El Estado permite que su aseguradora apoye los planes de financiación del ICO
CESCE garantizará facturas mediante aval para dar liquidez a las pymes
Santander y BBVA jugarán el principal papel en los nuevos productos
El Gobierno, ante la dramática situación que viven las empresas españolas para conseguir financiación, ha puesto todos los mecanismos a su alcance -muy limitados tras privatizar la banca pública y con muchas cajas de ahorros en situación crítica- para que el crédito fluya hacia el tejido productivo. A los ya anunciados créditos que el ICO pondrá desde este martes a disposición de las empresas, hay que añadir un producto nuevo de CESCE, la aseguradora de crédito presidida por Juan Badosa que controla el Estado (50,25% del capital) en compañía de los grandes bancos, especialmente del Santander y BBVA, quienes tienen el 21% y 16% respectivamente del capital del grupo. Un alto cargo de éste ha desvelado a Capitalmadrid que CESCE garantizará el cobro de facturas de sus clientes, con un límite máximo de medio millón de euros, para que puedan descontarlas en las entidades financieras."Las facturas que aceptemos garantizar servirán como instrumento de pago por nuestros bancos socios, siempre que alguna entidad financiera se niegue a abonarlas", afirmó la misma fuente.
El anuncio de este producto, que no es la tradicional póliza de crédito de la compañía, está previsto también para mañana martes. Aunque obviamente, los requisitos para conseguir ese aval no serán fáciles de acreditar, las empresas sí dispondrán de un instrumento ágil y con coste muy bajo para obtener liquidez con gran rapidez. El esfuerzo de CESCE se produce además en un momento no muy dulce para su negocio.
La aseguradora, especializada también en crédito a la exportación, terminó el año 2008 con unas pérdidas superiores a los 50 millones, y menos negocio, números rojos que, según fuentes conocedoras de la institución continuaron el año pasado, aunque el resultado todavía no se ha hecho público. En 2007 fue el último ejercicio que saldó con beneficios, pero la altísima morosidad en los pagos empresariales ha originado un profundo deterioro de las cuentas, al tener que cubrir la aseguradora algunos de los riesgos por las pólizas tomadas.
La consecución de crédito y financiación por parte de las pymes españolas se ha convertido en un obstáculo cada vez mayor, y los datos de los últimos meses ponen la piel de gallina. El crédito nuevo a empresas y familias cayó el pasado año un 8,7%, y en lo que va de ejercicio el descenso es del 20,3%, y tomando el último dato disponible, del pasado 10 de abril, la caída del mes anterior se situó en el 26%. La capacidad de las empresas para financiarse es cada vez menor debido a la grave situación de las entidades financieras, que mantienen mucha liquidez para evitar tener problemas en esta variedad de riesgo.
Las empresas de tamaño medio-grande tampoco lo tienen bien. Las emisiones de bonos de deuda empresarial cayeron en el mundo a sólo 70.000 millones el pasado mes de mayo, muy por debajo de los 200.000 de los meses anteriores. Hay excepciones, como es el caso de la multinacional española Grifols, que no ha tenido problemas para encontrar un grupo de bancos internacionales, en el que está el BBVA, que financie gran parte de los 2.800 millones de euros que le cuesta adquirir su competidor estadounidense Talecris.
El proceso de deflación de deuda que se vive actualmente, con un hundimiento de los precios de los activos que garantizan los préstamos bancarios, está descapitalizando a las entidades financieras, sobre todo a aquellas con mayor riesgo inmobiliario, donde los precios han bajado más, lo que les ha forzado a restringir el crédito a pesar de que el Banco Central Europeo se ha comprometido la semana pasada a seguir inyectándoles liquidez, al menos hasta septiembre, de manera considerable y con garantías peores de lo deseable y pertinente.
El Gobierno confía en que la aceleración de los procesos de fusión de entidades financieras, que abre la puerta a los fondos del FROB, los cuales permiten el saneamiento del activo, sea el primer paso para normalizar el crédito. No obstante, hasta que esta normalización sea plena queda un trecho. Mientras, será el ICO el principal vehículo de financiación pública directa.
El Instituto de Crédito Oficial comienza mañana su experimento de concesión de préstamos, con un tope de 200.000 euros por pyme, bien sea para realizar inversiones como para atender las necesidades de circulante de aquellas, que tengan al menos un año de antigüedad. La comercialización del producto correrá a cargo de los bancos en los que más confía el Gobierno, Santander y BBVA (sus principales socios también en CESCE). Estas dos entidades dispondrán en muchas de sus oficinas de personal especializado en los préstamos directos del ICO, encargándose de ayudar a las empresas en las solicitudes de éstos, cuyo riesgo es asumido en un 100% por el Estado.
La institución que preside José María Ayala desde hace un año ha concedido préstamos por valor de casi 6.000 millones en los cuatro primeros meses, siendo favorecidos alrededor de 10.000 empresas y ciudadanos, según los datos de la propia entidad, resultando especialmente notorio el crecimiento de la línea de liquidez que concede con riesgo compartido con las entidades financieras, con un aumento del 44,3% hasta los 1.800 millones de euros y 30.700 empresas beneficiadas. El Gobierno autorizó en abril que, en esta línea, el ICO pudiera aumentar el límite máximo de riesgo un 5%, adecuándolo al porcentaje medio de morosidad de los bancos a cierre de 2010, en el crédito para actividades productivas que no sean las de construcción e inmobiliarias.
La falta de instrumentos financieros potentes y públicos que permitirían aliviar la gravísima situación de liquidez de las pequeñas y medianas empresas españolas ha desatado un incipiente debate en el partido socialista, espoleado por diputados como Manuel Mas, que es el portavoz de Economía del grupo parlamentario socialista, conscientes como son de que las cajas desaparecerán en cuanto se adopte una nueva ley, tal como han acordado Zapatero y Rajoy. El renacimiento de lo que fuera Caja Postal, dependiente de Correos, donde ha sido nombrado presidente hace un mes Alberto Lafuente, es una de las hipótesis de trabajo que se plantean.