PACTO ENERGÉTICO
El contubernio de las renovables y la dependencia de Zapatero de Obama
Carmen Becerril (Acciona) urdió la base del principio de pacto energético entre Montoro y Sebastián
El pasado lunes, Carmen Becerril, ex directora general de la Energía durante el último Gobierno de José María Aznar, muy próxima ahora al Partido Popular y presidenta de Acciona Energía en la actualidad, almorzaba en un restaurante madrileño con un pequeño grupo de comensales pertenecientes al poderoso 'lobby' de las energías renovabales en España, entre los que se encontraba un alto funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, a la sazón mano derecha del embajador Alan Salomont. El almuerzo fue rápido porque todos ellos, salvo el estadounidense, cruzaron rápidamente la calle de Alberto Alcocer para mantener una reunión con el secretario de Estado de la Energía, Pedro Luis Marín, en el vecino Ministerio de Industria.
No era el primer encuentro entre representantes de una de las patronales eléctricas (actualmente hay más de una docena) y altos directivos del Ministerio de Industria. Pero sí era uno que ha probado ser decisivo a la vista de lo ocurrido a lo largo de la intensa semana pasada. Apenas 72 horas después del ágape en el Restaurante Aldaba, Miguel Sebastián, ministro de Industria, y Cristóbal Montoro, portavoz de Economía del Partido Popular, anunciaban un acuerdo de principios para anular una prevista subida del 4% en las tarifas eléctricas, como condición previa para abrir conversaciones formales para tratar de alcanzar un Pacto para la Energía a largo plazo, algo que los dos partidos políticos mayoritarios se han boicoteado mutuamente durante casi dos décadas.
Muy próxima al Partido Popular, Carmen Becerril fue contradada por los Entrecanales como directora de Análisis Estratégico de Acciona poco después de abandonar el Ministerio de Industria en noviembre de 2005. Los dueños de Acciona le sentaron también en el consejo de Endesa cuando Zapatero apostó por los italianos de Enel en plena guerra corporativa y política con los alemanes de E.ON y ocupa desde noviembre de 2009, poco después de que Endesa pagara el favor a Acciona con el la división de Renovables de la eléctrica (aparte de una sustanciosa cantidad en metálico), la presidencia de Acciona Energía, la primera empresa fotovoltaica española y la segunda en energía eólica, después de Iberdrola Renovables. Además tiene intereses en cinco empresas fabricantes de equipos industriales para centrales eléctricas, domiciladas en Madrid y Navarra. En Acciona comparte proximidad de despacho con Pío Cabanillas, otro miembro destacado del PP y que,al parecer, tuvo alguna influencia en su llegada a la constructora.
Convertida en horas libres en asesora ocasional de Mariano Rajoy, su punto débil es que compartió decisiones sobre tarifas eléctricas con Cristóbal Montoro cuando el economista de Jaén, portavoz económico del Grupo Popular, era titular de la cartera de Hacienda con Aznar. Montoro siempre ha sido un "duro" con el sector eléctrico, aunque personalmente admite que no tiene nada contra este estratégico y poderoso grupo industrial. Pero si cuando era ministro fue uno de los principales responsables (junto a Rodrigo Rato) del proceso de generación de lo que hoy se conoce como el "déficit tarifario" (casi 20.000 millones de euros reconocidos en los balances de las empresas como deuda del Estado con el sector por no cubrir todos sus costes durante años de subidas tarifarias limitadas), ahora presume de meterse con el "lobby eléctrico" porque da votos o, dicho de otro modo, aparecer próximo a las posiciones de las eléctricas los resta.
Pero volvamos a la semana pasada, plena de encuentros, llamadas telefónicas, conversaciones y casualidades. Al día siguiente de la reunión en Industria de la directiva de Acciona Energía, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, cenaba con el embajador norteamericano, Alan Salomont. El objetivo parecía ser el mismo: hablar del futuro de las energías renovables en este país, que ya generan casi el 25% de la demanda eléctrica española, muy por encima del objetivo marcado por la Unión Europea (20%) en el horizonte del 2014. Y ciertamente se habló, según fuentes solventes, porque Ferrovial, mucho menos que Acciona, es otra de las constructoras que, ante la crisis del ladrillo, ha apostado por resolver sus dificultades cíclicas con el recurso a las subvenciones públicas que muy generosamente concede el Gobierno de Zapatero a las renovables. O, al menos, si no es con subvenciones, con la obra civil que conllevan.
