El MONITOR

Construcción: créditos participativos para autopistas

El Gobierno de Rajoy recorta en 400 millones este tipo de financiación a las concesionarias

Ignacio Mulas.– Entre las medidas adoptadas por el Gobierno la pasada semana se ha colado un tijeretazo mayúsculo de créditos participativos a las concesionarias de autopistas de peaje, por importe de 400 millones de euros. El objetivo de ésta, como del resto de medidas adoptadas, es reducir el déficit público en línea con lo exigido por Bruselas. Esta medida, sin embargo, tiene algo de fantasmal; se menciona sin más en la nota de prensa oficial del consiguiente consejo de ministros, pero no aparece en el Real Decreto que oficializó el conjunto de las medidas adoptadas. Los créditos participativos aludidos no son gasto.

Son préstamos públicos que las empresas deben devolver aunque con condiciones, plazos y periodos de carencia más favorables que los del mercado. Su dotación procede del Capítulo VIII de los Presupuestos Generales del Estado (ingresos patrimoniales del Estado) y no de Capítulo VI (inversiones reales) y son -eran- fruto de una larga, dura y a menudo tensa negociación entre las concesionarias afectadas por los problemas de origen y el anterior ministerio de Fomento.

A la fecha nadie sabe en el sector su alcance. Ni los ministerios económicos -verdaderos autores de la medida- ni el de Fomento han consultado previamente con las patronales ni con las empresas afectadas, ni les han comunicado el alcance de esta decisión ni han pedido opinión al sector con carácter previo a su adopción. En cualquier caso, pase lo que pase con las alternativas que se puedan barajar, el daño ya está hecho, especialmente respecto a lo que puedan hacer en adelante los bancos y entidades financieras, que están estos días pendientes de refinanciaciones cruciales para la pervivencia de algunas concesiones afectadas por el problema básico, el sobrecoste hasta de un 400% de las expropiaciones.

La Ley del Suelo

El origen del problema fue la anterior Ley del Suelo, vigente en el momento de la adjudicación de una serie de autopistas principalmente las radiales de Madrid y el eje-aeropuerto de Barajas más la Cartagena-Vera, Madrid-Toledo y Ocaña- La Roda. Esta Ley del Suelo, aprobada por anteriores gobiernos populares, permitía valorar los terrenos a expropiar por entes públicos con fines de interés social -como es el caso de los terrenos para la construcción de carreteras de todo tipo- por sus expectativas y no por su calificación en el momento de la expropiación.

Esta cuestión ya ha sido rectificada en la vigente Ley del Suelo, aprobada por el anterior gobierno socialista,  de modo que ahora los terrenos objeto de expropiación forzosa se valoran a precio de la calificación que tengan en el momento de la expropiación. Pero la aplicación de la anterior Ley motivó que los terrenos expropiados para las autopistas adjudicadas durante su vigencia alcanzaran -al final del proceso judicial que dirimió las diferencias de criterio entre las valoraciones previas de Fomento y el coste determinado por el Tribunal Supremo- sobrevaloraciones de hasta un 400%. Al delegar el ente concedente la gestión y pago de expropiaciones en la concesionaria a través de cantidades máximas autorizadas en el pliego de adjudicación, este sobrecoste ha lastrado gravemente las cuentas de resultados de las empresas afectadas, situación agravada aún más por la diferencia negativa muy importante entre los ingresos reales generados por tráfico y los previstos en los contratos de adjudicación.

Propietario, el Estado

En toda concesión administrativa de autopistas de peaje, el suelo es siempre propiedad del ente concedente público, en este caso, el Estado. Desde que se produjo la confirmación judicial definitiva de las valoraciones de los terrenos expropiados en esas autopistas, las empresas concesionarias y Fomento han mantenido unas largas, a veces duras y siempre difíciles negociaciones, máxime cuando se han producido en los años en los que la crisis era ya una realidad y comenzaba a ser prioritario el control del déficit público, desbocado y creciente mes a mes. Este alargamiento de las negociaciones ya ha puesto en serio riesgo de supervivencia a las concesionarias afectadas puesto que ha dificultado y encarecido en gran medida la financiación -y sobre todo, la refinanciación- del apalancamiento incurrido para construir cada autopista.

La decisión de suprimir 400 millones de estos créditos participativos -para 2012 se había llegado al compromiso de que alcanzaran los 600 millones- puede reducir a corto la deuda pública, pero no va a reducir el déficit público. La situación financiera de algunas concesionarias es tan crítica, que en éste y en los próximos meses se puede producir la quiebra de algunas de ellas. Según la legislación que regula el sector de autopistas de peaje, ello obligaría al Estado a rescatar esas concesiones asumiendo por tanto su pasivo, lo cual supondría un gasto público importante que puede llegar a ser insostenible -se calcula en el entorno de los 3.000 millones- si se produce esta quiebra en varias de ellas a causa de esta decisión de la que, por cierto, se han enterado por una nota de prensa oficial el pasado viernes, sin disponer hasta ahora de ningún desarrollo ni explicación posteriores.

Desconocimiento

Ante el desconocimiento del alcance de esta medida, hay opiniones que consideran que se trata de una iniciativa -apresurada pero de efecto limitado- que persigue retrasar unos meses, hasta la confección y aprobación de los nuevos Presupuestos para 2012, la revisión y/o ajuste de estos créditos participativos. Otros opinan que es una medida tomada con conocimiento de las perniciosas consecuencias para el déficit público que puede suponer pero que "eso no va a pasar mañana" gracias al dilatado proceso temporal que el rescate de una autopista supondrá si hay quiebras de concesionarias, y por tanto, que será difícil una vuelta atrás. Y como siempre hay optimistas; algunos -pocos- opinan que cuando se percaten de sus previsibles y negativas consecuencias para el déficit público, rectificarán anulando la medida. Pero, ya lo hemos dicho, el daño está hecho.

El Eje aeropuerto de Barajas, la Radial 4 o la Cartagena-Vera ya han amagado con la quiebra. Veremos en los próximos días qué hacen los bancos, que también se juegan una millonada en el envite. La cosa no pinta nada bien, así que, ¿asistiremos a la primera rectificación de este Gobierno o veremos quiebras en cadena alimentando el déficit, que es lo que se trata de minorar? ¿Dejará de ser fiable la garantía del Estado en estas y parecidas operaciones, dando una estocada muy grave