FIN DE SEMANA

Estabilidad financiera, paro... y Fitch para echar leña al fin de semana

Déficit 0 para las Comunidades Autónomas con pena de multa de hasta el 0,2% del PIB

C. M.– El paro volvió a subir en 2011 hasta los 5.273.600 parados, según la Encuesta de Población activa (EPA). Aunque la cifra está algo por debajo de la previsión del Gobierno, que estimaba que el paro en España alcanzaría los 5,4 millones de personas, son noticias tremendamente malas para la economía española, más presionada todavía por la bajada de la calificación financiera de Fitch, desde 'AA-' hasta 'A' con perspectiva 'negativa', y las medidas contra el déficit del Plan de Estabilidad Financiera, que exigirá a todas las administraciones alcanzar el déficit cero en 2020. El proyecto aprobado por el Consejo de Ministros prevé penas de hasta el 0,2% del PIB para las administraciones que no cumplan este objetivo.

Se trata de una meta mucho más estricta que el máximo del 0,4% del PIB, introducido en la reforma de la Constitución pactada por PP y PSOE el pasado verano. Ahora, aquel máximo queda reservado para las administraciones que estén desarrollando reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo o en situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria.

El anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera contempla la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto. De esta manera, obliga a las administraciones a ir reduciendo los actuales niveles de deuda hasta alcanzar el déficit cero en 2020. La iniciativa introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, que no podrá superar el 60% del PIB, según explicó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Transparencia y sanciones

La ley contempla un aumento de la transparencia de las cuentas de las administraciones, que deberán dar información sobre las líneas fundamentales de sus presupuestos antes de aprobarlos. Para Montoro, reforzará la estructura institucional de España y mostrará la existencia de unos controles establecidos para asegurar el cumplimiento del déficit. "Facilita la financiación de la economía del país y asegura los servicios públicos básicos de los españoles, además de reafirmar nuestros compromisos con la UE y recuperar una imagen de solidez ante los socios europeos, condiciones y premisas para volver al crecimiento", enfatizó el ministro.

En caso de que alguna administración llegase a incumplir los objetivos de déficit, el Gobierno exigirá la presentación de un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año. Si este plan tampoco se cumpliera, la administración incumplidora deberá constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa.

El cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta para autorizar emisiones de deuda, conceder subvenciones o suscribir diferentes convenios, y las sanciones impuestas a España por la UE en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable.

El tercer sector advierte de un posible "crack social"

Mientras el Consejo de Ministros aprobaba estas estrictas medidas de austeridad, la Plataforma del Tercer Sector pedía al Gobierno que refuerce los mecanismos de protección para dar respuesta a las necesidades de los 5,3 millones de parados y evitar un crack social. "Si en plena crisis se deja de invertir en este tipo de servicios ya estructurados que estaban atendiendo y de alguna manera fomentando el aumento empleabilidad, el coste va a ser mayor y la fractura social excesivamente preocupante", ha declarado el presidente de la platoforma Luciano Poyato.

La principal preocupación de estas entidades es la posibilidad de que millones de personas caigan en un ciclo de exclusión, especialmente por el aumento de un 13% en el paro de larga duración. La tasa de paro escaló en 2011 hasta el 22,85% tras cinco años consecutivos de destrucción de empleo en España. En 2007, el paro se incrementó en 117.000 personas, en 2008 subió en 1.280.300 desempleados, en 2009 en 1.118.600 personas, en 2010, 370.100 personas y 5.273.600 en 2011.