Monitor del Seguro
El director general, malparado por la revocación de decisiones oficiales en el caso AMA
¿Debería dimitir Ricardo Lozano?
Lo que es bueno para unas empresas resulta nefasto para otras
En esa sentencia, el TSJM -por unanimidad de sus tres magistrados- anuló la medida de control especial impuesta por la Dirección General de Seguros contra AMA (por la que se prohibía a la aseguradora el desarrollo de sus operaciones sin autorización previa) y contempla la posibilidad de que la mutua reclame el resarcimiento por los perjuicios ocasionados por la actuación administrativa anulada, de acuerdo al correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración.
El Tribunal Superior consideró que no se había puesto en peligro en ningún momento la solvencia de la mutua, ni que tampoco se puso en peligro los intereses de los asegurados de AMA en los términos que mantenía Seguros. Además considera que los hechos por los que Seguros había adoptado las medidas de control especial resultan unos "bastante irrelevantes y sin incidencia en el volumen de negocio de AMA", otros "erróneamente interpretados por la Administración" y el resto "opinables y susceptibles de interpretación".
Esta sentencia supone un fuerte varapalo para la Dirección General de Seguros, sobre todo de cara a sus administrados, que no son otros que las compañías de seguros, y que pueden considerar que algunas o muchas de las decisiones administrativas que haya tomado o que pueda tomar en un futuro el organismo de control obedecen más a caprichos de sus responsables que a otra cosa.
Con esta última resolución son ya dos revolcones que han dado los tribunales tanto a la Dirección General de Seguros como a Lozano y lo peor puede estar todavía por llegar, ya que propio director general está imputado en tres querellas presentadas por AMA en las que se le acusa de prevaricación y calumnias. En la última de ellas, el ex presidente y dos antiguos consejeros de AMA acusan a Ricardo Lozano de vulnerar lo dispuesto en el artículo 441 del Código Penal, al tener en su domicilio particular la sede de una empresa, denominada Versus AIF, que apodera su mujer, y que se dedica desde hace ocho años a la realización de trabajos y gestiones administrativas en régimen de apoyo a empresas, a la vez que comercializa sistemas informáticos para cálculos actuariales del sector del seguro, actividades expresamente prohibidas para funcionarios según el citado artículo.
Toda esta historia, más que una serie de actos administrativos más o menos normales parece un enfrentamiento personal entre el director general de Seguros, Ricardo Lozano y el -no sé si llamarle ex presidente o presidente repuesto de AMA-, Diego Murillo. Es como un duelo de esos de las películas del oeste a ver quien acaba antes con su enemigo.
Llegados a este punto, y tras los dos revolcones judiciales recibidos, el propio Ricardo Lozano debería de plantearse -sea culpable o no, cosa que en su momento decidirán los tribunales, que para eso están- si no ha llegado ya el momento de presentar la dimisión y retirarse a sus cuarteles de invierno para preparar convenientemente su defensa, ya que, aunque sea completamente inocente, cosa que naturalmente se le supone, no está de más que se defienda con todas las armas que tiene a su alcance para dejar su nombre y el del organismo que dirige limpios como una patena, sin sombra de la menor duda.
Una pregunta similar, cambiando el verbo dimitir por el de cesar, debería plantearse la vicepresidenta económica del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, que para eso Seguros depende de ese Ministerio.
El seguro europeo se revela y marca sus diferencias con la banca: lo que es bueno para unos puede ser nefasto para los otros
Las autoridades políticas y económicas occidentales, escarmentadas por la fortísima crisis que todavía no hemos terminado de superar, buscan fórmulas para evitar que se vuelva a repetir algo similar. Por eso tratan de tomar una serie de medidas en el ámbito regulatorio y supervisor de los sectores de los servicios financiero para que eviten o al menos palien una futura crisis y, además, en caso de que ésta se produzca que no sea necesaria la intervención gubernamental para contener sus efectos.
Y es lógico que los gobiernos traten de poner la venda antes de que se produzca una nueva sangría económica, ya que la pasada juega les ha costado a los países del G-20 y a sus bancos centrales la nada despreciable cifra de 11 billones (de los de verdad, de los europeos) de dólares en ayudas directas e indirectas al sector de los servicios financieros. De esa cifra, menos de 10 billones (pero de los americanos, que tiene tres ceros menos, esto es, sólo 10.000 millones) de dólares fueron a parar a compañías del sector asegurador. Lógicamente, en este último apartado está excluido el caso atípico de la aseguradora estadounidense AIG, de la que ya hemos hablado en muchas ocasiones, y que recibió ayudas por 182.000 millones de dólares, intervención récord que se desencadenó por unas pérdidas masivas en sus unidades financieras y en su mesa de negociación de instrumentos derivados, que poco o nada tienen que ver con la industria del seguro.
Por eso, no es de extrañar que los responsables políticos estén empeñados en realizar importantes reformas en el sector bancario y, aprovechando que le Tajo pasa por Toledo, de paso quieren hacer también las mismas reformas en todo el sector financiero, sin tener en cuenta las diferencias en los modelos empresariales y de negocio de unos y otros. Así, están estudiando la posibilidad de promulgar una reglamentación más restrictiva, entre otras cosas mediante unos requerimientos de capital más exigentes, y una regulación que va a resultar además bastante más onerosa para las instituciones con importancia sistémica, que recordemos que hay media docena de asegur5tadoras europeas entre ellas.
Por si esto fuera poco, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en abril de este mismo año un informe provisional en el que se proponía que todas las instituciones financieras pagasen impuestos o gravámenes con el fin de recuperar los costes asociados a la reparación del sistema bancario y financiar los costes futuros de la liquidación de las empresas que fracasen. Y esa misma medida quieren aplicarla al seguro.
Todo esto ha provocado que el seguro se revele. Así, ante lo que considera una clara injusticia, el Comité Europeo de Seguros (CEA por sus siglas en francés), que representa los intereses de la industria aseguradora de 33 países europeos, ha remitido al G-20 un informe en el que le insta a que tenga en cuenta "las características especificas del Seguro en el diseño de sus propuestas de regulación para responder a la crisis financiera mundial".
El CEA quiere hacer comprender a los responsables políticos -que deben ser muy torpes si no saben a estas alturas de la película- que hay diferencias fundamentales entre banca y seguro, entre las entidades bancarias y las aseguradoras, y que lo que es bueno para las primeras puede ser nefasto para las segundas y al contrario. Según la patronal europea de los seguros, como "el modelo de negocio es distinto y el perfil de riesgo de las aseguradoras también, no es adecuado aplicar al sector de servicios financieros en su conjunto respuestas normativas pensadas para en el sector bancario".
Y en vez de enviar a los políticos a Salamanca para que aprendan, el CEA ha elaborado un alista con una docena de recomendaciones que permitan fortalecer los marcos de regulación y supervisión para las aseguradoras aun teniendo en cuenta la fortaleza del modelo de negocio de seguros. Estas recomendaciones se refieren, entre otras "a la necesidad de hacer frente a los vacíos legales existentes; dedicar una especial atención a las entidades no reguladas; evitar una regulación excesiva como reacción a la crisis, y evitar la aplicación inadecuada al Seguro de regulaciones pensadas para otros sectores". Y hace especial hincapié en que se realice una profunda reflexión sobre el debate sobre las famosas tasas con las que quieren gravar todos los servicios financieros.
Ahora falta que las autoridades quieran hacer caso detonas estas recomendaciones y trabajen en ese sentido, algo que no suele ser habitual entre la clase política, convencida de que es mucho más lista que el resto de los humanos.