Pero la crisis económica española, aparte de contener el consumo eléctrico y forzar al Gobierno de Zapatero a aplazar sus sueños faraónicos de superar en PIB por habitante a Italia y Alemania, ha obligaado al Gobierno socialista, a través del Ministerio de Industria, a plantearse un programa de contención de ayudas públicas y poner coto a estas subvenciones, que originan un déficit tarifario (o coste añadido en la generación eléctrica) de más de 7.000 millones de euros al año, algo que la creciente deuda pública española -y su necesaria y cada vez más cara financiación- no puede soportar.
Los estudios técnicos internos ministeriales, presentados a los partidos políticos en la mesa de negociaciones del abortado Pacto del Palacio de Zurbano, sugieren que las denominadas primas a las renovables deberían recortarse en una cantidad que, precisamente en las conversaciones ministeriales con los diferentes lobbys eléctricos, fijan en un mínimo del 30%. Aún así, este recorte sería insuficiente para contener el crecimiento del déficit tarifario que, en un momento acumulado de casi 20.000 millones, debe invertir su crecimiento por mandato legal (el Gobierno lo lha firmado con rango de Ley) en dos años. Sin embargo, este objetivo no se está cumpliendo y, según la CNE, el déficit tarifario sigue creciendo y ya va este año por una cifra que podría alcanzar los 3.000 millones en cualquier momento.
En este contesto, y tras aceptar la congelación de las tarifas exigida por Montoro (Rajoy de esto debe entender poco), el ministro Sebastián se ha echado en manos del Partido Popular para trasladarle, al menos parcilamente, la responsabilidad de contener la subida de tarifas eléctricas, una medida ciertamente antipopular cuando afecta precisamente a los ya van a ver sus sueldos recortados (funcionarios y jubilados), su negocio tocado por la crisis (autónomos y pequeños comercios) y no digamos las empresas, hundidas por la falta de competitividad. Limitada ya a primeros de enero, el aplazamiento a julio del resto del alza pendiente (a efectos de cumplir la ley y enviar un mensaje tranqulizador a los mercados) ha probado ser un craso error, porque tampoco ahora podrá realizarse.
Obviamente, casi la totalidad de las empresas eléctricas grandes se han visto afectadas pero, al margen del efecto inmediato, en el fondo prefieren que independientemente de la batalla puntual de las tarifas, el Gobierno contenga el desmadre de las primas a las renovables. Incluso Iberdrola, que es la que más porcentaje de renovables tiene, vería con buenos ojos un drástico recorte a las subvenciones a las fotovoltaicas, que son al fin y al cabo (las eólicas están más cerca del punto de rentabilidad) las que generan el déficit. Hasta Borja Prado, desde la desvalida (en renovables) Endesa, ha expresado tal deseo, aunque su corazón italiano clama más por contener el compromiso presidencial con el carbón que con las placas solares.
Pero es aquí, en la energía fotovoltaica, donde Zapatero ha tropezado con tal desmadre de intereses que se precisaría un libro para incluirlos a todos. Muchos empiezan a sospechar si el profesor de León es consciente de la tierra que pisa, pero lo cierto es que da lo mismo. Si José Manuel Entrecanales -convertido en megamilonario por una lucha política sobre Endesa tan ridícula como insostenible desde el punto de vista económico-, presume en plan pijo de ser uno de los pocos empresarios de este país que posee el número de móvil de Zapatero, también es harto sospechoso que la Embajada norteamericana dedique cuerpo y alma a preservar que España, como comentaba Ignacio Galán (Iberdrola) en la reciente junta general en Bilbao, sea el banco de pruebas de Estados Unidos en materia fotovoltaica. Y no digamos de otros interes espúreos en este sector, relacionados más que con el sector financiero con unos muy pocos de sus directivos, amen de jóvenes leones socialistas. Y, por favor, no me pidan nombres que algunos tienen muy malas pulgas.
A Zapatero, no cabe duda, parece que le encanta asistir a las cumbres del G-20 y recibir llamadas telefónicas de Barak Obama, pero deberiá intentar enterarse antes del juego que se trae la Administración norteamericana con las renovables fotovoltaicas, una tecnología ciertamente en continuo y vertiginoso cambio, que hace que lo que por la mañana sea revolucionario por la tarde se convierta en obsoleto. De momento, una cosa está más que clara. Es extremadamente cara, amén de innecesaria en plena crisis de demanda, e insostenible desde el punto de vista económico. De hecho, de lo único que sirve, de momento, es para hacer muy ricos, aún más, a unos pocos. ¿Se puede permitir España este lujo?