RURALES

Cajamar abre la puerta a más cajas rurales tras la incorporación de la de Canarias

Hace caso omiso a un informe de  AFI y que recomendaba una alianza con Cajasiete

Miguel Ángel Valero.– Cajamar, la más grande entre las cajas rurales y las cooperativas de crédito, suma y sigue. Directamente o a través del Sistema Institucional de Protección (SIP) Grupo Cooperativo Cajamar, en el que están integradas seis cajas rurales de la Comunidad Valenciana y ahora la Rural de Canarias, la entidad almeriense está presente en 41 provincias de 15 comunidades autónomas (más Ceuta y Melilla), con más de 795.000 socios, 2,5 millones de clientes y un volumen de negocio gestionado que sobrepasa los 56.000 millones de euros.

El Grupo Cooperativo Cajamar sumará activos valorados en 31.789 millones de euros con la incorporación de la entidad grancanaria, lo que supone una tercera parte del balance de las 74 cajas rurales que operan actualmente en España. Cajamar tiene una de cada cinco oficinas, y uno de cada cuatro empleados, del sector.

Pero quiere más. Cajamar está abierta a la incorporación de otras cajas rurales, como ya ha hecho con la del Duero y la de Baleares, mediante absorción, y las levantinas Caja Campo, Casinos, Albalat, Petrer, Turis y Castellón, y la Rural de Canarias, a través del SIP. El objetivo es un grupo financiero nacional relevante, ya que ahora su presencia es significativa sólo en Andalucía, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Baleares, Comunidad Valenciana y, a partir de final de año, cuando se produzca la integración efectiva de la última incorporación, Canarias.

Una asamblea general extraordinaria de la Rural de Canarias debe ratificar el acuerdo del Consejo Rector de la entidad para la incorporación a Cajamar. Una decisión que no ha gustado nada al Gobierno canario, partidario de la creación de una gran caja rural regional, mediante la fusión de la de Canarias con la tinerfeña Cajasiete, que compensara la pérdida de peso en las cajas de ahorros: CajaCanarias está en Banca Cívica, y la Insular, en el Banco Financiero y de Ahorros/Bankia.

Tampoco contó con el apoyo de todos los miembros del Consejo Rector de la Rural de Canarias, como lo refleja el hecho de que el comunicado oficial en el que da cuenta del acuerdo reconoce que éste se adoptó por "mayoría absoluta". Otras versiones hablan de aprobación "por un solo voto de diferencia".

Pero lo más curioso es que la Rural de Canarias desoyera incluso un informe encargado (y pagado) por la propia entidad. Sus directivos encargaron a Analistas Financieros Internacionales (AFI), la consultora que asesoró en el fracasado proyecto de Solventia, el SIP de las rurales locales y comarcales, un informe sobre posibles alianzas. En el informe preliminar, AFI ya descartó una operación con Cajamar, inclinándose por Cajasiete como primera opción, y por el Grupo Ibérico, formado por la sevillana Rural del Sur, la Rural de Extremadura y la de Córdoba, como segunda.

Los directivos de la Rural de Canarias obligaron a los expertos de AFI a volver a incluir a Cajamar entre las opciones a analizar, argumentando que era la de mayor tamaño, y descartaron al Grupo Ibérico. No obstante, el informe definitivo de AFI insistía en que la mejor opción era la alianza con Cajasiete, pese a que su director general, José Luis Ramírez, proclamaba que sólo contempla la fórmula de la fusión.

Además, AFI advierte en su informe de que la liquidez estructural de Cajamar es del 87%. El 13% del dinero que presta no lo obtiene de sus clientes, sino que debe recurrir a la financiación mayorista. En los próximos tres años vencen 3.300 millones de euros y AFI argumenta que la renovación de la deuda "se antoja complicada y muy cara, con altísimo riesgo" para la "estabilidad" y la "cuenta de resultados" de Cajamar, ya que la rural almeriense tiene una calificación de Baa3 en Moodys, muy cercana a la del bono basura.

Otras opiniones señalan que una fusión con Cajasiete costaría 50 despidos o prejubilaciones, mientras que la integración en Cajamar garantiza el mantenimiento de la plantilla. Algo muy valorado por los sindicatos. Ana Hernández, de COMFIA-CCOO, señala que el sindicato siempre ha apoyado "aquella decisión empresarial que garantizara la estabilidad de sus trabajadores". La organización sindical considera que Cajamar tiene los mayores estándares laborales de todo el sector de cajas rurales, y que en el proceso de integración de la Rural de Canarias reivindicará un protocolo laboral que garantice la renuncia "a la utilización de cualquier medida traumática", como despidos por causas objetivas, expedientes de regulación de empleo o traslados, y un calendario para la homologación de condiciones laborales entre las dos entidades.

Los trabajadores de la Rural de Canarias se decantaron, en una asamblea celebrada el 21 de julio y que no tenía carácter vinculante para la entidad, por la integración en Cajamar, rechazando la opción de Cajasiete. La plantilla de la Rural de Canarias cobra un 25% más de media que la de Cajasiete.

En Cajamar se limitan a destacar que Caja Rural de Canarias mantiene su personalidad jurídica, órganos de gobierno y dirección, sede social, marca comercial, empleados, servicios centrales y oficinas, lo que no hubiera sucedido en una fusión con Cajasiete. Y que esta entidad será la "cabecera" del grupo, con una dirección general, en el archipiélago, con una por lo que una hipotética incorporación de la tinerfeña Cajasiete debería contar con el beneplácito de la Rural de Canarias.

Una versión explica la integración de la Rural de Canarias en Cajamar por las conexiones de ambas entidades con el mundo del tomate. Muy importante en las zonas grancanarias de Santa Lucía de Tirajana y Agüimes, pero también en Almería.