EL MONITOR

Consumo bancario: el Gobierno, incapaz de poner coto a las excesivas comisiones

Los cargos por gestión, mantenimiento, etc. de los bancos crecen exponencialmente durante la crisis

José Sánchez Mendoza.– Aunque de difícil comparación, Carlos V y el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero tienen un punto en común en su política: la concesión del derecho de saqueo. Ante la imposibilidad de pagar a su poderoso ejército con sus propios recursos, aquel permitía a sus tropas arramblar con todo cuando tomaban una ciudad, algo que no era muy consecuente con la doctrina católica por la que tanto batalló. Las entidades bancarias de la España actual no irrumpen con alabardas y arcabuces de chispa como la soldadesca del siglo XVI, pero algunas, forzadas por unos elevados costes de transformación y para compensar sus errores de gestión en la etapra boyante del crédito fácil, entran a saco en nuestros bolsillos con un arma más silenciosa aunque igualmente afilada: las comisiones bancarias. Y lo hacen con la bendición de nuestros políticos.

Los servicios bancarios en España ocupan el segundo puesto entre los más costosos de Europa, sólo superados por los italianos. 178 euros al año es lo que paga de media el consumidor por cosas como el mantenimiento de la cuenta o el ímprobo esfuerzo de gestionar una transferencia de vez en cuando. Desde el comienzo de la crisis económica mundial hace cuatro años, los bancos han recurrido (aún más) a una política próxima a la rapiña, a fin de salvar y mantener sus resultados a toda costa. Mientras que la inflación se ha incrementado un 9,1% en este período de tiempo, el cobro de las comisiones que pagan los usuarios se ha elevado entre un 13% y un 60%, según la operación y la entidad. Porque no todas son iguales.

Fuerte aumento

Según datos del Banco de España, desde 2007 hasta hoy las comisiones por mantenimiento y gestión de una cuenta bancaria aumentaron de 37,68 euros a 51,60, o lo que es lo mismo, un 36,94%. Tampoco es manca la subida del cobro por mantenimiento y emisión de tarjetas de crédito y de débito: un 17,7% más en el primer caso y un 46,57% en el segundo.

En cuanto a las tarjetas, retirar nuestro propio dinero va camino de convertirse en un lujo. El caso de la tarjeta de débito merece ser mencionado por haber registrado un encarecimiento que cuesta creer: un 60% si la operación se realiza en un cajero de la propia red y un 16,6% en una red ajena.

El Gobierno y el Parlamento tienen un sistema que mantener, que es el ecosistema donde viven y medran. Por eso, al igual que el emperador flamenco, dejan la moral a un lado y consienten el atropello ‘legal'. Elena Salgado, ministra de Economía, ha salido a la palestra con un proyecto de orden ministerial cuya letra sencillamente deja vía libre a las entidades para que sigan cometiendo los citados abusos y otros peores.

Proyecto en fase de consulta

Este proyecto de regulación, en fase de consulta, se limita a reformular por enésima vez los deberes de información y ‘transparencia' que existen desde hace dos décadas y que se han revelado inútiles para evitar los fraudes. No pone coto a la escalada intolerable de comisiones bancarias, ni limita la venta de productos tóxicos como los ‘depósitos estructurados'. Además, la norma proyectada permite a los bancos cobrar a los consumidores por el asesoramiento en algunos productos.

Naturalmente, las cláusulas suelo, que han sido en el último año la gran batalla del consumerismo español, salen indemnes. El proyecto se limita a exigir que esta figura sea explicada en una ficha de Información para el conocimiento del usuario. El notario queda reducido a un convidado de piedra, con la débil prerrogativa de advertir al consumidor de la presencia de estas cláusulas suelo en el contrato de hipoteca.

Con esta refundición de principios generales, sin valor ni fuerza algunos, Salgado vuelve a doblar la cerviz ante el establishment financiero, demostrando quiénes son sus jefes. Sin un ejército no se mantiene un imperio católico, y sin el apoyo del poder económico es imposible sostener un sistema bipartidista. Por eso, el derecho de saqueo sigue existiendo y existirá, hasta que salgan del Parlamento y de los ministerios textos legales con redaños.