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Publicado el jueves 1 de septiembre de 2011

La CNE rechaza estudiar el acuerdo y señala que es una operación corporativa entre dos accionistas

Brufau y Del Rivero 'aplazan' sus diferencias hasta el próximo consejo de Repsol, el 28 de septiembre

Cristobal Montoro (PP) frena el entusiasmo de Sacyr y Pemex tras su golpe de efecto en Repsol

Antonio Brufau y Del RiveroC. M.– La política ha entrado de lleno en juego en la batalla por el control de Repsol. A las declaraciones del martes de Miguel Sebastián, ministro de Industria y Energía del Gobierno de Zapatero, lavándose las manos prácticamente sobre la sindicación de acciones entre la constructora Sacyr y la mexicana Pemex, se han unido este miércoles las del coordinador de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro, que ha asegurado que no entiende que operaciones "de tanta envergadura" como la planteada por Sacyr y Pemex en Repsol se hagan al final de una legislatura. Montoro ha requerido que no se precipiten decisiones "que puedan condicionar a todos de cara al futuro". Montoro ha exigido también "sosiego" y demandado que se tengan en cuenta los intereses de todos los accionistas. Quizá haciéndole caso, no parece probable que Antonio Brufau, como presidente de Repsol, y Luis del Rivero, presidente de Sacyr, se vean las caras de nuevo (el martes tuvieron un breve encuentro, a petición del constructor) hasta el próximo 28 de septiembre, fecha prevista para la reunión habitual del consejo de administración de la petrolera. Hasta entonces, a menos que se convoque uno extraordinario, las espadas seguirán en alto.

Por su lado, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) no estudiará el acuerdo suscrito por entender que no entra dentro de sus competencias. En algunos medios, la declaración de la CNE ha sorprendido ya que "nadie se la había solicitado", según expresó un consejero de una de las empresasafectadas. Y hablando de consejos, el de Sacyr se reunió el lunes a petición de su presidente para dar cuenta del acuerdo alcanzado con Pemex. En la reunión, según fuentes periodísticas, se solicitó a Luis del Rivero que informarse en persona a Antonio Brufau al tiempo que se ratificaba por unanimidad en pacto de sindicación alcanzado con Pemex.

Mientras, la política se ha inmiscuido en la batalla, como no podía ser de otra manera. Requerida su opinión en rueda de prensa, el dirigente 'popular'  Cristobal Montro explicaba que esta operación es de naturaleza empresarial, pero que tiene una gran entidad "porque afecta a sectores estratégicos" de la economía española y a "sectores estratégicos" de la internacionalización. "Nos gustaría que este tipo de operaciones se vieran sometidas a procedimientos clarificadores, aunque entendemos que tengan también su tiempo propio", ha añadido.

Montoro ha insistido en que operaciones como la de Repsol no deberían realizarse en un tiempo que es "prácticamente de agotamiento de legislatura", y que, según ha apuntado, podría llevar a que se precipitasen decisiones empresariales que, "sin duda alguna, van a condicionar a todos cara al futuro". "En la medida de lo posible, lo que habría que pedir es que estas operaciones no se plantearan a final de legislatura y que siempre se planteen en favor de todos los accionistas, principalmente de los minoritarios, del pequeño ahorrador", ha concluido el 'popular'.

La CNE se inhibe

Por su parte, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) no estudiará el pacto de Sacyr Vallehermoso y la mexicana Pemex para sindicar su participación en Repsol, ya que "no requiere su autorización", informaron a Europa Press en fuentes del regulador energético. Al tratarse de un pacto de sindicación de participaciones y no de una toma de control, como sería en el caso del lanzamiento de una Oferta Pública de Adqusición (OPA), la operación no está sujeta a la autorización del organismo presidido por Alberto Lafuente.

Sacyr Vallehermoso, el primer accionista de Repsol con un 20%, y Petróleos Mexicanos (Pemex), el socio industrial más antiguo de la compañía, que posee actualmente un 4,8% y pretende adquirir un 5% adicional en las próximas semanas, anunciaron este lunes un acuerdo para votar de forma conjunta en las decisiones relevantes que se tomen en la petrolera. En concreto, Pemex elevará su participación al 9,8% con la compra de este 5% adicional en el menor plazo posible, en cualquier caso antes de 30 días naturales.

Con este acuerdo, ambas compañías sindican sus derechos de voto, que alcanzarán el 29,8% del capital social de Repsol, y aspiran a contar con una representación "acorde" con su participación en el capital social de la compañía. Sacyr y Pemex, que señalan que Repsol "no está valorada adecuadamente" y que se comprometen a adoptar las medidas tendentes a que el mercado reconozca su "verdadero potencial", consideran "positiva" la separación de las funciones de presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo --cargos que actualmente recaen en Antonio Brufau--, de manera que cada una de ellas la desarrolle un miembro del consejo de administración.

Minoritarios piden una OPA

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) considera que el pacto entre Sacyr Vallehermoso y Pemex representa a medio plazo "una amenaza importantísima" para los intereses de los pequeños accionistas de Repsol. En un comunicado, la asociación señala que el pacto entre el grupo constructor y de servicios y la petrolera estatal mexicana pretende tomar el control de Repsol, "pero sin presentar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al conjunto de los accionistas, incurriendo en un fraude de ley respecto a la legislación sobre OPA's".

Aemec subraya que considera que es "lícito y legítimo querer cambiar la política y la estrategia empresarial de una sociedad cotizada como Repsol, aunque cree que el mecanismo idóneo a tal fin es la presentación de una OPA sobre la totalidad del capital de la petrolera. A través de una oferta, la asociación señala que se permite asignar efectivamente el control de la compañía "a quien más la valora (pues está dispuesta a pagar más por dicho control), al tiempo que permite al conjunto de los accionistas tanto beneficiarse por igual del cambio de control como abandonar la compañía en condiciones idóneas si discrepan del nuevo control".

Para Aemec, el pacto de accionistas tiene como único objetivo tomar el control pero evitando la presentación de una OPA por la totalidad del capital social y puede suponer, conforme la estructura de la propiedad de la compañía, un cambio real en el control de la misma pero sin presentar una OPA, por lo que "violenta la normativa comunitaria y española de OPAs".

"Dudosa legalidad" del acuerdo

Además, afirma que el pacto parasocial entre Sacyr y Pemex incluye algunas previsiones de "dudosa legalidad", como la cláusula de suspensión del acuerdo de sindicación en el supuesto de que de forma sobrevenida, se incurra en el supuesto de OPA obligatoria, pues el pacto pretende suspender la sindicación desde el momento anterior a la orden de compra. Igualmente, Aemec denuncia la "incompatibilidad" en la que sitúa este pacto a todos los consejeros propuestos por el sindicato de acciones e incluso de forma sobrevenida a los actuales consejeros nombrados a propuesta de Sacyr y Pemex.

Así, considera que, a raíz del cambio de estrategia de Pemex, los consejeros nombrados por el sindicato de acciones deben considerarse en "un conflicto de interés de carácter permanente y, consecuentemente, deben abandonar el consejo de administración de Repsol". En el supuesto de que esta situación permanezca en la próxima Junta General, Aemec señala que pedirá el cese de los consejeros afectados por esta incompatibilidad. Además, la asociación ve en esta operación "el primer ejemplo práctico de las consecuencias irreparables y contrarias al interés de los socios minoritarios que la llamada 'enmienda florentino' está teniendo", indicó en alusión a la ley antiblindajes.