EL MONITOR
Termina sus sesiones con apenas un tercio de la actividad prevista
Pocos avances y muchos retrocesos en la situación de los sufridos hipotecados
Se acabó el entremés. Esta semana, la subcomisión del Senado para las hipotecas se pone sobre las tablas por última vez con las comparecencias de representantes de la Asociación Hipotecaria y la Confederación de Cajas de Ahorros. La obra toca a su fin después de tres meses de representaciones bastante escasas e insulsas, que no han aportado ni conclusiones ni avances al grave problema de los hipotecados en España. A finales de junio, la cámara baja puso en marcha el invento, cuyo cometido sobre el papel iba a ser el análisis de aspectos controvertidos de los préstamos hipotecarios como las cláusulas abusivas, las ejecuciones hipotecarias o la dación en pago. Las conclusiones serían compiladas en un informe que sería remitido al Congreso.
Al final, el adelanto de las elecciones ha conseguido que la subcomisión solo complete un tercio de las sesiones previstas. Esa es la atención que han merecido los problemas de cientos de miles de hipotecados españoles, que acudirán (o deberían acudir) a las urnas el 20-N.
Y no es que su actividad haya ‘puesto firme' al Gobierno, precisamente. Durante el tiempo que ha estado en funcionamiento -es un decir- los afectados han conseguido que el Ejecutivo aprobase la ampliación del mínimo inembargable que se limitaba al salario mínimo interprofesional de 642 euros hasta el 150% de éste; es decir, hasta los 961 euros. También subió el porcentaje que los bancos deben pagar para quedarse con un piso tras una subasta desierta, del 50 al 60%. Y pare usted de contar.
Mientras los consumidores habían de conformarse con migajas, en el mismo período las dádivas que se han hecho al establishment bancario han sido mucho más sustanciosas: la más importante, el proyecto de orden ministerial sobre transparencia bancaria que está ultimando el Gobierno, que ampara la inclusión de los denominados ‘swaps' y las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios.
La propuesta, además, prevé que las entidades puedan cobrar a los clientes por el asesoramiento sobre los productos que ofertan y elimina la obligación de registro y control en el Banco de España de las comisiones que se cobran por los servicios.
La lucha sin cuartel contra las cláusulas suelo y los ‘swaps' que ha tenido lugar en los tribunales durante el último año, con notables sentencias que calificaban como abusivas estas prácticas, no parece pesar en el ánimo de la ministra de Economía, Elena Salgado, que con esta norma de rango reglamentario consolida el derecho de pernada financiero de bancos y cajas.
Esto es lo que sucede mientras sus señorías discuten en las pocas reuniones de una subcomisión condenada al ostracismo desde sus inicios. Las cuestiones clave, las cláusulas suelo y la dación en pago, se encontraron con un muro insalvable: la postura inmovilista del Gobierno, encarnada en la figura de la vicepresidenta económica, muy preocupada por la solvencia de las entidades financieras y muy poco por las necesidades de los vinculados a una préstamo para adquirir una vivienda. Y así, las cosas están no igual, sino peor, en el corral de comedias hipotecario.