segmento que produce cada vez menos y en el que baja la inversión, lo que obligó en 2011 a una importación récord de combustibles por 9.200 millones de dólares, un 110% más en relación al año anterior. De no haber sido por este aumento, la balanza comercial hubiera arrojado un superávit 20% mayor al año anterior. Y las previsiones apuntan a que la importación de crudo ascenderá a 12.000 millones este año, ya que crece la brecha entre demanda interna y oferta. Según las autoridades de Buenos Aires, entre 2003 y 2010 la producción argentina de petróleo descendió un 18%, las reservas probadas de crudo, un 11%, la extracción de gas un 43% y las reservas gasistas, el 8%. Cifras que atemorizan al Ejecutivo Fernández.

El problema es que las inversiones que exige un sector energético argentino que declina en un momento en el que se necesita que repunte son multimillonarias. "En Argentina hay un potencial colosal en gas y petróleo no convencional, pero se necesita mucha plata", confesaba hace apenas dos meses Brufau. Y es que las inversiones que se requieren no sólo para realizar nuevas exploraciones, sino para aumentar la explotación y cubrir los déficit de oferta nacional y de falta de capacidad en las refinerías son gigantescas.

Aunque Repsol-YPF ha negado las acusaciones del Gobierno y ha señalado que en 2011 invirtió 3.000 millones en exploración y producción, los gobernadores de las provincias petroleras, reunidos con el ministro de Planificación, Julio de Vido, han denunciado a YPF por haber reducido el bombeo de 13,5 millones de metros cúbicos en 2006 a menos de 12,5 millones en 2011. De Vido también atacó a YPF, al señalar que la petrolera "no hizo las inversiones para ampliar sus refinerías en los tiempos que requiere el crecimiento sostenido de la demanda".

Con todo, y aunque la mayoría de expertos espera que Repsol acepte algún tipo de pacto y que Argentina no llegue a forzar la nacionalización de YPF, otros como Pablo Wende señalan que "el rédito político puede resultar tan grande que justificaría el esfuerzo económico. El impacto de recuperar después de casi 20 años a la principal petrolera del país (para colmo privatizada por Carlos Menem) podría ser tanto o más grande que la decisión en su momento de cancelar la deuda al FMI. Luego el Gobierno definiría si se siente cómodo con Repsol como socio o se busca algún otro interesado". A día de hoy, YPF está en manos de Repsol en un 57,43% y de la familia Eskenazi en torno a un 25%, mientras que un 17% flota en el mercado. El Estado tiene una participación ínfima en YPF, pero controla la acción de oro. Un problema añadido para Repsol es que la compara por los Eskenazi a la española de su actual 25% fue financiada por la compañía de Brufau, y que la familia argentina devuelve el préstamo usando los dividendos de YPF que ahora Buenos Aires quieren que se dediquen a invertir en producción.

Alianza con Chávez

Y a este panorama se suma la reciente alianza entre Fernández y Chávez para competir con Repsol YPF en refino mediante la creación de una empresa mixta formada por las estatales Enarsa y PDVSA que producirá 100.000 barriles diarios de crudo venezolano de la Faja del Orinoco y que se refinarán en Argentina en una nueva planta de propiedad venezolana. Según informó el diario Negocio, esa producción irá destinada al mercado argentino pero no a instalaciones de YPF u otras petroleras extranjeras instaladas en Argentina, ya que el Gobierno de Hugo Chávez y el de Cristina Fernández quieren acabar con el oligopolio que juzgan que existe en el mercado argentino. Así, PDVSA entraría en el mercado argentino donde hasta ahora lo que hacía era contratar a YPF para que procesara el crudo. Enarsa es una empresa pública que nació de la mano Néstor Kirchner en 2004 pero que no tiene hoy dinero para grandes inversiones y resucitaría de la mano de Caracas.