La reforma pactada por el Gobierno y el PP propiciará fusiones en el sector financiero
El Banco de España incentivará la transformación de cajas de ahorros en bancos
Las exigencias de solvencia y de liquidez serán diferentes en función del modelo de negocio de cada entidad
Las dos últimas opciones son inéditas en España, salvo el original rescate de Caja Castilla La Mancha (CCM) por parte de CajAstur a través del Banco Liberta (ya Banco CCM), que se queda con el negocio financiero de la entidad, mientras la obra social pasa a la Fundación CCM, que se financiará con los dividendos que le genere su participación en el banco. Un esquema que plantean casi todas las ofertas presentadas a la otra caja intervenida: la cordobesa CajaSur.
Esto se traduce en que el Banco de España podrá aplicar los nuevos criterios de solvencia y liquidez, que se establecerán en Basilea III, dependiendo del modelo de negocio de cada caja. El real decreto señala con meridiana claridad que "el Banco de España aplicará estas nuevas exigencias ponderando adecuadamente las posibilidades de acceso a core capital de cada entidad según su modelo de negocio".
Las pruebas de resistencia, o test de estrés, que se están aplicando sobre todas las cajas de ahorros (además de todos los bancos cotizados en Bolsa) van a marcar el camino que tendrán que seguir muchas de estas entidades. Porque el siguiente capítulo serán las nuevas exigencias de recursos propios que marque Basilea III, y que dependerán del modelo de negocio y de los sistemas internos de control de los riesgos, que van a obligar a las cajas a realizar esfuerzos adicionales de reforzamiento de su solvencia y de su liquidez. Las estimaciones de necesidades de capital para las cajas, que representan algo más de la mitad del sistema financiero español, oscilan entre los 17.000 millones de euros pronosticados por el Fondo Monetario Internacional en su informe de abril, hasta los 40.000 millones de euros de Morgan Stanley. Los analistas de Citi cifraron estas necesidades de capital entre los 24.000 millones y los 34.000 millones de euros.
En roman paladino, el Banco de España incentivará la transformación de cajas en bancos, ya que ese cambio permite un mejor acceso a la financiación de los mercados y a una mayor disciplina por parte de éstos. Aunque la decisión se tomará caso a caso, como es norma de la casa. En cualquier caso, eso no significa que una entidad de ahorro tenga que plantearse ya con qué modelo se queda, porque la aplicación de los diferentes trajes a medida se irá haciendo de forma progresiva.
Por si quedaran dudas, el Gobierno ha introducido incentivos fiscales, que son mayores en las cajas que cedan su actividad a un banco. La caja y su banco filial tributarán como grupo si la primera tiene un porcentaje del capital superior al 75% del segundo. La dotación a la obra social se considera un gasto deducible. Y la creación de una nueva entidad constituye una operación de reestructuración empresarial protegida, por lo que la caja no deberá pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales ni el de Actos Jurídicos Documentados. Para los casos en los que las cajas se transformen en fundaciones, los bancos que asuman el negocio financiero de una caja fundación podrán aprovechar los créditos fiscales derivados de las bases imponibles negativas. Y, por otra parte, el banco podrá realizar donaciones a la fundación desgravándose un 35%.
El esquema pactado entre el Gobierno y el PP es "flexible" y contempla que las posibilidades que ofrece pueden coexistir en el tiempo, por lo que en algunos casos se podrá pasar de un esquema a otro de manera progresiva, casi natural. Que es precisamente lo que el Banco de España, el verdadero inspirador de la reforma de la normativa de cajas.
El problema mayor, según expertos consultados por CapitalMadrid.info, es la exigencia de que decisiones de este calibre deben ser tomadas por mayorías reforzadas de dos tercios en la asamblea general de la caja afectada. "Esto va a propiciar la búsqueda de un consenso prácticamente obligatorio, pero complica enormemente la toma de decisiones", señala el director del departamento jurídico de una entidad de ahorro. "Hay cajas en las que los sindicatos pueden llegar a bloquear modificaciones de este calado aunque puedan resultar necesarias, ya que tienen mucho peso entre impositores y trabajadores. Lo mismo sucede con el poder político, aunque se haya bajado su representatividad por debajo del 50%", opina un director general de una caja. "Todo va a depender de la situación real de cada entidad, porque si no tienes una cuenta de resultados y un balance que te respalden, tendrás que acatar lo que diga el Banco de España, te guste o no", señala otro.
Hay que tener en cuenta que si una caja emite cuotas participativas con derechos políticos, reducirá el peso de los demás accionistas en la asamblea general, en beneficio de estos inversores, que no podrán tener más del 50%, porque si supera ese porcentaje automáticamente pierde su naturaleza jurídica de caja de ahorro. También la incompatibilidad entre cargo electo y miembro de los órganos de gobierno de las cajas y la reducción de la representación de las Administraciones públicas y entidades y corporaciones de Derecho público del 50% al 40% supone una menor influencia sobre las decisiones financieras que tomen estas entidades por parte de las comunidades autónomas, diputaciones y corporaciones locales, aunque se haga de forma progresiva (el cambio se irá produciendo a medida que venzan los mandatos, con un tope máximo de tres años) y se mantengan representantes del poder político en la Comisión de Obra Social.
Al mismo tiempo, la reforma de la normativa de las cajas va a propiciar, a medio y largo plazo, un nuevo proceso de reestructuración del sistema financiero en España. "Si una caja de ahorros puede optar por transformarse en un banco, aunque tenga una fundación para la obra social, terminará por parecerle una opción estratégica la fusión con otro banco", señala un analista del sector. Incluso puede darse el caso de que un banco se convierta en accionista de referencia de una caja si suscribe todas las cuotas participativas con derechos políticos emitidas por ésta. Puede ser la vía para que, si una entidad de ahorro se encuentra en dificultades, salga de ellas sin necesidad de intervención del Banco de España o de fondos públicos.