Monitor del Seguro
La sentencia abre la puerta a que AMA reclame daños y perjuicios
Seguros recibe un varapalo de la Justicia
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a AMA en una de sus demandas
Según el Tribunal, Seguros -como dicen ahora- se ha pasado varios pueblos, ya que ninguno de los hechos denunciados por la DGS "revisten de la suficiente entidad ni implican riesgo actual para los intereses de los mutualistas para justificar esta medida" y considera que fue "desproporcionada", ya que los perjuicios potenciales que puede generar a la imagen y confianza de la compañía "son muy superiores a los intereses que, en estos casos concretos, se pretende salvaguardar".
Aunque en otro punto de la sentencia el TSJM da la razón a Seguros, éstos son de menor importancia, ya que mantiene la "orden al presidente de la entidad de proceder a la lectura completa de la presente resolución al consejo de administración en un plazo no superior a dos meses". En este punto, el TSJM considera que con esta medida se llama la atención de la asamblea de la entidad para que pueda "adoptar medidas encaminadas a un mayor control de la gestión del consejo y a evitar prácticas contrarias al buen gobierno".
Esta sentencia levanta muchas dudas sobre la actuación -al menos en este caso- del organismo de control del sector asegurador, ya que para el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, "los hechos que han motivado las medidas, que la DGS considera los comportamientos de los órganos de gestión de la mutua son contrarios a las normas de buen gobierno y que implican debilidad del control interno, en opinión del tribunal, en unos casos son bastante irrelevantes (venta de vehículos robados recuperados después del pago de la indemnización) y sin incidencia en el volumen de negocio de AMA.
Otros han sido erróneamente interpretados (derramas a mutualistas) por la Administración y los otros dos: compensaciones económicas a los miembros del consejo de administración (aprobadas por los mutualistas en las asambleas generales anuales) y operaciones con el Banco Guipuzcoano, opinables y susceptibles de interpretaciones diversas, como se infiere del informe pericial aportado por la actora y no cuestionado de contrario.
En lo que el Tribunal no entra es en la solicitud de indemnización por los perjuicios que, según la mutua, le han provocado con la adopción de las medidas y que concreta en la pérdida de pólizas por un importe de más de 336.000 euros, así como en el retraso en la venta de acciones del Banco Guipuzcoano como consecuencia de la intervención, que le pueden haber ocasionado un perjuicio patrimonial de más de 5 millones. El TSJM considera que esto es una cuestión ajena a este pleito y que tendría que ser dirimida, en su caso, "vía responsabilidad patrimonial". Aunque subraya, a modo de recordatorio, que "la anulación de una decisión administrativa previa no implica 'per se' un derecho a indemnizar".
Lógicamente y, además porque no le queda otra salida que acatar inmediatamente la resolución, nada más conocer la sentencia Seguros procedió a levantar las medidas de control aplicadas a la mutua, lo que supone el final del sometimiento de la mutua a la fiscalización previa de DGSFP. La sentencia, como indica el propio documento, no es firme y cabe recurso de casación. Parece ser que Economía tiene la intención de recurrir, porque entre otras cuestiones está en la obligación de hacerlo, ya que su actuación ha quedado en entredicho y eso no es bueno para nadie.
Y si la resolución de Seguros ha sido desproporcionada en este caso, ¿quien puede asegurar que no lo haya sido en otros?
De todas maneras, si al final la sentencia es firme puede acelerar las intenciones del Gobierno de quitar a la Dirección General de Seguros la supervisión del sector asegurador en nuestro país y reformar definitivamente el modelo de supervisión para llegar al llamado "twin peak, o de dos supervisores, uno de solvencia y otro de conducta, que serían ejercidos por el Banco de España y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este modelo, que fue propuesto a principios de la legislatura por el ex ministro de Economía Pedro Solbes, no se ha realizado, pese a ser considerado mucho más afectivo que el actual de "supervisores únicos".
Hasta el propio presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura, ha criticado el actual modelo de supervisión en una reciente intervención durante la reunión de los presidentes de las Comisiones de Economía y Finanzas del Congreso. Segura señaló que en España será fácil la conversión de un modelo "sectorial cojo" a un modelo de "twin peaks" para corregir el aspecto "claramente negativo" que supone que la Dirección General de Seguros comparta las funciones de supervisión y de regulación de su sector.
Como decíamos al principio, esto no es más que un episodio en el largo y duro enfrentamiento que desde hace más de dos años mantienen entre AMA y la dirección General de, pero todavía quedan pendientes muchos más. La Audiencia Nacional todavía tiene que resolver el recurso de súplica presentado por la mutua contra el auto que confirmó la inhabilitación del ex presidente de AMA, Diego Murillo, y de los antiguos consejeros de la entidad Manuel Campos y Manuel Sánchez, dictada por la DGS a raíz de las irregularidades detectadas.
También están pendientes y siguen su curso las tres querellas criminales aceptadas a trámite por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid interpuestas por AMA contra el director general de Seguros, Ricardo Lozano, por los delitos de falsedades, revelación de secretos, prevaricación, un delito continuado de prevaricación y otro de calumnias, por las que el propio Lozano tuvo que declarar los pasados 1 de febrero y 17 de marzo.