España, segundo inversor

Venezuela entra en la lista negra

Preocupa tanto la seguridad jurídica como la ciudadana

Ángel Guzmán.– Una ponencia del Senado y un informe elaborado por FTI Consulting ponen de manifiesto los riesgos a los que se enfrentan las empresas españolas con inversiones en Latinoamérica. Alrededor de 400 compañías españolas tienen inversiones en países latinoamericanos, donde la inseguridad, los continuos cambios regulatorios y el creciente rechazo de la ciudadanía a la concentración de poder de algunas compañías en sectores como el energético o las telecomunicaciones se han convertido en factores de riesgo. España es el segundo país inversor en Latinoamérica, por detrás de Estados Unidos, con inversiones relevantes en sectores como la energía, telecomunicaciones, distribución de agua y electricidad, servicios financieros y la construcción. Sin duda, el impacto global de las empresas españolas sobre la economía latinoamericana ha contribuido a la mejora del nivel de vida de la población.

Telefónica, Banco Santander, BBVA, Repsol, Endesa, OHL, Sacyr, Gas Natural, Iberdrola, ACS,... son algunas de las más de 400 compañías españolas con intereses en esta región. Ocho de ellas concentran el 80% de la inversión. En algunos países están cerca del monopolio en sectores clave, lo que provoca un creciente rechazo por parte de la ciudadanía, en parte por la creencia de que sus Gobiernos han concedido condiciones demasiado favorables a las compañías trasnacionales para establecerse en su territorio, según destaca la ponencia en el Senado "Estudio sobre el papel de las empresas españolas en América Latina".

También es muy interesante la correlación entre seguridad jurídica, condición básica para cualquier inversión, y la ciudadana que recoge el informe "Latin Security Index", realizado por FTI Consulting, y que apunta a Haití, Venezuela y Honduras como los tres países latinoamericanos con más riesgos.

Según Frank Holder, director regional de Iberoamérica para FTI Consulting, "la inseguridad pública continúa siendo una de la principales preocupaciones de los ciudadanos en prácticamente todos los países de la región". Holder cree que la inseguridad pública actúa como un "inhibidor del crecimiento económico en detrimento de la calidad de vida general".

El caso de Venezuela destaca por haber pasado de ser un destino tradicionalmente atractivo para la inversión española a ser uno de los países que presenta más riesgos, debido al aumento de la inseguridad jurídica reflejada en expropiaciones compulsivas, la más que cuestionable independencia del poder judicial y los constantes cambios regulatorios ante problemas financieros. A esto se suma el rampante aumento de la delincuencia, situación que disuade a muchos directivos de instalarse allí.

En la otra cara de la moneda, encontramos los países que se están esforzando por reducir la inseguridad ciudadana. Es el caso de Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Panamá y Perú, que escalan puestos en el ranking de fiabilidad como destino inversor.