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Pese a que pocos discuten en la actualidad que la estabilidad fiscal es precondición para cualquier otra cosa, cada vez son más los que manifiestan sus enormes dudas sobre el hecho de que la receta de austeridad sea suficiente para generar crecimiento, y así se ha manifestado el FMI al aconsejar a los gobiernos europeos evitar la aplicación de medidas de austeridad extremas -recortes en el gasto y aumentos fiscales- en los países más débiles, como Italia y España, ya que los agudos recortes presupuestarios desacelerarán el crecimiento y socavarán la confianza del mercado.
Cada vez con más frecuencia se dejan oír tesis contrarias a las férreamente respaldadas hasta ahora por la canciller alemana, Merkel, en la medida en que se considera que el modelo propuesto por Alemania de germanizar a los países del sur de Europa -Francia incluida- a lo único que está llevando a los países involucrados es a la ruina de sus economías.
Las nuevas previsiones del FMI revisando a la baja los datos ofrecidos en septiembre pasado, ha supuesto un aldabonazo para la zona euro al sentirse concernida de los consejos del Fondo en el sentido de que el continuado ajuste es necesario para la sostenibilidad a medio plazo de la deuda, pero que debe ser puesto en marcha a un ritmo que permita el crecimiento de la producción y el empleo. De lo contrario, pocos se atreven a vaticinar en que estado pueden llegar España e Italia a 2013.
Ante este escenario, el debate ha cambiado aunque en ningún caso gira en torno a detener el recorte de los déficits, sino al ritmo en que deben implementarse las políticas de ajuste fiscal y a la necesidad de que convivan, en el plazo y en el ritmo, con políticas para impulsar el crecimiento económico.
En este sentido, poner de relieve una primera aportación histórica hecha por Lagarde, directora gerente del FMI, al advertir que a Europa le llevó dos décadas pagar las deudas que sumó durante la Segunda Guerra Mundial. La funcionaria dejaba así una referencia para el debate sobre los ritmos y plazos para hacer frente a ese mundo que ha obsesionado a los países centroeuropeos y en especial a Alemania en torno a ajustes fiscales, déficits públicos y deuda soberana.
Llegados a este punto, emerge el problema sobre una cuestión de calado: cómo y donde la economía española puede crecer para generar el empleo necesario, no solo para reducir la tasa de paro existente, sino para hacer frente al actual o similar nivel del estado del bienestar.
Hasta ahora, bajar al nivel de lo concreto no parece haber sido del gusto de la clase política y los expertos no han hecho especiales aportaciones en este sentido, salvando la propuesta de "economía sostenible" realizada por el anterior gobierno de Rodríguez Zapatero y que al día de hoy más parece una reliquia del pasado que un proyecto de futuro.
La idea de apoyar e incentivar el crecimiento y la competitividad de la economía europea parece ir cobrando fuerza en la zona euro, aunque hasta, ahora ambos términos no dejan de reflejar un voluntarismo europeo más que una realidad fuertemente asentada.
¿Políticas de crecimiento?
Resultaría de especial intereses saber que entiende el consejero catalán, Mas-Colell, o el candidato a la Secretaria General del PSOE, Pérez Rubalcaba, por políticas de crecimiento, cuando ambos coinciden en solicitar a la UE medidas para impulsar dicho crecimiento económico. El gobierno, por su parte, ha empezado también a modular sus mensajes y aunque mantiene con solidez su compromiso de reducir el déficit público, ha empezado a manejar la necesidad de que la UE adopte medidas para impulsar el crecimiento y la creación de empleo (de Guindos) o a solicitar que se dediquen los excedentes de fondos estructurales y de cohesión europeos a políticas activas de empleo (Rajoy).
Hasta ahora en España, buena parte de las medidas de crecimiento han girado en torno a las llamadas políticas activas de empleo, consistentes en organizar cursos de formación para desempleados con la secreta esperanza de que alguno de ellos se acerque en algo a un eventual contrato. Sin negar la validez de este tipo de políticas a las que se dedican anualmente más de 7.000 millones de euros, no parece que los resultados obtenidos estén acordes con las cantidades de dinero que se manejan, básicamente gestionadas por sindicatos, comunidades autónomas y entidades locales.
Cada día que pasa es más manifiesta la devastación del tejido industrial español causada por las deslocalizaciones, derivadas de la globalización y rematadas por una larga crisis y que se refleja en fábricas cerradas, locales y naves industriales vacías, en alquiler o simplemente abandonadas a su suerte. Poner freno a este proceso es un fenomenal reto que en algún momento alguien tendrá que abordar. Frente a las tesis liberales de que el Estado debe intervenir lo menos posible, pocos son los que dudan de que esa tarea se pueda abordar sin una planificación previa y, obviamente, sin una participación de los presupuestos públicos.
