ANÁLISIS

La Abogacía del Estado se enfrenta a Aguirre y Montilla por las cajas

Defienden la competencia única del Banco de España frente a las pretensiones de estas CCAA

J. Hervás.– El informe de la Abogacía del Estado es contundente. Bien es cierto que se enfrenta a poderosísimos poderes autonómicos. Poderes que con los recortes presupuestarios previstos y las tensiones internas de los partidos están algo cuestionados. Al margen de las comunidades de Galicia y Extremadura, el Ejecutivo tiene que hacer frente a las alegaciones de inconstitucionalidad presentadas por Madrid y Cataluña contra la norma legal que ha dado origen al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria para sanear el sector, porque consideran que invade sus competencias. Puede que las comunidades ganen un poco de tiempo, pero la batalla la tienen claramente perdida. En Madrid manda Caja Madrid, y sobre todo su presidente Rodrigo Rato que actúa a su aire y evidentemente al margen de los no pocos incompetentes y pretenciosos consejeros que ‘le asisten' en el máximo órgano de Gobierno de Caja Madrid porque sabe que la situación no está para dejarse influir por iletrados por mucho coche oficial que paseen. Profesores del IESE, con la prudencia y la sabiduría que les caracteriza cuentan y no paran. Ni falta que hace de hablar del nivel de independencia de "la Caixa" pese a la cultura de entender con todos. .  

Pues sí, la Abogacía del Estado coincide con el Ejecutivo en que el Banco de España debe ser la única entidad que decida el futuro de una caja de ahorros insolvente, y no las Comunidades Autónomas, porque la inestabilidad de estas entidades provoca riesgos sistémicos. Está en riesgo el conjunto de la economía mundial y no podemos andarnos con chiquitas.

Es el argumento de la Abogacía del Estado en las alegaciones enviadas al Constitucional en relación con los recursos de inconstitucionalidad presentados por las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña, Galicia y Extremadura contra la norma que crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, al considerar que invade sus competencias.

Bien es cierto que parte de la responsabilidad la tienen los diputados nacionales del Partido Popular que consideran que el decreto estuvo tan mal redactado y negociado que resultaba de obligado cumplimiento el recurrirlo. Pero resulta chusco que quieran tener en sus manos la responsabilidad del futuro del sistema financiero español, del que las cajas suponen más del 50 por ciento pobres de solemnidad, según palabras de la presidenta Aguirre, como los líderes políticos de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat

Es lógico que ante la mayor crisis financiera desde la Primera Guerra Mundial los abogados del Estado defiendan que "no puede caber ninguna duda sobre la necesidad de centralizar en el Banco de España, como órgano responsable de garantizar la solvencia del sistema financiero, las decisiones que hayan de adoptarse para garantizar la solvencia de nuestras entidades de crédito en todo el territorio nacional y para tratar de buscar la más rápida y acertada solución a dichos problemas".

Como no se pueden ignorar la decisiones del Constitucional, como ya hico en 1988 a favor de las competencias autonómicas sobre cajas, la Abogacía del Estado estima que quizás sea llegado el momento de acabar con lo que denomina el mito de la caja vinculada al territorio y percibirlas como importantes entidades de crédito de implantación nacional e internacional y cuya insolvencia o inestabilidad tiene indudables consecuencias sistémicas.

Con la expansión territorial de las cajas de ahorros, en la práctica sus  funciones y funcionamiento son muy similares a los de la banca. La abogacía del Estado insiste una y otra vez en su informe en la capacidad de provocar riesgos sistémicos por lo que la gestión de estas entidades no se puede dejar en manos de los responsables políticos de las comunidades que en cuanto a gestión financiera se refiere, no superarían el examen de ingreso del CUNEF.

La abogacía del Estado recurre incluso a la situación de extrema necesidad para justificar que las Comunidades Autónomas no pueden pretender ser los supervisores de una parte tan importante del sistema financiero español. No me consta que los funcionarios del Fondo Monetario Internacional hayan hablado con los máximos responsables políticos de las Comunidades Autónomas que han planteado los recursos, pero menos mal.

Argumentan que la situación actual de las cajas no se puede comparar con nada en la historia española desde que estas existen, porque nunca antes se había producido una crisis que afectara tan directamente a la solvencia de estas entidades que hace urgente su reestructuración, como viene alertando el Fondo Monetario Internacional desde su informe del 2006, la Comisión Europea y la OCDE.

Los abogados del Estado consideran que cuando existe el riesgo de una crisis sistémica de excepcional gravedad como el actual no se puede considerar compatible la autorización autonómica de la fusión de una de sus cajas con la intervención del Banco de España.

La alusión más directa es a Cataluña cuando critica la abogacía que utilice el articulado del Estatut para reclamar su potestad de decisión sobre las cajas al señalar que un estatuto no puede ser instrumento para el privilegio o el desplazamiento de las competencias básicas estatales impidiendo que éstas cumplan su función de común denominador de ámbito nacional.

Está claro que la Abogacía no tiene la última palabra, pero su informe le saca los colores a más de uno. Aunque estos nunca se quieran dar por aludidos y algunos sean buenos amigos míos.