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¿Quiere alguien luchar realmente contra el fraude fiscal?
Y una vez más, emerge en el horizonte, pero sin mayor fuerza, el magma de la lucha contra el fraude fiscal con el que se lleva conviviendo desde el inicio de las Democracia sin que ningún gobierno haya adoptado las suficientes medidas eficaces que pongan fin o que reduzca seriamente esta lacra que ahoga al país. Hay centenares de ciudadanos en prisión por vulnerar la Ley de Seguridad Vial y todo parece indicar que ninguno por defraudar a Hacienda. ¿Hay quien de más?.
A la hora de buscar las causas de esta situación, las encontramos varias y complejas entre las que cabe poner en la cúspide la inexistencia de un repudio social ante el fraude fiscal y el fracaso de la administración en sus planes de lucha contra el fraude. Todo el mundo parece estar encantado y la causa quizá haya que buscarla en que la percepción de los impuestos y de los gastos públicos está influida directamente por la evaluación que los ciudadanos hacen de la forma en que el Estado gestiona el sistema tributario. A la postre, la ética fiscal es la teoría que estudia la moralidad de las actuaciones en materia financiera y tributaria desarrolladas por los poderes públicos y por el ciudadano.
Hoy, esta vigente en España el Plan de Prevención y Corrección del Fraude fiscal, laboral y de Seguridad Social que prevé conseguir unos ingresos equivalentes al 0,1% del PIB y cuya mayor virtud, según los propios funcionarios, es el compromiso de coordinar las labores de investigación y control de los cuerpos de las tres áreas implicadas: la Tesorería General de Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Inspección de Tributos del Estado. Un dato que no debe pasar desapercibido: en su origen, el nombre del proyecto era el de Plan de de Lucha Contra el Fraude; hoy se ha quedado en Plan de Prevención.
Un informe de la UE reconoce que las pérdidas de ingresos fiscales originadas por el fraude fiscal se sitúan en Europa entre los 200.000 y los 250.000 millones de euros anuales. En España, el fraude es el doble que la media de la Unión. Si como señalan las estimaciones entre un 20% y un 25% del PIB español no paga los impuestos que les corresponde, si el PIB de España se sitúa en torno al billón de euros, y la presión fiscal media está en el 36%; la cifra de cuotas no ingresadas supera, como mínimo, los 70.000 millones de euros cada año. Teniendo en cuenta que el periodo de prescripción es de cuatro años, se puede cuantificar en una cifra aproximada de 280.000 millones de euros las cuotas tributarias no ingresadas. Cifra suficiente para no tener que recurrir ni a lo funcionarios ni a los pensionistas para equilibrar nuestros maltrechos presupuestos.
No hay muchos estudios realizados en España sobre el fraude fiscal, pero los propios inspectores de Hacienda han realizado aproximaciones más que razonables y propuesto fórmulas para erradicar, sino totalmente si en un gran porcentaje, esa lacra que distorsiona la actividad económica, provoca competencia desleal entre las empresas y perjudica a los contribuyentes cumplidores.
Por ello y a la vista de lo que los poderes públicos no parecen capaces de desarrollar materia legislativa suficiente para luchar contra esta corrupción, cada vez surge con más fuerza la duda sobre si falta decisión a los gobiernos para aprobar las medidas adecuadas.
Los indicios son claros. El dinero en metálico en España, supone el 10% del PIB, frente al 5% de la zona euro y el 6% de EE UU o el enorme volumen de billetes de 500 euros que circula por España es un 30% del total emitido en la UE y el 64% del valor total del efectivo en manos de los españoles.
Frente a todo esto, se ponen en marcha "planes de prevención" con carencias tan significativas como seculares: la necesidad de mayores medios materiales y humanos para llevarlo a cabo y la ausencia de medidas normativas que impiden combatir el fraude fiscal con la intensidad necesaria.
Consenso, sin embargo, sobre soluciones las hay y solo hace falta voluntad política para llevarlas a cabo.
Los técnicos apuntan toda una batería de acciones como la necesidad de reformar el delito fiscal cuya figura se ha convertido en un adorno casi inoperante en el sistema jurídico-tributario español; aumentar las penas de prisión; incrementar el plazo de prescripción penal para perseguir los delitos fiscales; eliminar la excusa absolutoria para el delito fiscal; considerar como circunstancia agravante la comisión del fraude mediante la utilización de países o territorios calificados como paraísos fiscales; establecer la pena de inhabilitación especial para actuar como administrador, apoderado, directivo o representante de cualesquiera entidades mercantiles; aumentar la especialización en materia fiscal de jueces y fiscales; acabar con la utilización de los paraísos fiscales; tipificar un nuevo delito consistente en el ofrecimiento al mercado de servicios idóneos para la defraudación tributaria y considerar a la policía fiscal como policía judicial.
Frente a todas esas tareas sin hacer, el nuevo plan de prevención se conforma con abandonar al sector inmobiliario como su punto de mira -ya no interesan las operaciones ni las tramas de IVA- y tomar como principal objetivo a las pymes españolas y hacia ellas van dirigidas las consignas propagandísticas que pone en marcha el aparato: "Los empleados y pensionistas declararon el año pasado un promedio de 18.400 euros. Los pequeños y medianos empresarios y los profesionales liberales declararon sólo 13.525 euros".
Por algún lado hay que neutralizar el que los ingresos del Estado por IVA hayan caído en torno a un 30% en un año.
Tendencias es una publicación on line de análisis socioeconómico de periodicidad semanal y de carácter restringido que edita Carlos Díaz Güell.