La economía española ha experimentado una extraordinaria metamorfosis en las últimas décadas, lo que se percibe con claridad en la estructura del PIB por sectores económicos. Así y de acuerdo con los datos de la Contabilidad Nacional, se comprueba como en el periodo que va desde 1990 a 2010, la agricultura y pesca han reducido en casi 3 puntos porcentuales su peso, mientras que la industria lo ha hecho en un 10%. Por su parte, la construcción ha subido su participación en un 1,3% hasta el 10,1 y los servicios en un 11% hasta el 71,5.
Haciendo un ejercicio similar sobre la estructura del empleo, comprobamos como en el mismo periodo de 20 años, la agricultura y la pesca ha pasado de representar el 11,5% al 4,4%, mientras que la industria caía desde el 20% al 14,2 y la construcción del 9,9 % al 8,5%. Por su parte, los servicios han pasado de ocupar al 55% de la población activa en 1990 al 72,8% en 2010.
La gran pregunta: ¿Dónde crecer?
Asumiendo que la construcción no va a volver a tener el peso que ha llegado a tener en el PIB, ni a ser la fuente de empleo que ha sido, no es fácil generar políticas de crecimiento económico en España en las actuales circunstancias o al menos son pocos son los que se lanzan a definir qué sectores pueden ser susceptibles de desarrollo y que, a la vez, sean suficientemente competitivos como para hacerse un hueco en los exigentes mercados exteriores.
Queda claro que en las últimos años se ha registrado una disminución paulatina de la contribución de la industria en el PIB, mientras que el sector servicios ha ido adquiriendo una importancia creciente, demostrando que España es muy competitiva en estos últimos, lo que permite que buena parte de la inversión española en el exterior esté en los sectores bancario, gestión y construcción de infraestructuras, distribución, ingeniería, energías renovables, seguros, telefonía, gestión de aguas y basuras, hoteles, producción y distribución de energía, etc.
Aproximación superficial
Una aproximación siquiera superficial a las políticas de reindustrialización desarrolladas en España, no permite ser especialmente optimistas y no dejan de ser anécdotas los resultados conseguidos en el Campo de Gibraltar, las comarcas de Almadén, Bahía de Cádiz, El Ferrol, Canarias, Soria, Teruel o Jaén, por poner solo un ejemplo. Sin embargo, sí se ha demostrado que las ayudas del Estado pueden ser extraordinariamente operativas, aunque excepcionalmente caras, cuando se analiza el impulso al sector de la energía solar.
Como dicen los textos del gobierno, "es un hecho reconocido de manera muy amplia el papel que la industria juega en el desarrollo económico, y la necesidad de ejecutar una política industrial que tenga como prioridad crear las condiciones favorables al establecimiento y desarrollo de empresas, fomentando los procesos de modernización tecnológica y de innovación del tejido industrial". Ahí se agota la política de reindustrialización de este país y sobre esa afirmación debería asentarse cualquier política de impulso de crecimiento económico y de creación de empleo.
Cada día que pasa, el tejido industrial español languidece con la consecuencia directa de una importante pérdida de mano de obra productiva y sobre ese panorama alguien debería empezar a tomarse en serio las grandes cuestiones que giran en torno al problema centrado en los sectores productivos y en el valor y los aspectos competitivos que lo conforman. Con toda esa tarea por delante, no deja de ser una frivolidad hablar de disputas entre los ministros de Guindos y Montoro.
Por encima de que el crédito fluya, o de incentivos que se puedan implementar, o de leyes dedicadas a los emprendedores, la tarea urgente que se presenta se antoja compleja hasta límites insospechados y supera con mucho aquel reduccionismo que Gonzalez Pons manejara en la campaña electoral cuando afirmó que el reto consistía en crear un millón de emprendedores para que cada uno creara a su vez dos o tres puestos de trabajo sacando así del paro a tres millones y medio de personas, y que esos tres millones de trabajadores al cotizar en la Seguridad Social y pagar impuestos, solucionarían el déficit.
La globalización productiva ha abolido las fronteras físicas establecidas y ante esa realidad parece ciertamente urgente reinventar el futuro y responder a un indeterminado número de preguntas que los expertos formulan sobre si se considera posible llenar de nuevo tanta fábrica vacía y resituar a toda la mano de obra en paro en base a tecnología punta y empresas 2.0, o qué hacer para recuperar nuestra hegemonía productiva, y devolver la decisión estratégica del producto a nuestras empresas, o si se requieren soluciones múltiples y pluridisciplinares, o si es razonable abandonar la cultura del producto, o si es sostenible cualquier ventaja competitiva que no pase por el dominio de éste y de su modelo de negocio.
Demasiadas preguntas para tan pocas respuestas.
Tendencias es una publicación on line de circulación restringida que edita Carlos Díaz-Guell.
La colección completa puede ser consultada en http://www.tendenciasdeldinero.com/