ANÁLISIS
Rato logra el liderazgo del sector financiero
Los 4.500 millones del FROB dividen al consejo de Caja Madrid por su elevado coste
Los históricos de Caja Madrid quieren restarle importancia al acuerdo. Primero porque se trata de una fusión virtual y segundo porque el proyecto ya estaba encima de la mesa de Rodrigo Rato antes de que llegara a la presidencia de la caja que acaba de arrebatar el liderazgo a "la Caixa". Añaden incluso que los objetivos de Miguel Blesa, como muy bien sabe el consejo, eran más ambiciosos. Junto a la fusión con Bancaja, prioridad de la que hablamos la pasada semana en estas mismas páginas, estaba también conseguir la fusión simultáneamente con Caja Galicia. Pero, cuidado, no hay que descartar nada.
No en vano ayer el presidente de Galicia advertía a los ejecutivos de las dos entidades gallegas, que se dejaran de discusiones estériles y concretasen lo que habían pactado. Este éxito que sitúa al frente del sector financiero a Rodrigo Rato, con un volumen de negocio superior al del Santander o el del BBVA, es sólo un primer paso. A Botín le ha costado mucho más ser el líder de la banca que los cinco meses que ha necesitado Rodrigo Rato, desde que el 28 de enero se hiciera con la presidencia de la caja, para hacerse con el mando del sector. Aunque en el consejo siguen pensando que la apelación del FROB, ahora ya por 4.500 millones de euros, no tiene sentido. Insisten es muy caro y estaba pensada para que las pequeñas cajas no pudieran acudir al Fondo y obligarlas a fusionarse. Pero no es el caso de Caja Madrid. Su apelación al mercado será siempre mucho más barata. Rato tiene que explicarlo o cambiar de criterio.
Quedan muchas cosas por negociar, pero recuerdan incluso los críticos, que Roma no se construyó en una hora. Su consejo de administración previsiblemente aprobará el próximo lunes la creación formal del Sistema Institucional de Protección (SIP) con el que las dos cajas compartirán riesgos junto a la Insular de Canarias, Caixa Laietana de Mataró, y las cajas de Ávila, Segovia y La Rioja.
Para llevar a cabo esta fusión virtual entre las siete entidades, que no sólo cuenta con el apoyo del Banco de España, sino que es el que ha dado el empujó final, tiene previsto acudir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y pedirles 4.500 millones de euros.
No menos problemático será la cuestión de la sede para cuando se den pasos adicionales. Es clave de cara al pago de los impuestos. Pese a que los expertos han hablado de neutralidad en la recaudación de las distintas comunidades autónomas al permanecer las marcas de cada una de las entidades fusionadas, para los pasos posteriores no resultará igual de neutro.
Pero de momento la sede operativa estará en Madrid, mientras que Valencia albergará la sede social y la dirección de empresas participadas del nuevo grupo financiero, que con un volumen de negocio de 376.000 millones superará al Banco Santander y al BBVA, aunque quede por detrás de ambos por volumen de activos.
Se da por hecho que el nuevo grupo estará presidido por Rodrigo Rato. Su homólogo en Bancaja, el conquense José Luis Olivas, ocuparía la vicepresidencia. Bien es cierto que estos datos no han sido comunicados a la CNMV.
La ley establece que la unión tendrá que estar vigente durante al menos 10 años. Cada entidad mantendrá la titularidad y la gestión de las oficinas de negocio bancario minorista ubicadas en sus territorios de origen, así como su personalidad jurídica, órganos de gobierno y competencias de gestión sobre sus obras benéfico sociales.
La incorporación de Bancaja, con unos 111.500 millones de activo al SIP promovido por Caja Madrid con las otras cinco pequeñas cajas supone dar un carácter completamente distinto a la operación. El grupo desbanca a La Caixa del liderazgo, no sólo en España, sino en Europa. Ahora además la norma le permite el acceso a los fondos del FROB, ya que el conjunto de entidades superan holgadamente en más de un 25% los activos de Caja Madrid. Aunque insistimos este no es un aspecto que satisfaga a todos los consejeros pese a las explicaciones que han ofrecido los técnicos en los últimos días sobre las dificultades de poder obtener financiación en los mercados dada la desconfianza creciente de los mismos respecto de las entidades financieras españolas, Caja Madrid incluida.
Con todo, los órganos de gobierno de las siete entidades implicadas y las autoridades administrativas competentes deben dar el visto bueno a la operación, para poder pedir los recursos públicos antes del 15 de julio. Es decir, quince días antes de que venza el plazo dado por Bruselas para autorizar por la vía rápida el uso de fondos públicos en este tipo de operaciones, que deberán ser devueltos con un interés anual del 7,75%, más posibles recargos en función del plazo de devolución, que son considerados una carga por muchos consejeros.