Con casi 20.000 millones de déficit tarifario reconocido, las empresas tropiezan con dificultades de financiación
Moody's se ensaña con España desde que Gobierno y PP anunciaron su proyectado Pacto Energético
El mercado teme que el deseado acuerdo lleve más inestabilidad regulatoria al sector eléctrico
Con casi 20.000 millones de déficit tarifario reconocido, las empresas eléctricas deberían haber doblado las campañas de contento desde que Sebastián y Montoro se sentaron hace ya casi quince días -instigados por la ex directora general de la Energía Carmen Becerril y algunas constructoras-, a negociar en serio el ansiado Pacto Energético. Pero lo cierto es que nada está saliendo como se pensaba. Y habría que saber por qué. Una de las razones, más que obvia, fue la desición de anular una subida del 4% en el recibo de la luz de particulares y pequeñas empresas prevista para el primero de julio. A decir verdad, la cancelación de la subida era el chocolate dentro del océano de miles de millones de euros en los que se mueve el sector eléctrico. Pero el Gobierno (y esta vez también, el PP) decidieron desafiar de nuevo al mercado y lanzar un mensaje confuso -o muy claro, según se mire. Antes los votos que los intereses de los inversores extranjeros.
El castigo a España desde entonces ha sido espectacular. Los títulos de las eléctricas están siendo duramente penalizadas por los inversores foráneos, que han iniciado una huida de estos títulos -aparentemente y de momento, temporal-, muy preocupante. Valores como Iberdrola y Endesa, pero también REE- han perdido por lo menos un 12% de media en una semana, cuando el mercado, dada la incertidumbre derivada de la financiación de la deuda pública- debería considerarlos valores refugio. Ni siquiera un acuerdo del Ministerio de Industria con el sector de las energías renovvables, donde existen intereses financieros muy concretos procedentes de los Fondos de Alto Riesgo- ha servido para detener la caída, especialmente en Iberdrola, pese a que su filial de renovables se beneficiará directamente, según los analistas, del pacto del Gobierno con las eólicas y las fotovoltaicas alcanzado con nocturnidad el pasado viernes.
La razón de tanto desbarajuste puede encontrarse en la imagen de improvisación y cambio permanente que el Gobierno está dado allende nuestras fronteras en casi todas las cosas que hace, y no sólo en su política de recortes en los gastos, disciplina fiscal, reforma laboral y también en el sector eléctrico, muy expuesto a los vaivenes de los inversores institucionales. El hecho de que se haya sumado el Partido Popular al desconcierto gubernamental no ha hecho más que echar más leña al fuego y de ahí que primeros los inversores, luego algunas entidades financieras y ahora las agencias de rating penalicen a España y a sus empresas.
Veámos, si no, lo que un analista resaltaba ayer en relación a las más recientes actuaciones de Moody:
"Desde que el Gobierno y el principal partido de la oposición hicieron público que estaban negociando un acuerdo y decidieron congelar la pertinente revisión de la TUR como primera medida, las agencias de rating han comenzado a penalizar a España:
30 de junio: Moody's anuncia que estudia una rebaja de la calificación del Reino de España.
1 de julio: Moody's anuncia que rebaja la calificación a cinco comunidades autónomas -Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia- y anuncia que estudiará también la revisión de la calificación de la deuda del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la emitida por los bancos con garantía del Estado, la del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la de Corporación de Reservas Estratégicas (Cores) y la de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
2 de julio: Moody's y Standard & Poor's (S&P) anuncian que rebajan de estable a negativa la perspectiva de rating de Red Eléctrica de España (REE).
5 de julio: Moody's anuncia que rebaja de estable a negativa la perspectiva de rating de Iberdrola.
Según señala el informe emitido por Moody's sobre Iberdrola, "la acción sobre las perspectivas del rating se ha visto impulsada por el reciente anuncio del Gobierno español, junto con el Partido Popular, de una revisión de los costes de la electricidad del sistema español y la congelación del aumento de 4% en las tarifas eléctricas que se debería aplicar a partir del 1 de julio de 2010".
Dicho documento también pone de manifiesto que las posibles "medidas aumentan el riesgo regulatorio en el sector y podrían tener consecuencias negativas para las empresas eléctricas en España. Las preocupaciones de Moody's se relacionan con el hecho de que las tarifas actuales de electricidad son demasiado bajas para cubrir la totalidad de los costes, regulados y no regulados, del sistema".
De cualquier modo, y en el caso concreto de Iberdrola, la agencia "reconoce que lleva a cado una gestión financiera disciplinada y, en su compromiso con el rating A3, ha tomado recientemente medidas para reforzar y mejorar su perfil financiero a través de dividendos flexibles (scrip), desinversiones y una ampliación de capital en 2009, así como un estricto control de las inversiones"