Luxemburgo facilitará la identificación de inversores mientras Panamá, Suiza, Hong Kong y Singapur se pliegan
Hacienda pone coto a la huida de las 'sicav' con convenios fiscales con 15 países
Los acuerdos cerrarán la puerta a una temida fuga masiva de capitales a paraísos fiscales
Las modificaciones al convenio firmado por España y Luxemburgo para evitar la doble imposición fiscal, publicadas el lunes en el Boletín Oficial (BOE), son de gran calado a efectos de evitar que el ahorro español que se refugia en el Gran Ducado sea opaco para el fisco, como ha estado ocurriendo durante bastantes años por la diferente interpretación que ambos países de la UE han hecho de lo convenido en junio de 1986, lo que obligó a España a imponer la etiqueta de paraíso fiscal en determinados productos de inversión. Una vez cerrada esta vía de agua, es voluntad de la Hacienda española conseguir la máxima colaboración fiscal en materia de transparencia para evitar que el dinero negro se refugie y se genere en centros financieros muy importantes, que cuentan con una gran capacidad de captar inversores.
Fuentes gubernamentales han informado a Capitalmadrid que en estos momentos se está negociando con 15 soberanías fiscales convenios de colaboración que eviten la doble imposición, pero con garantías de que no sean un lavadero de dinero español. El foco principal, tras el acuerdo con Luxemburgo, se centra en Panamá, Suiza y las dos plazas asiáticas más importantes, Hong Kong y Singapur.
Las medidas son de gran relevancia en un momento como el actual de gran crisis económica y dificultades para captar capital, en el que la competencia por atraer inversores es durísima. El Gobierno español está trabajando además en una serie de modificaciones impositivas para penalizar a las rentas de más nivel, y se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que generen una fuga de capitales.
Los dos últimos responsables de Economía, Pedro Solbes y Elena Salgado, siempre han considerado que una penalización a instrumentos creados ad hoc para ricos, como son las sicav, sólo conseguirían la huida de ese dinero a otros lugares con mejores condiciones impositivas.
Para los responsables de Hacienda, la mayor preocupación es, no obstante, la opacidad del dinero que esté invertido en el extranjero, y el acuerdo con Luxemburgo es muy relevante en este aspecto, conteniendo un artículo básico, en el que simplemente se dispone la sustitución del artículo 27 del convenio de 1986, por el cual se regulaba el intercambio de información fiscal entre ambos países.
Con las nuevas disposiciones queda claro que los requerimientos de información pueden ser también de las comunidades autónomas y ayuntamientos, es decir que alcanza a cualquier tributo, y también que Luxemburgo no podrá alegar como era el caso la falta de interés nacional para no hacer las pesquisas que se le piden. Además, y quizá lo más importante, el Gran Ducado no podrá denegar la información "porque ésta obre en poder de bancos u otras instituciones financieras, o de cualquier persona que actúa en calidad fiduciaria (testaferros), incluyendo los agentes designados, o porqué esté relacionada con acciones o participaciones de una persona".
A cambio de estas cesiones, Luxemburgo, que vive fundamentalmente del sector financiero, con un volumen de gestión de ahorro diez veces superior al español, consigue que España acepte la inversión en los fondos especializados (SIF) que se comercializan en el Gran Ducado, con una gran libertad de gestión y de composición patrimonial, y que estaban penalizados fiscalmente por la Hacienda española.
La pelea, una vez más, será entre los asesores de inversión contratados por la banca privada y los millonarios, que en muchas ocasiones son inspectores fiscales de carrera, y que tratarán de encontrar agujeros en los convenios que la Hacienda suscribe, justamente para impermeabilizar las fugas tributarias.