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PSOE y PP pactan poner orden en el sector eléctrico
Acosado por los flancos, con una política energética que hace aguas por todos los lados y presionado por un monumental déficit público, el gobierno vuelve a dar marcha atrás en sus políticas e inicia un proceso de revisión del sector energético de la mano del PP, aunque no está claro que la primera decisión anunciada de paralizar la subida de las tarifas eléctricas sea la más acertada para empezar a poner las cosas en su sitio. Un brindis al tendido y no precisamente al tendido eléctrico. Porque no se puede obviar que el sistema eléctrico español registra un déficit financiero acumulado de 20.000 millones de euros, cantidad que va en progresión y que deberá pagar -tarde o temprano- el consumidor con sus correspondientes intereses.
Desde luego la primera decisión del pacto PSOE-PP no va a ayudar a que esa enorme cifra deje de seguir aumentando Una vez más, la realidad deja en evidencia al gobierno y a la política seguida hasta ahora en materia energética y que no ha resuelto ninguno de los dos principales problemas del sector eléctrico: el déficit tarifario e la inseguridad regulatoria. Hacer tortillas sin romper huevos se ha demostrado que no es posible y que lo bueno, bonito y báratro, tampoco lo es. Por ello, la quimera personal del presidente del gobierno sobre las energías verdes, sobre el no a las nucleares o sobre tarifas baratas, se ha demostrado que no es más que un sueño.
El pressing al que se ha visto sometido desde muy diferentes flancos -incluido su partido y su gobierno- le han obligado a iniciar una nueva singladura de alcance desconocido, "convencido" de que el mix surgido del nonato acuerdo de Zurbano le costaría a las arcas públicas cerca de 100.000 millones de euros en la próxima década y dispararía, en caso de ser aplicado en las condiciones iniciales en que se planteó, el coste de las primas a las renovables hasta en casi 20.000 millones anuales en 2020.
El consenso de que sistema eléctrico debe evolucionar hacia un modelo más eficiente, a través de la liberalización total del mercado, el reconocimiento de los costes asociados que conllevan las tecnologías renovables y mediante la reducción de los subsidios directos o indirectos que distorsionan el funcionamiento del mercado, alcanza un alto grado. Son muchos los convencidos de que en un escenario en el que cae la demanda, hay exceso de potencia, surgen las primas al carbón, todos piden ayudas y no hay dinero, España ha terminado por incentivar un modelo en el que la subida del precio de la electricidad para uso doméstico en el último año fue más de diez veces superior a la zona euro, pero con un mercado mayorista en el que el precio medio del megavatio/hora en marzo fue de 27,96 euros, lejos de la media de 65,9 euros de 2008 o de los 39 euros de 2009.
El sueño del presidente verde de que España contara en un futuro con que el 40% de la electricidad generada tuviera origen renovable, debe pasar a mejor vida a la vista de la famélica situación de nuestras cuentas públicas y empezar a pensar en otras soluciones, aunque está por ver si esas soluciones pasan por algunas de las ideas interesadas que son puestas sobre el tapete como la de elevar la potencia nuclear o estirar el mix en los ciclos combinados, alcanzar el objetivo de reducir en un 20% las emisiones de CO2, abaratar hasta cerca de un 30% el coste de generación y reducir un 35% las inversiones en los próximos diez años.
La clave esta en el mix
Por lo pronto, el gobierno ha decidido iniciar un rediseño del 'mix eléctrico' que hace solo unos meses salía del palacete de Zurbano cuando se trató, sin éxito, de consensuar una política económica sostenible al comprobar que la sostenibilidad en el sector energético no es posible sin una sostenibilidad económica y que la eficiencia del sistema eléctrico hay que buscarla por otros lados.
Las cifras son tozudas y más de un presidente de empresa eléctrica se lo ha dicho alto y claro en más de una ocasión al presidente del gobierno y a su ministro del ramo: el nuevo mix podría provocar una subida de la luz de hasta el 65%, ya que las inversiones necesarias para instalar del orden de 3.000/3.500 MW anuales en renovables ascenderían a 60.000 millones de euros.
