Rubalcaba impone a Zapatero recuperar un impuesto suprimido en 2008 por el Gobierno

Los millonarios no tiemblan ante el Impuesto del Patrimonio

Nunca sirvió para acentuar las cargas a las grandes fortunas sino a la clase media

José Sánchez Mendoza.– Comienza el sprint final hacia las elecciones. Alfredo Pérez Rubalcaba quiere que el 20-N, más que segura fecha de caducidad del Gobierno socialista, los votantes olviden la neoliberalísima gestión de la crisis, por lo que, en un ejercicio de vudú fiscal, le ha devuelto la vida al impuesto sobre el Patrimonio. Una medida que venderá como digna de la segunda sigla del acrónimo PSOE. Sin embargo, es difícil que los electores bien informados obvien que esta resurrección responde más bien a la presión de Bruselas, los mandatos de las organizaciones económicas internacionales y, sobre todo, a una operación de maquillaje político dirigida a paliar el inminente desastre. Fueron los socialistas los que eliminaron este tributo en 2008, privando al Estado de los ingresos que reportaba en una de las coyunturas más desfavorables de la historia.

Se encontraba regulado por la Ley 19/1991, que establece como objetivo del impuesto la búsqueda de la eficacia en la utilización de los grandes patrimonios contribuyendo a la redistribución de la riqueza, de forma complementaria al IRPF.  De devengo anual, carácter directo y naturaleza personal, gravaba el patrimonio neto de la persona física, es decir, el conjunto de bienes y derechos de contenido económico del que sea titular el sujeto pasivo.

Hace unos días, Rubalcaba, con la ligereza de quien tiene poco que perder, anunció que subiría los impuestos a las rentas más altas, lo que ponía la pelota en el tejado del Gobierno. Para dar coherencia a la promesa de su candidato, y por petición expresa de éste, Zapatero ha accedido a reactivar el impuesto sobre el Patrimonio, decisión que previsiblemente se concretará el Consejo de ministros el próximo viernes. Sin embargo, es dudoso que las arcas del Estado experimenten una gran recuperación a costa de los bolsillos de los Botín, Ortega, Koplowicz y sus colegas del circuito de grandes fortunas de nuestro país.

La recaudación correspondiente a 2007, último año en que estuvo en vigor, fue de 2.121 millones. Si no se cambia la ley que regula el tributo, la previsión es que en el primer año de su nueva andadura recaude unos 1.500 millones de euros, cantidad que representa tan sólo una ínfima fracción de la necesaria para empezar a hablar de una reducción del déficit. Y es que los más acaudalados siempre han sabido cómo torear al miura tributario, llevando sus fortunas a los paraísos fiscales, por lo que las cornadas del impuesto sobre el patrimonio les caían siempre a las clases media y media-alta.

Modificaciones profundas

Según ha reconocido el propio Rubalcaba, es necesario modificar la norma para que alcance a los verdaderos ricos. Tampoco vendría mal, dicen los expertos, introducir mecanismos que estrechasen el cerco fiscal sobre aquellos que se olvidan de que Hacienda somos todos, pero esto de momento no entra en el discurso del candidato. Y como el calendario electoral viene un poco apretado para abordar una reforma integral del sistema de impuestos que incida en las grandes figuras recaudatorias (IRPF e IVA), el impuesto sobre el patrimonio es la vedette de la fiesta

La lluvia de reproches no se ha hecho esperar. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, reniega del impuesto porque "castiga al que ahorra", y Juan Rosell, presidente de la CEOE lo critica por "arcaico", abogando por el IRPF como la herramienta mejor calibrada para gravar a las grandes fortunas.

No obstante, tampoco faltan quienes no desdeñan del todo las posibilidades del proyecto. Leopoldo Pons, experto en fiscalidad del Consejo General de Colegios de Economistas, lo ve como una servidumbre de paso hacia otros cambios fiscales en los que trabaja el Gobierno. Pons, en declaraciones a Europa Press, ha afirmado que será un "factor legitimador" que allanará el camino para conseguir el apoyo de la oposición popular a las medidas necesarias para reducir el déficit al 3% de aquí al año 2013, y que pasarán, sin duda alguna, por el IRPF.