Zapatero acelera la reforma laboral para tratar de calmar a los inversores internacionales
La dificultad en colocar deuda en los mercados asfixia a las Administraciones Públicas y las deja sin liquidez
La diferencia del bono español con el alemán alcanza un máximo histórico: 180 puntos básicos
Los relativamente buenos datos de paro y afiliación a la Seguridad Social no pueden llevar a engaño. El panorama de la economía española sigue siendo bastante sombrío. Y así lo perciben los mercados. Porque la dificultad en colocar deuda pública en unos mercados internacionales hiperdesconfiados está asfixiando a las Administraciones Públicas, especialmente a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Esta situación de falta de liquidez afecta a la capacidad de pago de estas instituciones, lo que desencadena un efecto dominó sobre las empresas proveedoras de éstas. La situación de desconfianza de los mercados, que ha llevado a la diferencia del bono español respecto al alemán a un máximo histórico de 180 puntos básicos, ha obligado al Gobierno de Zapatero a acelerar la reforma laboral, haya o no acuerdo entre patronal y sindicatos.
La asfixia de las Administraciones Públicas se ha notado en que una de las mejores pagadoras, la Generalitat catalana, se ha visto obligada a aplazar 15 días el pago del abono de 440 millones de euros a las entidades sanitarias que funcionan en régimen de consorcio por "una situación de tensión temporal de tesorería". Ese pago se hace el 15 de cada mes, pero en junio se retrasa el desembolso al día 30. Hasta ahora se estaba pagando a los proveedores sanitarios con 75 días, pero este mes serán 90 días.
La conselleria de Economía ha explicado que la voluntad es pagar en julio de nuevo el día 15, pero podría ser que hubiera nuevos retrasos de forma temporal, dadas las tensiones de tesorería que se están produciendo a causa de la situación de los mercados de deuda. En la Generalitat reconocen que no ha podido realizar una colocación de deuda en los mercados asiáticos, lo que ha perjudicado notablemente su situación de liquidez y su capacidad de pago.
"Cataluña, al menos, lo ha hecho público, pero otras Administraciones Públicas centrales, autonómicas y locales simplemente pagan lo más tarde que sea posible, aunque no lo digan, porque se están quedando sin liquidez, y saben que ahora no pueden colocar emisiones de deuda en los mercados. Y encima en 2011 no pueden apelar a los créditos, lo que está acelerando los endeudamientos", señala un analista del mercado de deuda.
Que la desconfianza sobre la economía española sigue incrementándose en los mercados internacionales se comprueba en que el coste de los seguros que cubren los impagos de deuda soberana (CDS) de España continúa su escalada. El coste de asegurar 10 millones de dólares de deuda pública española se encarece un 7,7%, hasta los 266.870 dólares. Dentro de las subidas generalizadas en prácticamente todos los países, España ocupa la primera posición.
Un dato coherente con el hecho de que el diferencial de rentabilidad del bono español a 10 años frente al bund alemán se haya colocado en un máximo histórico de 180 puntos básicos: 4,44% frente a 2,64%. Portugal, otro país castigado por los mercados pese al acuerdo entre Gobierno y oposición para el plan de reducción del déficit, está en los 200 puntos básicos. Y Grecia, en los 524 puntos básicos. Como referencia, Italia se encuentra en 1598 puntos básicos sobre el bono alemán.
Toda esta situación ha obligado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a lanzar un mensaje para tratar de aminorar la desconfianza de los mercados. Ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará la reforma laboral el próximo miércoles "haya o no acuerdo" entre sindicatos y empresarios. "El Gobierno tiene ya perfilado el contenido de la reforma, que afectará a aspectos esenciales del mercado laboral", insiste Zapatero. El presidente del Gobierno subraya que éste es un momento "extraordinariamente oportuno" para acometer la reforma laboral, porque los datos de paro y empleo evolucionan "favorablemente". Y confía en que "una buena reforma laboral" contribuya a que mejore la percepción que tienen los mercados de deuda respecto a la situación de la economía española.
En este sentido, César Molinas, experto en pensiones y socio de la consultora Multa Paucis, cree que "España está en una situación en la que las reformas que no haga, se las van a hacer". Junto al plan de reducción del déficit público y la reforma laboral, quedan pendientes las pensiones y la vivienda. Este experto reclama "un plazo para hacerlas". Y considera que las pensiones constituyen "el principal problema presupuestario de España a largo plazo". Por eso, una reforma de las pensiones supondría una inyección de credibilidad de España ante los mercados.
Una reforma que incluyera un retraso en la edad de jubilación -"si vivimos más, debemos hacernos a la idea de que tenemos que trabajar más", opina César Molinas- de 65 años a 67 años (uno o dos meses más anuales en una implantación progresiva) "ayuda pero no resuelve el problema de las pensiones, que es estrictamente demográfico". Necesita otras medidas, como exigir 40 años de cotización, frente a los 31 años actuales, para poder cobrar la pensión máxima.
Molinas, uno de los autores del informe de Fedea sobre "La reforma de las pensiones", explica en una jornada de formación organizada por la Apie que ese documento recomienda que "cualquier aumento de la edad de jubilación debe plantearse al mismo tiempo que otras medidas que reactiven el mercado de trabajo". "Sólo con reformas laborales y de pensiones coherentes entre sí se conseguirán simultáneamente los objetivos de creación de empleo y que dicho empleo esté disponible de forma equilibrada para todos los grupos de población". Porque son precisamente los países que tienen una mayor tasa de empleo de la población cercana a la edad de jubilación los que también tienen una tasa de desempleo juvenil más baja.
Este experto defiende, en línea con las recomendaciones de Fedea, que una comisión de expertos independientes elabore un Libro Blanco que explique la reforma de las pensiones a la sociedad española y que deje claro que "el actual sistema de reparto es la mayor conquista social del siglo XX en España". El recurso a expertos independientes, rechazado por Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social, porque cree que no puede dejarse una cuestión tan esencial en manos de "una aristocracia del conocimiento", tiene su argumentación en que "en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo no existe una verdadera voluntad política de afrontar una reforma de las pensiones".
César Molinas cree también necesaria una reforma del mercado de la vivienda. "Los españoles no es que ahorremos poco, es que ahorramos muy mal", argumenta. Cree que debe volverse al alquiler, recurso tradicional en la sociedad española hasta hace pocas generaciones, hasta que se optó por la propiedad de la vivienda. Esa reforma de la vivienda y la potenciación del alquiler resolverían el problema de la movilidad laboral, una de las grandes carencias en España, según este experto.