ANÁLISIS
La CAM condiciona su fusión con Cajastur pese a la presión del Banco de España
Barclays advierte de que las cajas necesitan 36.200 millones
Son días de vértigo. El sector sabe que hasta que se publiquen el próximo viernes los resultados de la resistencia de la banca europea será necesario dar salida a todos los estudios, estimaciones y provocaciones que todavía guardan algunas entidades del sector. Entre las cajas empiezan a ponerse en evidencia las dificultades que conlleva un proceso de consolidación atípico, como es el de las fusiones a través del Sistema Institucional de Protección, conocido vulgarmente como fusión virtual. Ayer, los consejos de administración de Caja Mediterráneo (CAM), Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria comunicaron que habían aprobado el contrato de integración en un Sistema Institucional de Protección y que estaba previsto que el nuevo banco comience a funcionar a finales de este año.
Pero minutos después una nota de la Caja del Mediterráneo (CAM) precisaba que su consejo de administración había acordado aceptar el contrato de Integración en un SIP con Cajastur excepto en lo que se refiere a la delegación de las facultades en el consejero delegado, algo que la caja asturiana aseguraría poco después que no se puede hacer. ¿En qué quedamos?
Resulta obvio: el Banco de España tendrá que volver a poner orden en la CAM.
El hecho es que los consejos de administración de las cuatro entidades, CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria habían aprobado el contrato de integración en un Sistema Institucional de Protección por el que se prevé que el nuevo banco resultante del acuerdo comience a funcionar a finales de este mismo año.
Sin embargo, en una comunicación oficial de la caja de Alicante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la entidad precisaba que ha aceptado el Contrato de Integración excepto en lo que se refiere a la delegación de las facultades en el consejero delegado, que será ocupado, como estaba preacordado, previsiblemente por el máximo responsable de Cajastur, Manuel Menéndez. Cajastur respondió que el contrato o se aprueba íntegramente o se rechaza.
El hecho es que la nota de CAM pone en entredicho el nacimiento del quinto grupo financiero español y el tercer grupo de cajas de ahorros de España, sólo por detrás de Caja Madrid y La Caixa. Contaría con unos 135.000 millones de euros en activos, una red de más de 2.000 oficinas, una plantilla en torno a los 14.000 empleados y un volumen de negocio cercano a los 177.000 millones de euros.
El grupo resultante, de seguir adelante según lo preacordado, estará participado en un 40% por CAM, otro 40% por Cajastur, 11% por Caja Extremadura y 9% por Caja Cantabria.
Los porcentajes de participación quedaron reflejados en el consejo de administración, que estaría presidido por Modesto Crespo, presidente de CAM, y con el máximo responsable de Cajastur, Manuel Menéndez, como consejero delegado ejecutivo. Los presidentes de Caja Extremadura, Víctor Bravo y de Caja Cantabria, Enrique Ambrosio, serán vicepresidentes primero y segundo.
Pero no resultó ser la única sorpresa del día. Barclays hizo público un informe según el cual las cajas de ahorros españolas serán las entidades más perjudicadas por la publicación de los test de resistencia. Sus estimaciones reflejan que las entidades tendrán unas necesidades de capital de unos 36.200 millones de euros para cumplir los requisitos mínimos de solvencia.
Dan por hecho que las cajas, contrariamente a lo que estimaba ayer Goldman Sachs, están peor que los bancos regionales alemanes y las entidades griegas, que necesitan capital por valor de 34.000 millones y 8.600 millones de euros, respectivamente.
Estiman que las necesidades de las cajas obligarían al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a emitir 34.000 millones de euros para socorrer a dichas entidades, que podrían registrar pérdidas por unos 61.000 millones en su cartera de créditos.