Monitor de la Construcción
La Ley de Morosidad levanta ampollas en las empresas
De la semana de Pasión a la Semana Trágica
El sector teme una paralización de las obras que no hayan alcanzado el 90%
El ministro de Fomento ha estado muy parlanchín estos días. Dentro de esa logorrea ha soltado dos consejos con un cierto aire de amenaza. Uno, las empresas constructoras de obra pública han de fusionarse, juntarse, ser adquiridas por otras más grandes, es decir, que para los próximos años sobran empresas a punta de pala. Dos, que en España hay exceso de infraestructuras porque disponemos de más y mejores de las que corresponden a nuestro nivel, ahora de bastante segunda división, como si se hubiera olvidado de lo que dijo en el Congreso recién nombrado ministro de Fomento, o lo hubiera dicho otro, no él. Para los maliciosos eso significa que -lo que son las cosas- el sector puede empezar a añorar a Magdalena Álvarez, si a la mayoría de sus empresas les quedan ganas de añorar algo. De resultas, las empresas que pueden han puesto a trabajar de manera intensiva a sus expertos para largarse a trabajar fuera de España, en obras, concesiones, servicios, lo que caiga.
Para terminar las buenas noticias, el ministro de Industria endiña a las empresas diversificadas en el sector energético renovable y superecologista, un palo retroactivo de padre y muy señor mío. Nucleares -¿no, gracias?- tampoco y los contratos de servicios urbanos liderando la enorme morosidad de los ayuntamientos, que al grito del tal Castro, están dispuesto a no pagar ni a su padre, un suponer. Y el panorama de la licitación en lo que va de año parece el desierto de los tártaros, una inmensa perspectiva vacía ya mires hacia atrás, ya mires hacia delante. Se ha acabado el asunto, trasmiten a quien tenga oídos desde el Ministerio de Fomento, Consejerías del ramo y Concejalías varias.
La Ley de Morosidad ha sido muy mal acogida como es notorio, por el sector empresarial de la construcción pública. "Hemos perdido, ahora que por primera vez habíamos llegado a un acuerdo con los proveedores y subcontratistas" decía un alto responsable de las empresas ante el nulo resultado del intenso lobby desplegado para introducir in extremis la posibilidad del confirming para evitar el pago a 60 días. Y es que esta nueva Ley obvia lo más importante, la enorme deuda pendiente por parte de las administraciones públicas con el sector, en especial la de los ayuntamientos. Vale, a partir de ahora habrá que pagar en plazo como dicta la nueva Ley.
Pero ¿qué hay de la enorme bola de impagados anteriores por parte de las administraciones públicas? ¿Alguien se cree que los ayuntamientos por ejemplo, van a poder -y querer- pagar en 30 días? Las empresas que tiene contratos de servicios que no pueden paralizar -electricidad, depuración, basuras, limpieza, etc.- y que en algún caso acumulan demoras en el cobro ya no de meses sino de años, ¿van a quebrar gallardamente pero, eso sí, con un balance contable de lo más aparente?
Hay quien opina que la "victoria" de los subcontratistas y proveedores va a ser no menos merecida que pírrica: no va a haber mucho que cobrar en 60 días en el futuro próximo. Y no solo por la práctica desaparición de nuevas obras licitadas sino porque vamos a asistir a una rescisión de contratos, al menos desde Fomento, en cascada y de proporciones épicas. También se cuenta por ahí que alguna empresa ha visto ya las orejas al lobo por partida doble. Primero, porque le han ido a contar que tal obra va a ser rescindida/paralizada/invernada sine die (¿y qué pasa ahora con el crédito que tanto me costó conseguir con cargo a lo que iba a cobrar por ella?). Segundo porque habiéndose atrevido a pedir ser compensada al menos, de acuerdo a ley, con el importe del lucro cesante, ha sido contestada con algo que, al estilo del new journalism, podríamos fabular así: "De eso ni hablar. Mirad chicos, hay que ser solidarios ahora que vienen mal dadas".
Mensaje nada subliminal: Y no os pongáis chulos porque a las malas, no volvéis a contratar una obra con esta administración y revisaremos con el mayor amor el resto de contratos que tenéis adjudicados. Lo mismo hay que rescindirlos también. Además, si vais a los tribunales, ya veremos los años que se tarda en dilucidar el asunto y para entonces, a ver cómo habéis aguantado el tirón. Digo yo que no será a esto a lo que se referían estos últimos días muchos altos cargos de la Administración cuando decían en público que por supuesto todas las rescisiones/paralizaciones se negociarían con las empresas afectadas.
Y nos queda la nueva propuesta de regulación del contrato fijo de obra pactado por los agentes sociales en la construcción, según el documento del Gobierno el pasado 11 de junio, que modifica el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, y que afecta directamente a la construcción al redefinir el peculiar "contrato fijo de obra" utilizado en esta actividad. El cambio que se propone, además de complicar bastante las relaciones de los agentes sociales de un sector como es éste, en el que ha imperado la paz social durante los últimos treinta años, viene a echar por tierra lo pactado respecto a la definición de "puesto de trabajo" en el vigente Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011. De eso hablaremos la próxima semana.