Con estas medidas, España pretende presentarse ante el resto de Europa como "un socio fiable"
Zapatero se juega la credibilidad de su 'superajuste' en las subastas de deuda pública de esta semana
El Tesoro mantiene sus planes de obtener hoy 7.500 millones de euros, 11.000 millones en total a lo largo de la semana
La Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda mantiene sus planes de colocar deuda pública esta semana por un importe máximo de 11.000 millones de euros. El Tesoro espera obtener hasta 7.500 millones de euros en letras a 12 meses y 18 meses y hasta 3.500 millones en obligaciones a diez años. En la subasta de letras del Tesoro que se celebrará hoy, la emisión oscilará entre los 6.500 millones y los 7.500 millones. En la subasta anterior, celebrada el pasado 20 de abril, el Tesoro colocó 4.715 millones en letras a 12 meses frente a una demanda de 7.071 millones, con un tipo marginal del 0,904%.
Pero los datos no parecen invitar al optimismo sobre las primeras colocaciones de deuda pública que se realizan desde el anuncio del macroajuste por parte de Zapatero. El diferencial entre el bono español y el alemán, el de referencia en Europa, subió ayer hasta los 113 puntos básicos frente a los 110 puntos básicos con los que cerró la jornada anterior. El rendimiento del bono español, que subió cinco centésimas, finalizó la sesión en el 3,983%, mientras que el alemán lo hizo en el 2,848%.
Quizás por ello, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, el primer alto cargo de la Administración que comparece ante los periodistas tras el anuncio de Zapatero, hizo en el XXIII Curso de Economía para Periodistas de Información Económica, organizado por la Apie, una cerrada defensa del plan de ajuste, destacando que las estrategias de reducción del gasto se están generalizando en todo el mundo, no sólo en la zona euro. "Cuando la enfermedad se propaga rápidamente, la terapia tiene que ser agresiva", argumenta.
"El incremento de las dificultades de financiación de toda la economía española, no sólo de la deuda pública, sería letal, mucho más que las medidas de reducción del gasto", señala respecto a una posible repercusión negativa en la recuperación. Y destaca que, aunque se congelan las pensiones, las grandes partidas de política social (educación, sanidad y dependencia) "se mantienen, no como en otros países".
"Esta opción puede tener un coste político, pero es lo que más conviene en este momento. Son medidas imprescindibles, porque cualquier otra opción sería muy mala para la economía española", insiste. Granado resalta que se pide a los pensionistas "un esfuerzo importante de solidaridad", pero que es inferior a la ganancia de poder adquisitivo en los últimos años.
Granado destaca que con este plan de ajuste adicional España quiere presentarse ante Europa como "un socio fiable" y que pretende jugar un papel protagonista en la recuperación de la economía. "Nos hemos comprometido con la senda de reducción del déficit y tenemos que hacer nuestro trabajo", resalta el secretario de Estado de la Seguridad Social.
El ajuste lo están haciendo todos los países de la zona euro, también en Estados Unidos y en el Reino Unido. Pero "el Gobierno español es el único que no tiene la colaboración del principal partido de la oposición, lo que supone un problema añadido". También echa en cara que "los que reclaman ahora subidas de impuestos, votaron en contra en su momento". Granado desconfía del supuesto impacto electoral de las medidas (José Antonio Herce, de AFI, llegó a decir durante su intervención en el curso que con ese ajuste "el presidente del Gobierno decidió personalmente perder las próximas elecciones"). También rechaza que haya división dentro del PSOE, "y menos cuando se ve que son medidas que están aplicando otros países".
Con todo, el secretario de Estado de Seguridad Social considera que "la seriedad de la situación es muy conocida por los grupos parlamentarios", por lo que tiene "la sensación" de que "estarán a la altura" cuando haya que votar el paquete de medidas en el Parlamento.
Precisamente, el PP defenderá hoy en el Pleno del Congreso una proposición no de ley para mejorar la "transparencia" de la información sobre la ejecución de la inversión del sector público, para lo que plantea una reforma de la Ley General Presupuestaria que contribuiría, a su juicio, a dar "credibilidad" a la reducción del déficit planteado por el Gobierno. La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, justifica esa propuesta en que "para saber cómo ajustar el déficit público es necesario saber quién y cómo gasta".
El PP señala que "hoy por hoy" sólo el 42% del gasto público depende de la Administración General del Estado, ya que el 58% restante se gasta por el sector público empresarial, fundacional y consorcios. La propuesta del PP es que cada mes la Intervención General el Estado remita a las Comisiones de Presupuestos del Congreso y del Senado el avance de la ejecución de los presupuestos de estas entidades a fin de llevar a cabo un "control exhaustivo" del gasto que están llevando a cabo.
Por su parte, el consejero del Banco de España (a propuesta de CiU) y catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas, propone congelar la protección de los trabajadores durante dos años para facilitar la contratación y la implantación de empresas extranjeras en España. "Es como una etapa de interinidad" en que los derechos laborales quedan en suspensión para la nueva ocupación, "siempre que haya el compromiso de que, de al cabo de dos años, se recuperen respecto a la situación inicial". Para este experto, es una forma de hacer frente a la enorme dificultad de generar nueva ocupación productiva en España.
Los sindicatos, a través de Carlos Bravo (CCOO) y de Carmen López (UGT), insisten en que con estas medidas Zapatero está pidiendo "sacrificios a quienes no han provocado la crisis", y critican que no se haya ido contra "las grandes fortunas, contra los que más tienen".