El Gobierno vasco deja muy claro que no acelerará la fusión de sus cajas

Los socialistas gallegos reclaman un papel digno para el presidente de Caixanova en la nueva entidad

Miguel Ángel Valero.– El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el del PP, Mariano Rajoy, llegaron a un acuerdo para acelerar las fusiones de cajas antes del 30 de junio (fecha en la que vence oficialmente el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el Frob) y para reformar la normativa que regula estas entidades, la famosa Lorca, después del verano. Un acuerdo que, desde el primer momento, no gustó a algunas comunidades autónomas, que quieren mantener el control absoluto sobre sus entidades de ahorro. Ya Convergencia i Unió (CiU) expresó, nada más conocer el pacto en La Moncloa, algunas reservas. Y ahora, sin criticar en momento alguno el acuerdo, el Gobierno vasco deja muy claro que las tres cajas de ahorros de esta autonomía van a adelantar a este año su proyecto de fusión.

La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, descartó que BBK, Kutxa y Vital Kutxa vayan a fusionarse este año. Por muchas prisas que tenga el Gobierno central y el PP para tener nítidamente dibujado el nuevo mapa del sector antes del verano. Mendia argumenta que las tres cajas de ahorros del País Vasco "llevan su propio ritmo". Además, presentan "mejores" resultados que otras entidades de ahorro del resto de España. Por si no hubiera quedado suficientemente claro, tras el fracaso de la última tentativa de fusión, cada vez que se ha hablado sobre esta cuestión se ha evidenciado que 2010 "no iba a ser" el año de la integración.

El presidente de la BBK, Mario Fernández, y principal promotor de la integración de las tres cajas vascas, siempre ha defendido que los momentos de crisis no son los más idóneos para realizar operaciones de estas características, y que la fusión se hará cuando la economía haya consolidado la recuperación y condicionada también a que exista suficiente consenso político.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, José Montilla, también puso sus pegas al acuerdo entre Zapatero y Rajoy. Y lo hizo, curiosamente, tras un encuentro de más de dos horas con el presidente del PP. Reclama que las cuotas participativas con derechos políticos que se introducirán en la reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros sean "minoritarias". Y deja meridianamente claro que se opondrá a la privatización de las cajas (algo que ni Zapatero ni Rajoy han planteado en su acuerdo), y también a que la Generalitat pierda sus competencias sobre estas entidades financieras.

Montilla aboga por salvaguardar la naturaleza jurídica actual de las cajas, y también por el "modelo catalán" para estas entidades financieras, que a juicio del presidente de la Generalitat se singulariza por su despolitización y su gestión totalmente profesionalizada. Para curarse en salud, Montilla precisa que habla "sin papeles", ya que por ahora no hay ningún borrador ni propuesta sobre la reforma de la Ley de Cajas ni se conocen las bases de lo que quieren Zapatero y Rajoy al respecto.

Alguna pista dio el presidente del PP. Rajoy asegura que la reforma de la Ley de Cajas debe consagrar una gestión despolitizada y profesionalizada de estas entidades financieras, y puso a La Caixa como modelo. "Hemos de avanzar en la profesionalización de las cajas, alejarlas de lo político. Esto se hizo muy bien en Cataluña con La Caixa", señala. Rajoy recuerda que lleva años reclamando que se impulse una reforma de este tipo de entidades, respetando su naturaleza jurídica y su apego al territorio.

Y en Galicia, el principal frente para acelerar el proceso de reestructuración de las cajas, Caixa Galicia y Caixanova siguen sin llegar a un acuerdo. Tras decidir, en presencia del director de Supervisión del Banco de España y de la conselleira de Hacienda de la Xunta de Galicia, que la fusión será paritaria, faltan flecos importantes, como la duración del período transitorio, el organigrama, la sede y el plan de desinversiones.

Por ello, el secretario general de los socialistas gallegos y persona clave en el consenso político que ha desbloqueado la situación tras un mes de negociaciones entre las dos cajas, Manuel Vázquez, propone que sea el Banco de España el que defina cuál debe ser el período de transición. Caixanova exige cinco años, y Caixa Galicia sólo acepta dos.

No obstante considerar los puntos de desacuerdo "solucionables", Vázquez admite que el acuerdo será complicado respecto a la ubicación de la sede, por la ancestral rivalidad entre Vigo y A Coruña, alimentada con esta operación por los alcaldes respectivos, ambos socialistas. El propio Vázquez recuerda que la intención de la Xunta que preside Alberto Núñez Feijóo inicialmente era "asaltar Vigo y asaltar Caixanova".

También, sobre cómo se va a gestionar la copresidencia, si finalmente se llega a esta fórmula. Un tercer punto de conflicto es la venta de unas 300 oficinas, pero el desacuerdo es "si las tienen que vender quien las tiene ahora o si se venden después de la fusión". Lo que está claro es que las dos cajas, o la nueva entidad, deben realizar desinversiones que aporten al menos 12.000 millones de euros para reducir la apelación al Frob.

Por tanto, pide a las dos entidades "un esfuerzo final", tras los movimientos propiciados por el Banco de España. Vázquez admite que tanto el presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, "pieza clave en el proceso, le pese a quien le pese", como el director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, "defienden lo suyo", y les pide que, además, "piensen también en Galicia". Los consejos de las dos cajas tienen previsto celebrar sendas reuniones el martes.