Galicia quiere 1.200, y la fusión virtual liderada por Caja Murcia, un millar

Varias cajas quieren hacer prejubilaciones a través de expedientes de regulación de empleo

Los sindicatos critican que se pretenda transferir el coste del ajuste de plantilla a la Seguridad Social

Ángel Guzmán.– Directivos de Caixa Galicia y de Caixanova, en proceso de integración, han propuesto a los sindicatos la tramitación a través de un expediente de regulación de empleo (ERE) las prejubilaciones, que se aplicarán a partir de los 55 años y cuyo carácter será voluntario. Las cajas han aclarado que no promoverán el ERE, sino que sólo lo aceptarán si hay acuerdo en la mesa de negociación. Los sindicatos rechazan esta vía para "instrumentalizar" las prejubilaciones, aunque CCOO matiza que se podría "hablar" de esta posibilidad al sostener que "puede tener ventajas en porcentaje de salarios". De salir adelante esta propuesta, se trataría de un ERE "atípico", ya que sería voluntario.

Tras la reunión de la mesa laboral de la fusión, la oferta de las cajas se centra en conceder entre un 70% y 75% del salario fijo a los empleados que se acojan a las prejubilaciones. Proponen mantener un 70% del salario fijo y seguir realizando aportaciones al plan de pensiones, o bien el 75% sin esas asignaciones.

El objetivo de las dos entidades es cubrir la totalidad de los "excedentes" de sus plantillas, que estiman en torno a los 1.200 trabajadores, de los que unos 900 trabajan actualmente en Galicia según el sindicato CIG, con prejubilaciones de empleados, cuya antigüedad mínima ha de ser de 15 años. Tendrán prioridad aquellos que tengan cumplidos los 55 años hasta el 31 de diciembre y, en caso de que no sean suficientes, se incorporarían los que cumplan 55 años en 2011.

Caixa Galicia y Caixanova también incluyen bajas voluntarias incentivadas, ofertas de reducción de jornada y otras fórmulas para tratar el "excedente de plantilla" durante los "próximos cinco años". En las bajas incentivadas, ofrecen 35 días de salario por año trabajado con un tope de 33 mensualidades. También indemnizarán con 3.000 euros a los trabajadores que tengan que desplazarse de sus oficinas actuales a otras situadas en un entorno de entre 25 kilómetros (tope máximo establecido en el convenio colectivo de las dos entidades) y 100 kilómetros, y con 10.000 euros en caso de superarse los 100 kilómetros.

La fusión, que se realiza por imposición de la Xunta de Galicia, obligará a cerrar 300 sucursales: 180 en Galicia, fundamentalmente en Pontevedra y Ourense; 85 en el resto de España, y 35 en el extranjero.

CCOO califica de "infumable" la propuesta de las cajas gallegas. CIG la tacha de "cicatera" y de estar "lejos" de otros procesos de prejubilaciones en las cajas. También critica que se pretenda "transferir" a la Seguridad Social los gastos del proceso de reestructuración, cuando la fusión de las cajas gallegas van a recibir 1.162 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada bancaria (Frob).

Pero las cajas gallegas no son las únicas en hablar de un ERE para canalizar las prejubilaciones. Los representantes de CajaGranada, Caja Murcia, Caixa Penedés y Sa Nostra, integrados en una fusión virtual a través de un Sistema Institucional de Protección (SIP), plantean a los sindicatos que "hay cerca de 1.000 trabajadores mayores de 55 años que podrían ser prejubilables en tres años", para lo que barajan una serie de opciones, entre ellas un expediente de regulación de empleo, al que se acogerían los trabajadores de forma voluntaria, y a los que se les ofrecería el 68% del salario bruto hasta la edad de jubilación.

También habrá compensaciones económicas, no cuantificadas todavía, por la movilidad geográfica de trabajadores, ya que habrá "solapamiento" de algunas oficinas y también en los servicios centrales. Los sindicatos renuncian a una homologación salarial de los trabajadores de las diferentes cajas, al existir "situaciones muy diferentes entre las cuatro cajas que hacen imposible la homologación salarial". Pero sí la exigen para los trabajadores que pasen a la entidad central que gestionará el SIP, al tiempo que demandan que "esos empleados vayan regulados por el convenio de ahorro, no el de la banca".