Las compañías estarán obligadas a atender a la persona en caso de una emergencia
Chávez atosiga a Mapfre con una ley de seguros que limita la libertad de aceptación de clientes
"En socialismo no pueden existir grupos económicos que se hagan ricos a costa de la salud de los venezolanos", señalan en la Asamblea Nacional
El vicepresidente de la Comisión Permanente de Finanzas del Congreso venezolano, Simón Escalona, defiende que con la entrada en vigor de la Ley de Actividad Aseguradora "la medicina privada dejará de ser un negocio para las empresas aseguradoras". Y deja claro que esa norma forma parte de la polémica Ley del Sistema Financiero Nacional, que entre otras lindezas prohíbe los grupos consolidados y obliga a los bancos a desprenderse de sus participaciones en aseguradoras y en casas de Bolsa (y viceversa). La argumentación para cambiar una ley que existe desde 1994 no puede ser más demoledora: "En socialismo no pueden existir grupos económicos que se hagan ricos a costilla de la salud de los venezolanos".
El Gobierno de Hugo Chávez, después de "realizar los estudios respectivos" según Escalona, ha logrado determinar que la ganancia máxima de las empresas aseguradoras quedará establecida en un máximo del 40% (actualmente es del 60%, según este diputado) y que se van a acabar los "innumerables casos de especulación" y por no prestar la atención debida a los ciudadanos venezolanos.
Así, el artículo 40 de la nueva Ley de la Actividad Aseguradora elimina "esa práctica tan inhumana y discriminatoria de pedir clave de acceso a efectos de atender a una persona que acude a una emergencia", y encomienda a la Superintendencia de Seguros que determine el procedimiento que deberán cumplir las compañías de seguros en esos casos. Pero queda claro que las entidades aseguradoras ya no podrán "negarse a otorgar la cobertura inmediata en casos de emergencia prevista en el contrato de seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, condicionada a la emisión de claves o autorizaciones de acceso". Lo más que se contempla es la futura existencia de una base de datos a fin de que se pueda comprobar que la persona solicitante está efectivamente asegurada.
"Realizamos un acto cargado de nobleza y evitamos que las personas mueran mientras esperan que alguien decida si son atendidos", opina Tirso Silva, integrante de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Simón Escalona califica de "inhumano que las clínicas hagan esperar a una persona cuando su estado de salud es delicado, eso responde a intereses mercantilistas".
Uno de los aspectos de la nueva ley que más alarma ha suscitado en el sector asegurador de Venezuela es la obligación de ofrecer servicios de salud a todas aquellas personas que hasta entonces estaban excluidas de este sistema, ya que así se hará "realidad la justicia social que tanto han deseado miles y miles de venezolanos". El artículo 134 del todavía proyecto de ley señala que "las empresas de seguros y las de medicina prepagada están obligadas a ofrecer y suscribir contratos de seguros y planes de servicios de salud, que amparen a los jubilados, pensionados y pensionadas, adultos y adultas mayores, discapacitados y discapacitadas, a las personas con enfermedades físicas y/o mentales y aquellas personas cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a veinticinco unidades tributarias, destinados a proteger riesgos tales como enfermedades, servicios odontológicos, servicios funerarios y accidentes personales".
Por si no quedara suficientemente claro, "los intermediarios de seguros y de planes de salud están obligados a contribuir a la comercialización de los seguros solidarios y de planes solidarios de salud, a través de un descuento en las comisiones correspondientes a estos productos, cuyo porcentaje será determinado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora".
El diputado Germán Ferrer, miembro de la Comisión Permanente de Finanzas del Parlamento venezolano, defiende que la nueva Ley de la Actividad Aseguradora representa "un gran acto de justicia", ya que los Gobiernos anteriores al de Chávez "destruyeron todo el sistema de salud pública para justificar el uso masivo de las clínicas privadas".
La nueva ley impide que las compañías de seguros utilicen el argumento de enfermedades preexistentes o adquiridas para rechazar una póliza o la cobertura de un siniestro o cirugía. Según los promotores de la norma, las aseguradoras, a la hora de vender pólizas, no informan de que éstas no son válidas si se descubre algún tipo de preexistencia de enfermedades. Por tanto, la nueva ley establece que las aseguradoras no podrán alegar la preexistencia o que se trate de una enfermedad adquirida o congénita para no cubrir un siniestro del asegurado.
Las críticas de las aseguradoras privadas, que alegan que esta ley les puede llevar a la quiebra, son despachadas con el argumento de que "estos empresarios, estaban acostumbrados por muchos años a que en el país quienes hacían las leyes eran ellos" y de que la norma ha sido sometida a consulta de la patronal del sector, del Colegio de Corredores de Seguros, de representantes de las clínicas y, sobre todo, de los clientes, "que anteriormente no eran consultados por nadie para tomar este tipo de decisiones". "Estos empresarios trabajaban en un mercado donde las condiciones las ponían ellos mismos. No obstante, ahora tenemos un Gobierno que no actúa a espaldas de las necesidades del pueblo, y es eso lo que a ellos les molesta, por eso alegan que van a quebrar", señala un diputado bolivariano.
Pero hay más. El artículo 12 de la nueva ley aseguradora obliga a la participación de las organizaciones sociales en las actividades aseguradoras. El artículo 13 establece que quienes consideren vulnerados sus derechos e intereses en la actividad aseguradora, pueden presentar sus reclamaciones ante los consejos comunales, asociaciones u organizaciones comunitarias, quienes estarán en la obligación de investigar lo ocurrido y levantar un acta de los hechos, la cual será remitida a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, instancia que impondrá las medidas pertinentes al caso.
La Superintendencia de la Actividad Aseguradora deberá incorporar otra clase de riesgos a ser cubiertos por las compañías: agrarios, de las cooperativas, de las comunidades populares, de turismo o cualquier otro que responda a intereses de desarrollo y protección por parte del Estado.
Las empresas de seguros y de medicina prepagada están obligadas a efectuar un aporte anual equivalente al 1% de las primas de las pólizas de seguros y planes de salud, destinado al fondo del Sistema Público Nacional de Salud, según el artículo 134.
Por otra parte el artículo 137, establece que "La Superintendencia de la Actividad Aseguradora otorgará la autorización a las asociaciones cooperativas u organismos de integración, para realizar operaciones de seguros en beneficio de sus asociados, en los ramos que determine mediante normas prudenciales, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación que rige a las asociaciones cooperativas, la presente Ley y su Reglamento".
Queda pendiente, para su tramitación durante la semana que viene, la adaptación de la futura Ley de la Actividad Aseguradora a la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, que establece la separación radical entre banca y seguros, con el argumento de evitar operaciones "monopólicas y contrarias a la solvencia y estabilidad del sistema financiero". Mapfre, por ejemplo, tiene una alianza estratégica con el BBVA, también presente en Venezuela, para el desarrollo de actividades de bancaseguros en América Latina.