Monitor de la Construcción
El tercer verano de la crisis y la obra pública
La masiva caída del empleo está aún por llegar
En el sector quedan por dilucidar los efectos de la reforma laboral
Y entre huelgas encubiertas o descaradas de controladores y demás fauna, que habitualmente se dedica a hacer agradables los viajes de los que pueden irse de vacaciones dándoles ese toque de aventura e incertidumbre que tanto nos gusta a todos y que tanto agradecemos a tan sensibles ciudadanos que, además, prácticamente hacen su trabajo gratis; entre anuncios de suspensiones o anulaciones de contratos de obra civil por parte del Ministerio de Fomento; entre expectativas de que si se amenaza con romper pactos políticos se lleva uno un pastón de los impuestos de todos para tener un juguetito -o dos, por si uno se estropea- tipo AVE para territorios con menos de 300.000 habitantes; entre alegrías de lo más variado, en fin, dejamos todo para septiembre.
El sector de la construcción tiene diferidos a septiembre muchos problemas o catástrofes anunciadas, según se mire. El primero, la catarata de EREs que se avecinan a causa de la singular gestión del ministro de Fomento a favor de la actividad constructora de obra pública, a la que va a dejar en cuadro. El efecto combinado de las suspensiones, anulaciones y rescisiones de contratos ya en marcha junto con la gallarda y esforzada marcha de la licitación de obra nueva hacia la más rutilante nada en la que el actual ministerio de Fomento está empeñado -diga lo que diga, las cifras son muy elocuentes- va a ser catastrófico para el empleo sectorial que en los últimos meses parecía haber tocado un cierto suelo -a las puertas del infierno, pero suelo al fin y al cabo- después de perder en dos años cerca de 1.200.000 empleos.
Y de golpe, en dos o tres meses como máximo, veremos crecer de nuevo el paro en la construcción porque el recortazo de Fomento va a dejar en la cuneta a un importe colectivo de profesionales bien formados y con experiencia, ya que el empleo de "mala calidad", existente antaño en el subsector de la obra civil, hace meses que se había volatilizado y las empresas conservaban solo a aquellos profesionales de mayor capacidad profesional y técnica "porque solo se va a mantener la obra pública". Já. ¿Qué dicen ahora los innumerables pelotas que desde el sector exultaban satisfacción al ser nombrado Blanco ministro de la cosa? ¿Se han aclarado ya entre considerarle ministro de Fomento o una reencarnación del entonces denostado profesor Varea en permanente cruzada -laica por supuesto- contra el déficit? ¿Es ministro de Fomento o vicepresidente económico de recortes varios? En fin.
Los presumibles EREs se pueden ver reforzados también por la incertidumbre sobre el resultado final de la reforma laboral. Si se persiste en el texto actual, que borra de un plumazo las peculiaridades de la construcción y las laboriosas negociaciones y pactos alcanzados en los últimos años entre sindicatos y patronal sobre la definición y consideración del "contrato fijo de obra", veremos más despidos porque si antes era difícil que una constructora mantuviera contratos fijos indefinidos, ahora gracias al celo recortador de José Blanco, ya a ser definitivamente imposible.
En septiembre comenzaremos a comprobar -aunque muchos creemos saber ya lo que va a pasar- si las Administraciones Públicas cumplen la Ley de Morosidad o es papel mojado de acuerdo con la más habitual interpretación del devoto consejo del Presidente de la FEMP a los alcaldes: No dejes de gastar, pero no pagues ni a dios. Aunque está clara la obligación de pagar a 30 días, parece que no está tan clara la disposición a cumplirla por parte de muchas instancias públicas, donde ya se analizan procedimientos dilatorios entre los que el más común parece que va a ser la no recepción de obras hasta que se acuerde con el empresario concernido lo de siempre y a callar que la vida es muy larga, o la continuada denuncia de defectos en cascada para no tener que certificar las obras. Ya se sabe que sobre "la satisfacción del cliente" todo es subjetivo... Y hay que insistir: ¿qué va a pasar con la enorme bola de deuda anterior que en muchas administraciones llega a más, mucho más, de seis meses? ¿Y con los contratos de servicios que, como ya hemos dicho, hay ayuntamientos que hace más de un año que no pagan?
Para septiembre o más lejos aún, se ha ido la famosa Ley de Captación de Capitales por los Concesionarios de Obra Pública, estrangulada hasta ahora por los problemas no resueltos de varias concesiones de última hornada, algunas ya más allá del ataque de nervios y a punto de quiebra. Y para septiembre se ha ido también la estrategia del ministerio de Economía y Hacienda -no admitida pero cierta- de no activar los créditos participativos previstos en el Presupuestos de 2010, unos 300 millones de euros, para solventar los sobrecostes de las expropiaciones en las radiales y otras autopistas jóvenes.
También asistiremos en septiembre a la resurrección y caída del olvidado PEIT 2005-2020, que eufemísticamente hay que actualizar u "optimizar" en la jerga política, o sea, adelgazar, aligerar, vaciar, posponer. No estaría mal que además de lo obvio, que es quitar a mansalva proyectos en él contenidos, se supriman algunas contenidos que hoy pueden herir la sensibilidad del castigado contribuyente, como es el caso del apartado que dice: "La concesión de autopistas de peaje estará supeditada a .... que exista una vía de gran capacidad -léase autovía- libre de peaje que por su trazado, diseño y estado de conservación constituya una alternativa real a la autopista de peaje". A ver si llegamos vivos a septiembre, que lo vamos a pasar bomba.