ANÁLISIS
Rajoy explicará a Zapatero que el FROB fracasa por caro
Los populares restan importancia a no finalizar la reestructuración el 1 de julio
Los populares dicen tener muy clara su posición respecto del futuro del sector financiero en España, y en especial de las cajas de ahorro. Los dirigentes del PP no tienen prisa, pese a que los más diversos grupos de presión y la Comisión Europea tratan de acelerar la reestructuración para que esté finalizada el próximo 1 de julio. Se niegan a aceptar discriminaciones respecto de otros países que han ayudado masivamente a sus bancos y cajas. Mientras, en España sólo se ha utilizado hasta el momento el dinero de las propias entidades. Señalan que los recursos previstos en el FROB, además de tenerlo que devolver en un plazo preciso, es muy caro. El 7% está por encima de toda cifra razonable. Rajoy se lo quiere decir claro a Zapatero cuando se reúnan el próximo miércoles en Moncloa.
Estima que los impedimentos para aprobar una reforma son políticos, más que económicos. Y él está dispuesto a colaborar con Zapatero. Rato ya le advirtió que el diseño de la reforma de las cajas lo había hecho el propio presidente del Gobierno, y no el Gobernador del Banco de España, por su profundo carácter político. Y con Zapatero lo debatirá.
La reunión, convocada a las 10:00 horas, se celebra a iniciativa del presidente del Gobierno, después de las múltiples insinuaciones del Partido Popular de que Zapatero, ante la gravedad de la crisis, debía llamar a Rajoy si quería el apoyo del Partido Popular. El encuentro lo impone la dura realidad. Por lo que Zapatero decidió telefonear a Rajoy el pasado sábado para proponerle un encuentro pendiente desde hace meses. Ambos se pusieron de nuevo en contacto ayer para fijar el miércoles como el momento del encuentro con sólo dos puntos de la agenda pública.
No será la primera vez que ambos hayan debatido sobre cuestiones no previstas. O al menos no anunciadas previamente. Los más activos colaboradores de ambos líderes políticos rechazan descartar otros asuntos abiertamente políticos y no necesariamente circunscritos al ámbito de la renovación de los magistrados del Constitucional, a los que les ha caducado su mandato, y sobre el Estatuto.
Pese a ser una muletilla, hay que insistir en que en principio, la agenda del encuentro se limitará a analizar las condiciones de participación española en la ayuda financiera a Grecia, en la que España pone 9.792 millones de euros durante el trienio 2010-2012, y a la evolución del sistema bancario español, en especial el futuro de las cajas. Moncloa no descarta que aborden otros asuntos, como la recuperación económica y el paro.
La historia de los precedentes diez encuentros en Moncloa entre ambos líderes desde que Zapatero llegara al poder son la historia de una frustración. Durante su último encuentro del 14 de octubre del año 2008, analizaron las medidas excepcionales tomadas por el Gobierno para respaldar al funcionamiento del sistema financiero. Su entendimiento fue calificado entonces de bastante amplio. Aunque la reforma sigue sin llegar.
El mayor de los fracasos se produjo en la reunión previa, celebrada en julio de 2008, en la que acordaron revitalizar el consenso en la política antiterrorista y sentaron las bases de un acuerdo en materia de Justicia para renovar en dos meses el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. La permanencia en el Constitucional de cuatro magistrados a los que les venció el plazo en el año 2007 pone bien a las claras el éxito de la reunión.
La renovación del TC no está en la agenda formal de la entrevista, pese a que Rajoy tiene previsto viajar al día siguiente a Barcelona para reunirse con el presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, para tratar precisamente de este tema.
Rajoy reiterará además a Zapatero la necesidad aplicar un plan de ajuste en las cuentas públicas, antes de que nos lo impongan, para controlarlo como insisten en pedir los más diversos organismo nacionales e internacionales. Pedirá la aplicación de la reforma del mercado laboral por parte del Gobierno si no se llega a un acuerdo rápido en la mesa del diálogo social y la retirada de la subida del IVA, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo mes de julio.