ANÁLISIS
Zapatero decide la mayor reforma de las Cajas por Decreto
El presidente justifica la decisión, que afecta a la calidad de nuestra democracia, por razones de urgencia
El Gobierno ha decidido afrontar la que califica como la mayor reforma de la historia de las cajas, una reforma de calado, según palabras del presidente del Ejecutivo, por la vía del decreto. Según Zapatero, se trata de una reforma imprescindible para la modernización y la eficiencia de nuestro sistema financiero. Pero con la utilización del decreto Ley, como ya denunciara Luis María Cazorla en su libro, Crisis Económica y Transformación del Estado, al analizar la aprobación de las medidas anticrisis, también por decreto, se está afectando a la calidad democrática de nuestro sistema político.
Hemos pasado de aquí no pasa nada a que todo es urgente. El proyecto no es baladí. Incluye medidas para la despolitización y profesionalización del sector. Debe servir para fortalecer el sector financiero en nuestro país, y muy en especialmente a las cajas, cuya solvencia y viabilidad está tan cuestionada internamente, pero sobre todo desde el exterior. Y los recursos, aunque nada tienen que ver con los fondos destinados en Alemania por ejemplo para salvar a su sector, son muy importantes. Por mucho menos dinero del que ha pedido Caja Madrid al FROB para afrontar su saneamiento y fusión virtual cambiaron de administradores en Banesto en el 93.
Los populares critican el modo aunque consideran que el Gobierno les ha hecho caso en los demás aspectos relevantes que debe afrontar la reforma como son además poder acudir a los mercados y captar capital, crear cuotas participativas con derechos políticos, y que las entidades compartan riesgos y resultados, aunque mantengan su independencia de marcas.
En definitiva, un gran paso para asemejar, asimilar dicen otros, el sector de cajas a los bancos y permitir su coexistencia, sin imposibilitar que las cajas puedan traspasar su actividad financiera a un banco y transformarse en una fundación, renunciando a su condición de cajas. La fundación decidiría la actividad de la obra benéfico-social.
Para tomar cualquier decisión sobre el cambio de modelo de funcionamiento de una caja o su régimen jurídico, la reforma incluye la necesidad de que cuente con el visto bueno de dos tercios del consejo de administración de la entidad.
¿Y todo esto se quiere hacer a través de un Decreto Ley? La aprobación de tan ingentes medidas por la vía del decreto no concuerda plenamente con las exigencias de la democracia deliberativa que nos hemos dado. Y redunda, como denunciaba acertadamente Luis María Cazorla al analizar el sistema de aprobación de las medidas anticrisis, en perjuicio de la calidad de nuestro sistema democrático.
Conviene recordar, como también han denunciado en reiteradas ocasiones los diputados de diversos grupos parlamentarios, que el tratamiento de convalidación se rige mediante un obsoleto debate restringido, sin posibilidad de modificar en nada un texto cerrado, y que antes de debatirlo ya ha empezado a producir sus efectos jurídicos.
Volvemos al oligopolio político. La imagen que guardarán los ciudadanos es que tan importante decisión la han acordado en Moncloa el presidente del Gobierno y unos cuantos representantes de la oligarquía española encumbrados en la presidencia de las principales entidades de sus comunidades autónomas respectivas.
Resulta comprensible la desazón mostrada por los sindicatos que desvelaban ayer que el Gobierno les había reconocido que la decisión de aprobar hoy el proyecto de reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros se tomó en 24 horas.
Porque el Gobierno había acordado con los representantes de los trabajadores que antes de aprobar esta reforma, se negociaría entre todos lo mejor para las cajas. Los empleados, que denuncian que se trata de un claro proyecto de bancarización de las cajas, y que pone en peligro el papel que han jugado como motor de desarrollo de las comunidades autónomas, no parecen estar en esta ocasión entre todos.