Por qué es ilegal una quita del déficit tarifario pero no lo es una condonación

Villaseca (GNF) reclama medidas urgentes

Alberto Valverde.– Abrumado por un déficit tarifario acumulado que supera los 24.000 millones de euros, el sector eléctrico se ha echado estos días al monte en respuesta a la sugerencia dejada caer por el ministro Soria sobre la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy aplique unilateralmente una quita indeterminada en este derecho de cobro, dentro de una solución negociada para resolver uno de los problemas más graves generados en el sector desde que el Gobierno de José María Aznar se inventó, allá por 1998, la idea y el hecho consumado de dejar para mañama lo que no quiso resolver entonces. El primero que ha saltado a la palestra ha sido Eduardo Montes, presidente de Unesa, que ha planteado la eventualidad de acciones legales si la sugerencia se convierte en realidad. Este martes, pausado y directo, le ha seguido el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, el primero de los "cinco grandes" en presentar resultados. Mañana jueves le tocará el turno a Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, con motivo de la cita anual. La pregunta ha quedado en el aire, ¿es posible una quita en el astronómico importe del déficit tarifario? Parece que no, desde el punto de vista jurídico.

Rafael Villaseca ha sido muy explícito, aunque también incrédulo ante la eventualidad de que el Gobierno aplique una solución "a la griega" para un problema que, contrariamente al caso heleno, ni ha sido generado por las empresas ni responde a una política de ocultación ni de mala gestión por parte del sector. Para el directivo catalán, el déficit tarifario, que este año puede incrementarse en por lo menos otros 4.200 millones adicionales si el Gobierno no adopta ninguna medida, es un derecho de cobro reconocido por los Gobiernos que se han sucedido desde entonces y, salvo las cantidades ya titulizadas y avaladas por el Estado (más del 50% del acumulado), se encuentran embalsamadas en sus balances y, en consecuencia, son financiadas por las propias empresas. Lo llamativo de este contrasentido es que las empresas ni son responsables de su generación ni el déficit es consecuencia de errores derivados en la planificación energética.

Precisamente, el aspecto perverso del déficit es su propio concepto y origen. Cada año, el Gobierno, al autorizar una modificación insuficiente de las tarifas, admite que se va a producir un desafase entre los ingresos regulados y el coste de la generación y distribución de la electricidad. La diferencia, bautizada como déficit tarifario, es recurrente y queda definida de partida, con lo que deliberadamente se genera una cantidad acumulada cuyo abono se deja pendiente para ser cobrado vía tarifas a generaciones futuras, siendo un servicio que se consume en el momento. El Gobierno de Zapatero, en la segunda mitad de su segunda legislatura, trató inútilmenete de resolver el problema, estableciendo un límite legal previo, pero ese coto, bien porque estaba mal calculado bien por desviaciones derivadas de la crisis, ha sido superado año tras año sin que aquí haya pasado nada. En otras palabras, se hizo la norma, se incumplió y vuelta a las andadas.

Ni Montes ni Villaseca han explicitado de una manera concreta cuándo podrá ser corregido este desafase entre ingresos y costes, aunque sí han señalado la urgencia de hacerrlo. El directivo catalán ha sido más preciso y ha apuntado hasta siete propuestas que ayudarían a ello, fundamentalmente a través de la reducción de las primas a las renovables (o cargando sobre estas energías una parte de los costes y déficit nuevos), sobre todo porque considera que el volumen anual de las subvenciones coincide básicamente con el déficit generado. Además, agrega, su financiación solo la soportan en la actualidad las cinco empresas (Iberdrola, Endesa, GNF, HC Energía y E.ON España) que se encuentran fuera de lo que se conoce como el regimen especial (renovables, biomasa y carbón). Y no el resto, que ya supone casi el 30% del sistema.

Abiertas a una negociación, las empresas han mostrado su oposición a que se apliquen quitas en su monto, tal como ha sugerido el ministro Soria. Y, aparte de los argumentos técnicos y económicos, no han dudado en recurrir a los jurídicos. Básicamente, y dicho de una manera llana, porque la quita es una consecuencia resultante de un proceso concursal y aquí a nadie en su sano juicio se le podría ocurrir entrar en una estrategia de suspensión de pagos o quiebra para poder aplicar una reducción de su importe. Sería como matar moscas a cañonazos y más en medio de una crisis de deuda soberana en todo el mundo.

Resulta obvio que el ministro de Industria, nuevo en estas lides energéticas, anda algo confundido o quizá mal asesorado y mejor hubiera hecho si hubiera recurrido a un informe jurídico previo antes de lanzarse al foro. Pero es evidente que alguna cosa le ronda en la cabeza. Bien como medida de presión para doblegar resistencias, bien porque las ideas le han sido mal explicadas o han resultado mal entendidas. De ahí que algunos expertos hablen ahora de condonación voluntaria en lugar de quitas forzosas, extremo que en cualquier caso sigue siendo inaceptable para los gestores mejor amueblados intelectualmente de las empresas.

Veremos que dice este jueves Ignacio Galán. Y el resto de presidentes de las empresas cuando les llegue el turno.