ANÁLISIS
Rato convoca al Consejo de Caja Madrid para afrontar sus críticas
Economía autoriza el inicio de las operaciones de Banca Cívica
La decisión del presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, de convocar ayer de forma extraordinaria y sin previo aviso al Consejo de la entidad madrileña levantó todo tipo de rumores y expectativas sobre cuáles fueran las razones del ex vicepresidente del Gobierno y director gerente del Fondo Monetario Internacional. Aunque no se han dado a conocer las razones oficiales, medios próximos al Consejo han precisado que Rodrigo Rato trataba de buscar una rápida respuesta a las múltiples críticas que está encontrando, incluso por parte de antiguos compañeros de partido, por no lograr que Caja Madrid siga siendo una entidad líder del sistema financiero español.
Al margen de posponer de momento la idea de realizar su hoy sueño imposible, el de fusionar las dos grandes cajas españolas y crear así una entidad que pueda competir tanto en el ámbito nacional como en el internacional con los dos grandes del sector español, el Santander y el BBVA, también ha visto cómo se le impedía que llevara a cabo un paso intermedio previo, el de fusionarse con Caixa Galicia y Bancaja. Pero con todo, lo que le resulta más difícil de comprender es que ni siquiera se le deje llevar a cabo su más reciente anuncio de fusionarse, a través del Sistema Institucional de Protección, con las cajas de Ávila, Segovia, Laietana, Rioja y la Insular de Canarias.
El mismo día que Banca Cívica anunciaba haber recibido del Ministerio de Economía la autorización para funcionar como tal, él seguía recibiendo la negativa por parte de los gobiernos de Castilla y León y Cataluña a su propuesta de liderar la fusión por un sistema similar con otras entidades que tienen que fusionarse, sí o sí.
La Junta de Castilla y León y la Generalitat de Cataluña está claro que no quieren perder el control de sus cajas antes de que el Gobierno Central negocie con ellos el futuro del sector cuando llegue el momento de reformar la LORCA. La Junta no quiere que las cajas de Ávila y Segovia se unan a ese proyecto, sino al de Banca Cívica, en el que también se encuentra otra caja de la región, la de Burgos. La Generalitat piensa lo mismo con Caixa Laietana que pretende integrar en la alianza de cajas catalanas denominada Unnim, encabezada por Caixa Sabadell junto a las de Tarrasa y Manlleu.
Pero las dificultades de Rato, para lo que ha pedido ayuda a su consejo no proviene sólo de los Gobierno regionales. También los partidos políticos se muestran muy reticentes a dejar el poder que mantienen sobre estas entidades.
Ayer, el secretario autonómico del PSOE, Óscar López, reiteró que el escenario está abierto para Caja de Ávila y Caja Segovia y abogó por dar pasos responsables hacia la mejor opción, después de que la Junta invitara a estas dos entidades a unirse al proyecto de fusión de Caja España y Caja Duero. Para que no quedaran dudas López señaló que el canal de comunicación entre PSOE y Junta en este sentido funciona bien. Es decir que están contra las pretensiones de Rato.
López insistió en su oposición a una absorción de las dos entidades por parte de Caja Madrid que aplastaría a las entidades como a un guisante, por lo que asegura que hay opciones mejores.
La situación evidencia que mientras no se reforme la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros anunciada por el Presidente del Gobierno y consensuada en sus líneas generales con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, cualquier cambio en el panorama de las cajas sigue estando muy mediatizado por las injerencias políticas autonómicas.
Algo similar ha ocurrido en Cataluña. El consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, reconoció la pasada semana haber mediado ante la dirección de Caixa Laietana para que paralizara su proceso de integración en el SIP liderado por Rato.