Los empeños personales del presidente Zapatero le están saliendo caros a este país y todos ellos han terminado por desembocar en un extraordinario crecimiento del déficit público que termina repercutiendo en el bolsillo de los ciudadanos. Y uno de esos empeños, revestido de atracción fatal y de tintes ecologistas ha ido directamente contra la viabilidad del sector eléctrico, necesitado de muchas acciones gubernamentales, aunque no del cariz que hasta ahora se han ido tomado.
La para muchos irreflexiva y cara implantación de las energías renovables y la poco meditada estrategia en materia nuclear con el anuncio del cierre del Garoña, han hecho que España dibujara un mix eléctrico muy limpio, pero muy caro y del todo punto inviable.
Como señalan fuentes interesadas -en este sector todas las fuentes son interesadas- "no se sostiene a medio plazo un modelo energético en el que el coste de la energía solar es diez veces mayor que la energía convencional y en el que a la vista del déficit de tarifa y de que el precio del ‘pool' ha caído un 40%, la única posibilidad de futuro consiste en subir la tarifa de la luz o seguir aumentando el déficit".
Consecuencia de la situación a la que ha llegado el sector eléctrico, por encima de discursos populistas, el gobierno a revisar se está viendo obligado a reducir el peso de las energías renovables, a través de la reducción de primas -se ha llegado a hablar de retroactividad-, cuyo monto en 2010 se cifró en 7.000 millones de euros. A esa figura se la conoce como "inseguridad regulatoria" y empresarios e inversores, nacionales y extranjeros, abominan de ella. Como muestra, señalar que en apenas dos años el gobierno ha cambiado tres veces -sin aviso, sin negociación y por sorpresa- el marco regulatorio de las renovables. El universo banana se cuela en el Ministerio de Industria. Todo ello sin olvidar la exposición al riesgo del sistema financiero en el sector de las renovables que es más que considerable.
El pacto PSOE-PP sobre la energía, supone una planificación consensuada para los próximo diez años y va a precisar replantearse muchas decisiones y medidas adoptadas, todas ellas con la presión añadida de una obligada definición de un Plan de Energía Renovables que España debe comunicar a Bruselas antes del 30 de este mes si quiere cumplir la Directiva Renovable de la UE. Una vez más Bruselas nos impone un punto de racionalidad para nuestra diletante política económica y el gobierno no podrá retrasar más decisiones sobre el mix energético, la dependencia exterior, la emisión de CO2, la eficiencia del sistema, el descenso del coste de generación o la subida de las facturas de la luz.
Pocos son los que ponen en duda el hecho de que las energías renovables no son competitivas en coste frente a las convencionales y por ello se retribuyen por ley a un precio entre 2 y 12 veces superior al precio medio fijado por las tecnologías convencionales en 2009, siendo además obligatorio su consumo. Nadie duda tampoco de que su implantación contribuyen a una mayor independencia energética y posibilitan un sustancial desarrollo tecnológico.
Todos los intereses son legítimos, pero en un sector como el eléctrico con fama de "lobbista", inmerso en una sociedad bombardeada por discursos antinucleares y compuesta por una mayoría "verde", no es fácil apostar públicamente por la energía nuclear como parte de la solución al problema. Sin embargo, manejando con mucha cautela la infinidad de datos y argumentos, muchas son las instituciones y organismos que mantienen que la energía nuclear sigue siendo la única alternativa capaz de abaratar el pool energético y conseguir precios más bajos para los consumidores.
Para ello, parece de obligado cumplimiento que las centrales españolas mantengan su operativa hasta los 60 años, lo que además de ahorrar más de 5.000 millones de euros anuales de inversión al sector, contribuiría a reducir las emisiones de CO2.
El debate de la energía atómica no está cerrado en el PSOE y menos aún en las expectativas del ministerio de Industria, cuyo titular ha recordado públicamente que "Garoña aún no se ha cerrado". El dique se llama Rodríguez Zapatero, aunque son muchos que confían en que el presidente del gobierno, que ha dado muestras más que sobradas de su laxa concepción de los compromisos, termine aceptando lo que muchos consideran como la única solución razonable en un país que necesita mucha racionalidad en su sector eléctrico para mejorar su competitividad.
De lo contrario, habrá que optar por subidas de las tarifas por encima de los dos dígitos durante muchos años.
Tendencias es una publicación on line de análisis socioeconómico de periodicidad semanal y de carácter restringido que edita Carlos Díaz Güell.