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Sindicatos y patronal: las rigideces de una negociación
"Las leyes laborales españolas son inflexibles", la regulación de la jornada laboral en España es "rígida" y "despedir a un empleado es complicado". Tres afirmaciones que definen como nos ven desde fuera; más exactamente como es retratado nuestro país en el capítulo laboral por el Índice de Libertad Económica 2010 elaborado por la Fundación Heritage y The Wall Street Journal, apartado en el que España cosecha la peor calificación.
Modificar estos conceptos y con ello las estructuras laborales españolas, es lo que llevan discutiendo las eufemísticamente llamadas fuerzas sociales desde hace casi dos años y todo parece indicar que el desencuentro es tal que no le va a quedar más remedio al gobierno que ejercer con su primaria razón de ser: gobernar y utilizar el decreto para modificar las estructuras laborales y cumplir así con otra de las exigencias de obligado cumplimiento si de lo que se trata es de optar a que la economía española vuelva a recuperar su senda alcista y con ello a crear empleo.
Argumentos a favor y en contra de sustituir rigidez por flexibilidad, unos y otros los manejan a paladas y cada día que pasa queda más nítidamente claro que la resistencia al cambio, es tremenda y que los sindicatos no parecen dispuestos renunciar a todo lo conseguido hace treinta años aunque se haya demostrado que ello es inviable y dañino para la economía española en los tiempos actuales. Bruselas, la OCDE y el FMI parecen haberlo entendido así y han conminado a España a cambiar radicalmente sus estructuras laborales.
El drama esta servido y es que las principales instituciones que rigen el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo no parecen haberse adaptado a las exigencias de los nuevos tiempos. De ese modo, tratan de mantener la vigencia de un marco superado por el escenario actual y cuyas rigideces se convierten en importantes obstáculos para una siempre hipotética creación de empleo.
Los tiempos han cambiado y todo parece indicar que nada volverá a ser lo que era y una de las instituciones con mayor impacto sobre el funcionamiento del mercado laboral en España -la negociación colectiva que se asienta sobre los principios de los Estatutos de los Trabajadores del año 80 y las reformas llevadas a cabo en los años 90- está llamada a cambiar sustancialmente.
Y ello es así, a decir de los expertos, porque el sistema de negociación colectiva actual hace que los salarios no respondan adecuadamente a las variaciones de la productividad, ni a las del empleo, ni a la situación económica de cada empresa, sino sólo a la inflación. Esto hace que los salarios tiendan a crecer por encima de la productividad y de la inflación y que algunas empresas tengan que cerrar, al estar obligadas a acogerse a los convenios provinciales o sectoriales que predominan sobre los de la propia empresa.
Pero además, resulta que la brecha de los costes de despido entre los trabajadores indefinidos y los temporales es más que considerable y propende a perjudicar a estos últimos, a los que se despide fácilmente, mientras que son elevados para la mayoría de los trabajadores más antiguos, con contratos indefinidos, que en promedio tienen menor cualificación que los anteriores y a los que se despide con dificultad o no se les despide.
Es lo que se ha venido a denominar como mercado laboral dual en el que, cuando llega una recesión, se despide mucho a quienes tienen contrato temporal y poco a los que tienen contrato indefinido, independientemente de sus conocimientos, cualificación, esfuerzo y desempeño. Esto hace que la rotación de los temporales sea enorme y la tasa de desempleo duplique en España la de otros países de la UE.
Esta dualidad aumenta la desigualdad en el mercado del trabajo, ya que permite que los trabajadores con contratos indefinidos, más seguros en su empleo y con un nivel de afiliación sindical elevado, presionen fuertemente para aumentar sus salarios, mientras que los segundos, con contratos temporales e inseguros en su empleo y con poca afiliación, salen perdiendo, ya que las empresas, si no pueden ajustar los salarios de los primeros, pueden acabar despidiendo a la parte más débil.
A la postre, todo este desideratum termina desembocando en una mayor inflación, una menor productividad, una menor movilidad laboral y un desempleo mayor que en el resto de los países de la UE.
En estas circunstancias, el abaratamiento del despido se convierte en una consecuencia y no en el origen del desencuentro. En el desacuerdo hay mucho de mantenimiento de unos privilegios que no se sostienen en las actuales circunstancias y que como señalaba un empresario tampoco se puede olvidar que "el coste del despido, que está por encima de la media europea y las causas objetivas del mismo, dependen de los jueces y, la mayoría de las veces, acaba siendo improcedente, con su correspondiente coste".
La dualidad del mercado laboral español se convierte en una espiral perversa. Se crean pocos empleos con contratos indefinidos porque los costes para hacerlo, que dependen en gran parte de los costes esperados de su extinción, son altos, y las barreras de salida se convierten en barreras de entrada que encarecen el empleo, lo que reduce la cantidad de trabajo que se demanda. De manera simultánea, se destruye mucho empleo entre los trabajadores temporales porque los costes de ese ajuste son muy bajos.
Las consecuencias de todo ello son muy perjudiciales para la salud de la economía española, ya que se recurre a la temporalidad como elemento de flexibilidad; se resiente la productividad por el escaso interés que empresas y trabajadores tienen en la formación de quienes están contratados de manera eventual y se genera una gran ineficacia en los servicios públicos de empleo.
Consecuencia de todo ello es la falta de movilidad que se produce entre empresas, geográfica y funcional, y ello pone en peligro la supervivencia de muchas empresas. Darse una vuelta por el articulado del Estatuto de los Trabajadores resulta esclarecedor.
Con independencia de que la actual crisis sea de oferta o de demanda, el sistema laboral actual se basa en tres puntos que se consideran perjudiciales para el crecimiento económico y la consiguiente creación de empleo:
- Elevada cobertura del colectivo de asalariados. Apenas existe un 15% de trabajadores afiliados a sindicatos y, sin embargo, éstos fijan las condiciones de casi el 90% de los asalariados del sector privado.
- Alto nivel de centralización de los convenios que no permite la adaptación de las empresas a sus circunstancias específicas, problema que se hace mayor por las restricciones existentes para la utilización de las cláusulas de descuelgue.
- Falta de representatividad ya que en la negociación de los convenios de ámbito superior al de la empresa prevalecen las asociaciones sindicales y patronales mayoritarias.
Desmontar todo este entramado de interés creados no es que sea difícil, sino que parece misión imposible. Cuando los sindicatos ganan su representatividad no en la afiliación, sino en los resultados de las elecciones sindicales; cuando el sistema se basa en una proyección automática de los convenios de ámbito superior a la empresa, y cuando estos dependen de la indiciación de los salarios al IPC más que a la productividad, hay que convenir en que hay muchos que lo que se están jugando no solo es la defensa de los trabajadores, sino una forma de vida.
Tendencias es una publicación de circulación restringida editada por Carlos Díaz-Guell