Víctimas de los cortoplacistas, atribuyen la especulación al parón en nuevas obras
Las constructoras proponen un trueque de peajes para desatascar sus negociaciones con Fomento
El objetivo es pactar una solución a las radiales de Madrid y relanzar el nuevo plan de infraestructuras
Las grandes constructoras españolas quieren terminar con la incertidumbre en sus relaciones futuras con el Ministerio de Fomento porque la indefinición les está costando muy caro en Bolsa y porque quieren comenzar a trabajar cuanto antes en el nuevo Plan de Infraestructuras diseñado por el equipo del ministro José Blanco. Para lograrlo deben vencer antes dos grandes escollos: una nueva fórmula de compensación por los sobrecostes de las expropiaciones y una solución definitiva para las autopistas de peaje del sistema de radiales de Madrid. Las incertidumbres que pesan sobre el nivel de actividad y rentabilidad de las constructoras en su relación con el Estado ha llevado a estas empresas a ser presa fácil de operaciones a la baja en Bolsa. Aunque es difícil calcular qué porcentaje de la caída es atribuible a la especulación, una parte importante de los recortes guarda relación con las apuestas a la baja de los cortoplacistas. Hay que recordar que en lo que va de año, Sacyr, FCC y Ferrovial han perdido más de un 35% de su capitalización en el primer caso y más de un 20% en las otras dos.
Las tres, junto con ACS y Abertis, están implicadas en los problemas que acucian al sector con las autopistas de peaje. Por lo que respecta a las radiales de Madrid, una de las ofertas de las constructoras que la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte (SEIT) se quede por un precio simbólico la autopista de circunvalación M-50 que de esta forma dejaría de ser estrictamente pública para pasar a depender de una sociedad mercantil. Tras ello, la SEIT, dependiente del Ministerio de Fomento, adjudicaría la vía a las constructoras con el sistema de "peaje en la sombra", con lo que percibirían un canon durante los próximos 30 años a cambio del mantenimiento y la conservación.
Con esta fórmula, las empresas constructoras terminarían con muchos años de incertidumbre sobre la rentabilidad de estas inversiones, cerrarían su contencioso con Fomento y enviarían un mensaje positivo a los mercados en un momento delicado. El problema viene desde que el Ministerio de Fomento, en tiempos de Francisco Álvarez Cascos como ministro de José María Aznar adjudicó las cuatro grandes radiales de peaje madrileñas a Sacyr, Globalvía (FCC y Caja Madrid), Abertis y ACS, a cambio de la construcción sin coste de la M-50. La inversión sería recuperada vía peaje, pero el tráfico real es muy inferior al previsto.
De hecho, estas concesiones han pasado ya por problemas financieros muy graves en los últimos tiempos, hasta el punto de que en los últimos Presupuestos Generales del Estado, los vigentes desde enero, los grupos parlamentarios pactaron una enmienda introducida en el Congreso por la que Fomento otorgaría a las empresas créditos participativos por valor de 250 millones de euros para superar el apretón financiero y poder optar al plan de renovación de las autovías convencionales más antiguas.
En la fase de estudio del problema, el Ministerio de Fomento ha elaborado gran cantidad de documentos e hipótesis, en conjunción con el Ministerio de Economía y una de las conclusiones a las que han llegado ambos departamentos es que es necesaria una solución que evite la posibilidad de que el Estado tenga que rescatar una de las autopistas de peaje por dificultades financieras graves de la empresa concesionaria. Según los cálculos del Gobierno, el coste para los presupuestos estatales de una acción de este tipo para las radiales madrileñas sobrepasaría los 20.000 millones de euros y, lo que es mucho más pernicioso en las actuales circunstancias de los mercados, transmitiría una nueva señal negativa de desconfianza.